¿Por qué la Marina y Terminal de Cruceros de Limón es vista como la mayor apuesta de desarrollo de las últimas décadas en Costa Rica?

Para comprender por qué Costa Rica habla de la Marina y Terminal de Cruceros de Limón como uno de los proyectos más ambiciosos de su historia reciente, primero hay que entender la realidad de la provincia donde se pretende construir.

Ubicada sobre el mar Caribe, Limón concentra la mayor actividad portuaria del país. Desde sus muelles sale buena parte de las exportaciones costarricenses de banano, piña, café y otros productos agrícolas hacia Norteamérica y Europa.

Sin embargo, esa importancia económica nunca se tradujo en prosperidad para gran parte de su población.

Durante años, distintos estudios del Estado de la Nación, del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) y de organismos empresariales han señalado que Limón registra algunos de los índices más altos de desempleo, pobreza y homicidios del país.

En los últimos años, además, la provincia se convirtió en uno de los principales escenarios de la expansión del crimen organizado y del narcotráfico, favorecido por su ubicación estratégica para las rutas internacionales de la droga.

Sobre esa realidad se construye la promesa del nuevo megaproyecto

La iniciativa permitirá que la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA), institución creada hace más de medio siglo para impulsar el desarrollo del Caribe costarricense, pueda asociarse con inversionistas privados para desarrollar una moderna marina turística y una terminal internacional de cruceros.

A diferencia de un puerto comercial, destinado al movimiento de mercancías, una marina turística está diseñada para recibir y brindar servicios a yates, embarcaciones de recreo y turismo náutico de alto poder adquisitivo.

El proyecto contempla además una terminal capaz de atender cruceros internacionales, junto con hoteles, comercios, restaurantes, espacios recreativos y otros desarrollos inmobiliarios que convertirían a Puerto Limón en un complejo turístico de escala internacional.

La inversión preliminar ronda entre 847 y 900 millones de dólares, financiados mediante una alianza público-privada. JAPDEVA aportaría alrededor de 27 hectáreas de terreno, convirtiéndose en accionista del proyecto, mientras que el financiamiento y la construcción recaerían principalmente sobre inversionistas privados.

Para el Gobierno, la iniciativa representa mucho más que una obra de infraestructura

La presidenta Laura Fernández la presentó como el inicio de un modelo integral para transformar la economía del Caribe costarricense. Durante la firma de la ley aseguró que la marina no será un proyecto aislado, sino el eje de un conjunto de inversiones que incluirían un aeropuerto internacional para Limón, nuevas obras viales, fortalecimiento del turismo y mejores condiciones para atraer capital extranjero.

La administración sostiene que la marina podría generar aproximadamente 23,000 puestos de trabajo entre la fase constructiva y la operación del complejo. Inicialmente se requerirían miles de trabajadores de la construcción, soldadores, electricistas, carpinteros e ingenieros, mientras que posteriormente surgirían empleos permanentes en hotelería, gastronomía, comercio, transporte, mantenimiento, actividades recreativas y servicios turísticos.

El Gobierno también argumenta que un mayor dinamismo económico ayudaría a combatir uno de los principales problemas sociales de la provincia: el avance del crimen organizado.

Su planteamiento parte de que una economía con mayores oportunidades laborales reduce la vulnerabilidad de los jóvenes frente al reclutamiento por organizaciones dedicadas al narcotráfico.

No obstante, ese optimismo no estuvo exento de polémica.

La aprobación del proyecto enfrentó resistencia dentro de la Asamblea Legislativa, aunque no por la conveniencia de construir la marina, sino por la forma en que se pretendía ejecutar.

Diversos diputados manifestaron preocupación porque versiones anteriores del proyecto dejaban dudas sobre los mecanismos de contratación y la posibilidad de otorgar concesiones mediante procedimientos con escasos controles. Parte de esas preocupaciones surgieron porque algunos elementos del plan habían estado vinculados con iniciativas impulsadas durante el debate de la llamada Ley Jaguar, declarada inconstitucional por la Sala Constitucional.

Tras varias semanas de negociación, las fracciones legislativas acordaron un texto sustitutivo que reforzó los principios de transparencia, aclaró el marco jurídico para las alianzas público-privadas y dejó expresamente establecido que los procesos deberán respetar las normas de contratación pública y los mecanismos de fiscalización correspondientes.

Esos cambios terminaron allanando el camino para la aprobación definitiva de la reforma.

Mientras el debate político avanzaba en San José, el sector empresarial limonense comenzó a mirar más allá de la construcción de la marina.

Rubén Acón, presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Limón, considera que el proyecto puede convertirse en el detonante del desarrollo turístico del Caribe, pero advierte que por sí solo no resolverá las necesidades históricas de la provincia.

A su juicio, será indispensable desarrollar un aeropuerto internacional, modernizar la Ruta 32, ampliar la oferta hotelera, construir un nuevo acueducto, fortalecer la conectividad digital y dotar a la provincia de un plan regulador que permita ordenar el crecimiento urbano.

En la misma línea se pronunció Randy Gordon, presidente de la Federación de Cámaras del Caribe, quien subrayó que la principal inversión debe realizarse sobre las personas.

El dirigente sostiene que los futuros empleos deberán ser ocupados prioritariamente por limonenses, pero para ello será necesario fortalecer la enseñanza del inglés, la capacitación técnica y la formación en servicios turísticos, de manera que la población local pueda integrarse a las nuevas oportunidades económicas que generaría el proyecto.

La alcaldesa de Limón, Ana Matarrita McCalla, calificó la iniciativa como el proyecto más importante para la provincia en la última década y afirmó que podría colocar nuevamente al Caribe costarricense en el mapa internacional del turismo y la inversión.

Sin embargo, incluso entre quienes respaldan la iniciativa existe consenso en que la marina no debe convertirse en una promesa aislada.

Su éxito dependerá de que el Estado logre ejecutar las obras complementarias anunciadas y de que el desarrollo económico alcance efectivamente a las comunidades que durante décadas han permanecido al margen del crecimiento nacional.

Si ese objetivo se cumple, la Marina y Terminal de Cruceros de Limón podría convertirse en el proyecto que transforme la historia reciente del Caribe costarricense.

Si no ocurre, pasará a engrosar la larga lista de grandes promesas que alguna vez despertaron esperanza en una provincia que, pese a ser una de las principales puertas de entrada de Costa Rica al mundo, todavía espera que esa riqueza también llegue a quienes viven frente al mar.