El Gobierno de la presidenta Laura Fernández declaró estado de emergencia nacional en nueve cantones de Costa Rica afectados por las fuertes lluvias registradas durante agosto y asociadas principalmente con el paso de las ondas tropicales 32 y 33.
La decisión quedó establecida mediante el decreto ejecutivo N.° 45910-MP, firmado por Fernández y por el ministro de la Presidencia, Rodrigo Chaves Robles.
Los territorios incluidos en la declaratoria son Guatuso, en Alajuela; Turrialba, en Cartago; Sarapiquí, en Heredia; y Limón, Pococí, Siquirres, Talamanca, Matina y Guácimo, todos estos últimos pertenecientes a la provincia de Limón.
El decreto establece expresamente: “Se declara estado de emergencia nacional la situación provocada por el Temporal producido por el paso de las Ondas Tropicales No. 32 y 33”.
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Lluvias de hasta 360 milímetros en 48 horas
El Poder Ejecutivo fundamentó la declaratoria en las condiciones meteorológicas adversas registradas entre el 13 y el 16 de agosto, aunque los informes incorporados al decreto señalan que el Caribe y la Zona Norte enfrentaban episodios reiterados de lluvias desde el 20 de julio.
Durante ese periodo, según la documentación oficial, por el país pasaron ocho ondas tropicales, específicamente las numeradas de la 24 a la 29, además de las 32 y 33.
A estos fenómenos se sumaron la influencia de la Zona de Convergencia Intertropical y la presencia de vientos alisios acelerados en la cuenca del Caribe, combinación que favoreció lluvias persistentes y una progresiva saturación de los terrenos.
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La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) registró saturaciones del suelo que alcanzaron entre 80% y 100% en diferentes puntos del territorio durante el periodo evaluado por sus equipos técnicos.
El episodio de mayor intensidad ocurrió entre el 16 y el 17 de agosto, cuando se contabilizaron acumulados de hasta 360 milímetros de lluvia en 48 horas en sectores del Caribe Sur y Turrialba.
Días antes, el Instituto Meteorológico Nacional (IMN) había reportado, el 15 de agosto, acumulados de hasta 75 milímetros en seis horas en sectores montañosos del Caribe Sur, además de saturaciones del suelo que oscilaban entre 70% y 95%.
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Comunidades indígenas quedaron incomunicadas
Uno de los escenarios más complejos ocurrió en la provincia de Limón, donde el aumento de los caudales de ríos y quebradas provocó que varias comunidades indígenas quedaran incomunicadas por vía terrestre.
Los informes incorporados a la declaratoria mencionan afectaciones en sectores como Alto Chirripó, Tayní, Isla Cohen, Bajo Cuén, Suruy, Bella Vista, Gavilán, Cerere, Makua, Kalvery, Jabuy, Moi y Cuchey.
Las lluvias provocaron también inundaciones por desbordamientos, daños en vías de comunicación y dificultades para movilizarse hacia algunas comunidades.
Ante este escenario, durante los días previos a la declaratoria, la CNE mantuvo en alerta naranja al Caribe, la Zona Norte y Turrialba, debido a la persistencia de condiciones atmosféricas inestables.
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La presidenta Laura Fernández visitó zonas afectadas de Limón el 17 de agosto, cuando las autoridades todavía mantenían vigilancia activa sobre ríos, quebradas, carreteras y comunidades expuestas.
CNE tendrá a cargo respuesta, rehabilitación y reconstrucción
La declaratoria comprende las tres etapas previstas por la legislación costarricense para atender una emergencia: respuesta, rehabilitación y reconstrucción.
La CNE asumirá el planeamiento, dirección, control y coordinación de las acciones necesarias y podrá designar a otras instituciones públicas como unidades ejecutoras de determinados proyectos.
El artículo 3 del decreto dispone que la emergencia comprende “todas las acciones y obras necesarias” para atender los problemas identificados y proteger la salud y la vida de los habitantes.
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Las instituciones públicas tendrán un plazo de 30 días naturales para presentar ante la CNE los reportes oficiales de daños que requieran atención prioritaria. Además, podrán remitirse otros informes dentro de un segundo plazo adicional de 30 días.
Posteriormente, las unidades técnicas deberán comprobar que exista una relación directa entre el fenómeno meteorológico y los daños incluidos en cada solicitud antes de incorporar los proyectos al Plan General de la Emergencia.
La declaratoria también permite utilizar recursos del Fondo Nacional de Emergencias, recibir donaciones públicas y privadas y disponer de remanentes no comprometidos de otras emergencias, siempre que exista autorización de la Junta Directiva de la CNE.
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Asimismo, las instituciones podrán simplificar o eliminar trámites ordinarios que no sean estrictamente necesarios para atender a las personas damnificadas o reparar infraestructura.
En materia de contratación pública, el decreto autoriza el uso de procedimientos de urgencia contemplados en la Ley General de Contratación Pública y su reglamento.
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