Las autoridades de San José han intensificado la ofensiva contra el narcotráfico, centrándose en la demolición de viviendas que funcionaban como búnkeres de droga en la capital costarricense. Esta táctica busca neutralizar no solo la venta de estupefacientes, sino también la violencia asociada a la presencia de bandas en barrios históricamente afectados.
En las últimas intervenciones, la Policía Municipal identificó al menos 13 casas que servían como centros de distribución y consumo, según datos revelados por CR Hoy. Estas edificaciones se ubican en sectores como 25 de Julio, Aguantafilo, Naciones Unidas, Lomas de Ocloro, Cañada Sur, El Pochote, Cuba, María Reina, López Mateos y Pavas Centro. La mayoría de los inmuebles se encontraba en estado de abandono, convertidos en refugio para personas con adicción y bajo dominio de grupos criminales.
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La estrategia de las fuerzas de seguridad va más allá de los operativos policiales habituales. El objetivo central es demoler las estructuras para impedir que sean reutilizadas como puntos de venta y almacenamiento de drogas, armas y dinero. Este enfoque responde a la experiencia del año anterior, cuando se desmantelaron 15 búnkeres, principalmente en espacios públicos que habían caído bajo control de bandas.
Cómo operan las bandas y por qué hay tantas casas vacías
Las viviendas usadas como búnkeres suelen quedar vacías tras procesos judiciales por quiebra, disputas familiares por herencias o la muerte de propietarios sin herederos reconocidos. En muchos casos, las bandas expulsan violentamente a las familias residentes para tomar control de los inmuebles y expandir sus actividades ilícitas.
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El supervisor Erick Villalobos explicó que estos lugares ofrecen ventajas logísticas a las organizaciones, ya que dificultan la labor policial y facilitan el flujo de consumidores habituales. Además, en los búnkeres se almacenan cargamentos de droga, armas y efectivo, consolidando el dominio territorial de las bandas, de acuerdo con información publicada por CR Hoy.
El despojo de inmuebles también puede originarse en deudas impagas, incluyendo préstamos conocidos como “gota a gota”. Para los grupos criminales, cada casa representa un enclave estratégico que actúa como barrera física frente a la policía y punto fijo de venta para consumidores cautivos.
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La utilidad de estos puntos radica también en el movimiento económico que generan. Testimonios de consumidores recopilados por las autoridades indican que una persona puede llegar a gastar un mínimo de ₡10.000 (USD 19) al día en dosis. En una sola redada, se han retirado decenas de individuos de un mismo inmueble, lo que permite estimar ganancias diarias de varios millones de colones para estos grupos.
La Policía Municipal de San José, junto con la Fuerza Pública, el Organismo de Investigación Judicial y el Ministerio de Salud, prioriza la inhabitabilidad y posterior demolición de los búnkeres detectados. Antes de proceder, se debe documentar su deterioro estructural y el estado ruinoso de los inmuebles, que suelen encontrarse en condiciones incompatibles con la vida humana.
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El impacto directo en la seguridad de los barrios
La demolición de los búnkeres apunta a frenar el ciclo de violencia que rodea a estos puntos críticos. Alrededor de estas estructuras se repiten balaceras, agresiones y homicidios por disputas entre bandas rivales, así como hurtos y robos cometidos por consumidores que buscan financiar su dosis, según destaca CR Hoy.
La intervención de la Fuerza Pública, el Organismo de Investigación Judicial y el Ministerio de Salud complementa el trabajo de la policía municipal. Para proceder con las demoliciones, primero se documenta el deterioro estructural de las viviendas y su estado ruinoso, condición que, según Marcelo Solano, director policial, justifica el derribo inmediato.
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Villalobos detalló que existe una política de intervención constante en las zonas más afectadas. La demolición de estos focos de criminalidad permite disminuir rápidamente la violencia armada y los robos, restaurando la sensación de seguridad para los vecinos. Las autoridades sostienen que esta medida mejora la calidad de vida en los barrios y devuelve el espacio público a la comunidad.
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