La diputada del Frente Amplio, Joselyn Sáenz, presentó un proyecto de ley que busca reducir la cantidad de combustible asignada mensualmente a los integrantes de la Asamblea Legislativa y, al mismo tiempo, establecer nuevos mecanismos de fiscalización sobre el uso de ese recurso público.
La propuesta plantea disminuir de 500 a 300 litros mensuales la cuota de combustible que actualmente recibe cada diputación y delimitar expresamente su utilización a actividades relacionadas con el ejercicio de las funciones legislativas.
El proyecto surge en medio de cuestionamientos sobre el monto de recursos públicos destinado a este beneficio. De acuerdo con los datos incluidos en la iniciativa, durante el periodo legislativo 2022-2026 las diputaciones gastaron en conjunto ₡425,912,186 (USD 945 mil) en combustible.
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Con la reforma, Sáenz pretende modificar no solo el volumen del beneficio, sino también la manera en que se controla su utilización.
De 500 a 300 litros por mes
Actualmente, cada una de las diputaciones tiene disponible una cuota mensual de 500 litros de combustible.
El proyecto presentado por la legisladora frenteamplista propone reducir esa asignación en 200 litros mensuales, lo que representa una disminución del 40% respecto de la cantidad vigente.
La iniciativa también establece que el combustible deberá ser utilizado únicamente para actividades relacionadas con las funciones propias del cargo legislativo, con el objetivo de impedir que sea destinado a propósitos ajenos al trabajo parlamentario.
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Otro de los cambios propuestos consiste en establecer que la cuota tenga carácter no acumulable.
Esto significa que, si un diputado o diputada no utiliza la totalidad de los 300 litros disponibles durante determinado mes, el saldo restante no podrá trasladarse al periodo siguiente.
El texto también busca dejar expresamente establecido que este beneficio tendrá una naturaleza no salarial, por lo que no podría ser considerado como parte de la remuneración ordinaria de los legisladores.
Diputados tendrían que rendir cuentas cada mes
Uno de los puntos centrales del proyecto es la creación de un mecanismo periódico de rendición de cuentas.
En caso de aprobarse la reforma, cada diputada y diputado deberá presentar mensualmente un informe sobre el uso del combustible ante el Departamento de Proveeduría Institucional de la Asamblea Legislativa.
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El documento permitiría conocer cómo fue utilizado el recurso asignado durante cada periodo y ofrecería a la administración legislativa una herramienta adicional para detectar posibles anomalías.
La propuesta incluye además consecuencias económicas en caso de comprobarse un uso indebido.
Si las autoridades determinan que el combustible fue utilizado para fines distintos a los autorizados, el monto correspondiente deberá rebajarse de la remuneración mensual de la persona legisladora.
De esta manera, el proyecto busca incorporar un mecanismo directo para recuperar recursos públicos cuando se compruebe que el beneficio fue utilizado de forma irregular.
Directorio Legislativo deberá fiscalizar
La iniciativa presentada por Sáenz también asigna responsabilidades al Directorio de la Asamblea Legislativa.
Según el proyecto, ese órgano deberá establecer mecanismos de seguimiento, control y detección de posibles irregularidades relacionadas con el uso de las cuotas de combustible.
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La intención es que la fiscalización no dependa únicamente de los reportes individuales presentados por los legisladores, sino que exista además un sistema institucional encargado de revisar el comportamiento del beneficio y detectar eventuales usos fuera de las condiciones establecidas.
El proyecto se inserta en una discusión más amplia sobre los recursos y beneficios que reciben los diputados durante el ejercicio de sus cargos, así como sobre los mecanismos disponibles para determinar cómo son utilizados.
De acuerdo con Sáenz, el objetivo es avanzar hacia un sistema en el que exista un mayor equilibrio entre las necesidades de movilidad propias de la función legislativa y el manejo responsable de los recursos provenientes del presupuesto público.
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La legisladora busca con la reforma garantizar un uso “más razonable, transparente y fiscalizado de los recursos públicos”, además de fortalecer la rendición de cuentas dentro de la propia Asamblea Legislativa.
La discusión del proyecto deberá ahora seguir el procedimiento legislativo correspondiente antes de que una eventual reducción de la cuota pueda entrar en vigencia.
De avanzar la iniciativa, cada legislador pasaría de disponer de 6,000 litros de combustible al año, bajo la cuota actual de 500 litros mensuales, a un máximo de 3,600 litros anuales, bajo la propuesta de 300 litros por mes.
Esto significaría una reducción potencial de 2,400 litros por diputado cada año, además de la incorporación de controles mensuales y la posibilidad de aplicar rebajos salariales cuando se determine que existió un uso irregular del recurso.
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