La Asamblea Legislativa aprobó en segundo debate el proyecto de ley 24,079, una reforma que amplía las competencias de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) para desarrollar actividades relacionadas con combustibles producidos a partir de fuentes distintas del petróleo, entre ellos los biocombustibles y el hidrógeno verde. La iniciativa recibió el respaldo unánime de los diputados presentes, con 54 votos a favor, ninguno en contra y tres ausencias.
El proyecto, presentado originalmente por el exdiputado Manuel Morales durante el período legislativo anterior, fue objeto de modificaciones durante su trámite en el Congreso, lo que permitió obtener el respaldo de todas las fracciones legislativas.
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Con la aprobación en segundo debate, el texto queda a la espera de la firma de la presidenta de la República, Laura Fernández, y de su publicación para entrar en vigencia.
La reforma modifica el artículo 6 de la Ley que Regula a la Refinadora Costarricense de Petróleo e incorpora nuevas facultades para que la empresa pueda investigar, adquirir, importar, exportar, industrializar, almacenar, transportar y comercializar a granel hidrocarburos, derivados y subproductos obtenidos de fuentes distintas del petróleo.
Entre estas alternativas se incluyen los biocombustibles y el hidrógeno verde destinados al uso energético.
La normativa establece que estas actividades deberán realizarse bajo el marco regulatorio de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) y en condiciones de competencia. Asimismo, autoriza a Recope a establecer alianzas público-públicas y público-privadas dentro de sus competencias, incluso con productores de hidrocarburos, derivados y combustibles provenientes de fuentes diferentes al petróleo.
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Antes de ejecutar procesos relacionados con la adquisición, importación, almacenamiento o comercialización de estos nuevos productos, la empresa deberá presentar al ente rector los estudios técnicos y operativos que demuestren la oportunidad y conveniencia de cada iniciativa, así como su conformidad con la política energética nacional.
La reforma también incorpora un nuevo artículo 6 bis, mediante el cual el Estado reafirma el compromiso de promover la transición hacia energías provenientes de fuentes renovables. El objetivo es reducir la dependencia de combustibles fósiles importados, fortalecer la seguridad y resiliencia energética del país y garantizar un abastecimiento sostenible para la población y los sectores productivos.
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El texto aprobado establece además que las actividades relacionadas con la importación, almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de gas natural por parte de Recope no podrán utilizarse como argumento para retrasar, sustituir o disminuir las inversiones destinadas al desarrollo y aprovechamiento de fuentes renovables de energía.
Como parte de la reforma, también se actualizan las funciones de la Aresep, que incorporará expresamente la regulación del suministro de gas natural, hidrógeno verde, biocombustibles, asfaltos y naftas, tanto en los planteles de distribución como en los productos destinados al consumidor final.
La entidad reguladora también será responsable de fijar las tarifas correspondientes al transporte utilizado para el abastecimiento nacional de estos productos.
La presidenta ejecutiva de Recope, Karla Montero, calificó la aprobación de la iniciativa como uno de los cambios más relevantes para la institución desde la promulgación de su ley constitutiva. Según indicó, la reforma responde a la necesidad de actualizar el marco jurídico de la empresa para adaptarlo a la evolución del mercado energético y a los desafíos que enfrenta el país en materia de transición hacia fuentes de energía más limpias.
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“Durante muchos años existió la convicción de que Costa Rica necesitaba actualizar la legislación para responder a los cambios que vive el sector energético. Hoy ese esfuerzo finalmente se concreta con una ley que fortalece la seguridad energética del país y nos permite prepararnos para los retos de las próximas décadas”, afirmó Montero.
La jerarca agregó que la reforma no modifica la responsabilidad principal de Recope de garantizar el abastecimiento nacional de combustibles, sino que amplía las herramientas disponibles para incorporar nuevas alternativas energéticas bajo criterios técnicos, regulatorios y de política pública.
La empresa señaló que la aprobación del proyecto pone fin a más de una década de intentos legislativos para modernizar su ámbito de acción. Durante ese período fueron presentados varios expedientes con objetivos similares, sin que lograran completar el proceso legislativo.
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