Policía Penitenciaria retira 187 televisores de siete cárceles en Costa Rica como parte del endurecimiento de medidas en el sistema penitenciario

La Policía Penitenciaria retiró un total de 187 pantallas de televisión, 20 cajas convertidoras y 123 controles remotos de siete centros penitenciarios de Costa Rica, como parte de las nuevas disposiciones anunciadas por el Ministerio de Justicia y Paz para reforzar el control dentro de las cárceles costarricenses.

Los decomisos responden a la política de seguridad impulsada por el Gobierno de la presidenta Laura Fernández y el ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar, quienes esta semana anunciaron una serie de acciones orientadas a fortalecer la autoridad del Estado dentro de los centros penales y reducir los privilegios de las personas privadas de libertad.

El retiro de estos equipos electrónicos se ejecutó en siete establecimientos penitenciarios mediante operativos desarrollados por la Policía Penitenciaria, sin que se reportaran incidentes durante las intervenciones. Entre los artículos decomisados destacan los 187 televisores, además de 20 cajas convertidoras y 123 controles remotos, dispositivos que permanecían dentro de las celdas.

La medida forma parte de una directriz emitida por el Ministerio de Justicia y Paz que ordena retirar los televisores ubicados en las celdas de todo el sistema penitenciario. Según explicó el ministro Gabriel Aguilar, la decisión es de aplicación inmediata y busca fortalecer el control institucional sobre los centros de reclusión.

El endurecimiento de las normas fue presentado por el Gobierno como una estrategia para combatir la influencia de grupos criminales desde las cárceles y reforzar la disciplina dentro de los centros penitenciarios. Durante el anuncio de las nuevas disposiciones, Aguilar aseguró que la intención es recuperar plenamente la autoridad del Estado en las prisiones.

Además del retiro de televisores, el Ministerio de Justicia anunció otras acciones que transformarán el funcionamiento del sistema penitenciario. Entre ellas figura la eliminación de los traslados de personas privadas de libertad para visitas conyugales cuando ambas se encuentren recluidas en diferentes centros penales, una práctica que requería movilización de recursos policiales y logísticos del Estado.

Las medidas también contemplan la rotación periódica de directores de centros penitenciarios, así como de oficiales destacados en módulos de máxima seguridad, con el propósito de evitar que permanezcan durante largos periodos en un mismo puesto y reducir posibles vínculos con estructuras criminales que operan desde las cárceles.

Otra de las disposiciones anunciadas consiste en reforzar los controles internos sobre el personal del Ministerio de Justicia. Las autoridades indicaron que se revisará el estilo de vida y eventuales conductas sospechosas de funcionarios penitenciarios, y cualquier indicio de colaboración con organizaciones criminales será puesto en conocimiento de las autoridades judiciales para su investigación.

El Gobierno también advirtió que los funcionarios públicos que sean detenidos por introducir drogas, teléfonos celulares u otros artículos prohibidos en los centros penales, o por colaborar con bandas delictivas, podrían ser recluidos en el futuro Centro de Alta Contención del Crimen Organizado (CACCO), una vez que entre en funcionamiento.

Las nuevas directrices fueron dadas a conocer pocos días después de que el Ejecutivo reiterara su intención de endurecer las condiciones de reclusión para las personas vinculadas con organizaciones criminales y reforzar la gobernabilidad dentro de las cárceles del país.

Con el retiro de los equipos electrónicos en siete centros penitenciarios, el Ministerio de Justicia busca enviar un mensaje de que las prisiones permanecerán bajo control del Estado y no de las estructuras delictivas que operan desde su interior. “En las cárceles manda el Gobierno, el Poder Ejecutivo”, afirmó el ministro Gabriel Aguilar al presentar las nuevas medidas de seguridad.