Gobierno de Costa Rica promete mano dura contra policías y funcionarios vinculados con el crimen organizado: “Les va a caer todo el peso de la ley”

El Gobierno de Costa Rica endureció su discurso y las acciones contra la corrupción dentro de los cuerpos policiales, al anunciar que investiga a 116 oficiales por su presunta vinculación con organizaciones criminales que operan en la zona sur del país y al reiterar que cualquier funcionario que traicione su juramento enfrentará tanto procesos disciplinarios como penales.

Durante la conferencia de prensa semanal, la presidenta Laura Fernández afirmó que la lucha contra el crimen organizado no solo debe librarse en las calles, sino también dentro de las instituciones encargadas de combatirlo.

“Estoy entregada a reivindicarles sus funciones, construir delegaciones, aumentarles el salario. Pero policía que cae en la corrupción va para afuera y le va a caer todo el peso de la ley”, aseguró.

Como parte de esa política, el Ejecutivo destacó varias acciones recientes ejecutadas por el Ministerio de Justicia y Paz.

Según la información presentada, 52 funcionarios penitenciarios fueron detenidos por intentar introducir artículos prohibidos a centros penales. De ese total, 32 corresponden a oficiales de la Policía Penitenciaria y 20 a funcionarios administrativos.

Además, las autoridades informaron sobre la captura de un oficial de apellido Segura, quien presuntamente entregó un teléfono celular a una persona privada de libertad.

En otro caso, un oficial de apellido Azofeifa fue detenido luego de que las autoridades localizaran cerca de 700 gramos de marihuana y cocaína dentro del gimnasio de un centro penitenciario.

La presidenta también hizo referencia a la detención del director de la Policía Penitenciaria del centro penal de Guápiles, investigado por su aparente relación con una organización criminal.

Aunque el funcionario recuperó la libertad por decisión judicial al no imponérsele prisión preventiva, Fernández indicó que el Ministerio de Justicia lo suspendió de inmediato sin goce de salario mientras avanza la investigación.

Investigan a 116 policías

Uno de los anuncios más relevantes de la administración Fernández Delgado fue la revelación de un informe de inteligencia elaborado por el Ministerio de Seguridad Pública.

De acuerdo con el Gobierno, el documento alerta sobre la posible vinculación de 116 policías con organizaciones criminales que operan en la zona sur del país.

La mandataria afirmó que se trata de un grupo reducido en comparación con los cerca de 22,000 policías que integran los distintos cuerpos de seguridad, pero enfatizó que su permanencia afecta la imagen de miles de oficiales honestos.

“Por ese puño de policías corruptos se ensucia la imagen de los policías que están dando todo por la seguridad de este país”, manifestó.

En ese contexto, instruyó al ministro de Justicia para que todo policía condenado por colaborar con bandas del crimen organizado cumpla su pena.

“No queremos a policías condenados por colaborar con bandas del crimen organizado recibiendo castigos que no sean conforme con el daño que le han causado a los beneméritos cuerpos policiales”, afirmó.

“Cero tolerancia”

El ministro de Seguridad Pública, Gerald Campos, aseguró que actualmente existen 38 procesos disciplinarios activos por presuntos actos de corrupción.

De esos expedientes, 23 corresponden a oficiales de la Fuerza Pública, 12 a integrantes de la Policía de Fronteras y tres a funcionarios del Servicio de Vigilancia Aérea.

Campos también reveló que el informe de inteligencia que dio origen a parte de las investigaciones fue elaborado el pasado 14 de abril y remitido a las anteriores autoridades del Ministerio de Seguridad.

Según indicó, la actual administración desconocía inicialmente la existencia de ese documento.

El jerarca explicó que las investigaciones avanzan bajo estrictos criterios probatorios para garantizar que cualquier acusación cuente con suficiente evidencia antes de ser trasladada al Ministerio Público.

“No solamente decir sin prueba aquí no va a condenar a nadie. Queremos armar el caso y presentarlo con la evidencia”, afirmó.

No obstante, criticó que parte del contenido del informe haya trascendido públicamente antes de concluir las pesquisas.

A su juicio, la divulgación de esos datos podría alertar a las personas investigadas y afectar el desarrollo de los casos.

Nuevo canal para denuncias

Como parte de la estrategia anticorrupción, el Ministerio de Seguridad Pública anunció la habilitación del correo electrónico cerotolerancia@msp.go.cr, mediante el cual cualquier ciudadano podrá denunciar de forma anónima presuntos actos de corrupción cometidos por integrantes de los cuerpos policiales.

Las autoridades hicieron un llamado a la población para aportar información verificable que contribuya a fortalecer las investigaciones.

Fernández respaldó la iniciativa y pidió a los costarricenses colaborar con las denuncias.

“Ministro, tiene que escarbar y sacar toda la pus que se haya podido meter en los cuerpos policiales. No nos van a ganar la batalla”, afirmó la presidenta.

La mandataria concluyó asegurando que el Gobierno mantendrá la política de depuración institucional para proteger la imagen de los miles de policías que cumplen diariamente con su labor y reforzar la lucha contra el crimen organizado.