La diputada del Partido Pueblo Soberano (PPSO), Marta Esquivel Rodríguez, presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público contra la contralora general de la República, Marta Acosta Zúñiga, por el presunto delito de peculado de servicios y cualquier otro ilícito que pueda determinar la investigación judicial.
La legisladora, respaldada por la fracción oficialista, sostiene que la jerarca de la Contraloría General de la República (CGR) autorizó el uso de abogados y recursos institucionales para representar, a título personal, a seis funcionarios demandados dentro de un proceso contencioso-administrativo, una actuación que, a su criterio, excede las funciones legales de la División Jurídica del órgano contralor.
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La denuncia identifica como beneficiarios de esa representación a Carlos Morales Castro, Leonardo Jiménez Cascante, Marco Vinicio Quirós Morales, Ricardo Rodríguez Hernández, Carolina Retana Valverde y Rafael Picado López. Según el documento presentado por Esquivel, abogados de la División Jurídica de la Contraloría asumieron simultáneamente la defensa institucional de la entidad y la representación individual de esos funcionarios.
El caso está vinculado con el expediente 25-007908-1027-CA-3, que se tramita en el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda. En ese proceso figuran como demandados el Estado, la Contraloría General de la República y los seis funcionarios, con el objetivo de determinar eventuales responsabilidades civiles derivadas de sus actuaciones.
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La controversia tiene su origen en una licitación promovida por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) para la administración de diez áreas de salud. Las cooperativas Coopesalud, Coopesana y Coopesain resultaron adjudicatarias; sin embargo, actuaciones posteriores de la Contraloría relacionadas con la razonabilidad de los precios dieron paso a denuncias administrativas y a procesos judiciales, entre ellos el denominado caso “Barrenador”.
De acuerdo con Esquivel, la División Jurídica de la Contraloría está facultada para defender los intereses institucionales del órgano fiscalizador, pero no para utilizar recursos públicos con el fin de asumir gratuitamente la defensa personal de funcionarios demandados por actuaciones que podrían generar responsabilidad individual.
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La legisladora también cuestionó que una circular interna o un reglamento institucional puedan servir de fundamento para autorizar ese tipo de representación legal.
“La fiscalización debe comenzar por quienes administran y vigilan los recursos públicos. Nadie puede estar por encima de la ley ni utilizar recursos del Estado para fines personales. Corresponde ahora al Ministerio Público investigar estos hechos con total objetividad y determinar las responsabilidades que correspondan”, manifestó Esquivel.
En la denuncia, la congresista solicita que la Fiscalía abra una investigación preparatoria para establecer la eventual responsabilidad penal de la contralora y de otras personas involucradas. Asimismo, pidió incorporar como prueba el expediente judicial, una circular interna de la Contraloría y una resolución firmada por Marta Acosta en julio de 2025, además de cuantificar un eventual perjuicio económico al erario.
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Consultada sobre los señalamientos, la Contraloría General de la República evitó referirse al fondo de la denuncia y señaló que ejercerá su defensa dentro de los procedimientos establecidos.
“Con respecto a la denuncia planteada por la diputada Marta Esquivel, se trata de una acción más contra la Contralora General, los funcionarios de la Contraloría y la institucionalidad, de modo que no nos referiremos sino en el procedimiento que corresponda en las vías pertinentes”, indicó la institución a delfino.cr
El Ministerio Público deberá ahora valorar los hechos expuestos en la denuncia y determinar si existen elementos suficientes para iniciar una investigación penal sobre el presunto uso indebido de recursos públicos dentro de la Contraloría General de la República.
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