“Cero ocio en las cárceles es una obligación”, afirmó Laura Fernández al presentar el nuevo proyecto de ley en Costa Rica

Durante este día 17 de junio en su conferencia de prensa semanal, la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, presentó el proyecto de ley denominado “Cero Ocio en las Cárceles”, una propuesta que busca transformar la dinámica laboral en las cárceles del país.

El plan, inspirado en el modelo salvadoreño, obligará a las personas privadas de libertad a participar en actividades productivas, con la meta de reducir beneficios penitenciarios y que los internos contribuyan al financiamiento de su propia manutención.

Según explicó la mandataria en su comparecencia habitual ante los medios, la nueva legislación pretende que los internos trabajen en obras públicas, limpieza de ríos, parques nacionales y mantenimiento de infraestructuras en zonas de ingreso al país, como parte de una estrategia de embellecimiento nacional.

El Ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar Vargas, detalló que las cuadrillas de privados de libertad ya realizan labores de desmalezamiento y limpieza de áreas verdes, cumpliendo jornadas laborales completas bajo supervisión, y que esta modalidad se ampliará a nuevos puntos del país.

El proyecto establece una redistribución específica del salario que perciben las personas privadas de libertad por su trabajo. Según el borrador legislativo, el 35% del ingreso se destinará al financiamiento del sistema penitenciario, el 35% a los familiares de las víctimas, el 20% a la familia directa del interno y el 10% a un fondo de ahorro personal disponible al finalizar la condena.

El Gobierno asegura que esta política permitirá generar un ahorro para el Estado y, al mismo tiempo, fomentar la reparación económica a las víctimas de los delitos, en línea con prácticas observadas en otros países de la región.

Entre las primeras acciones implementadas, el Ministerio de Justicia y Paz anunció la eliminación de microondas en los dormitorios de los centros penales. Según explicó Aguilar Vargas, se decomisaron 238 aparatos que serán donados a instituciones como el SENCINAI (Sistema Nacional de Cuidado y Atención Integral), comedores infantiles, organizaciones de beneficencia y delegaciones de la Fuerza Pública y la Policía Penitenciaria.

“La directriz que emitimos hace dos semanas tiene como consecuencia que no hayan microondas o no tienen por qué haber microondas en los dormitorios de los centros penales. Así que enviamos a decomisarlos absolutamente todos”, afirmó Aguilar Vargas. El funcionario subrayó que esta medida busca igualar las condiciones de vida dentro de los penales y reorientar recursos hacia la comunidad.

Testimonio de una persona privada de libertad

Durante la jornada, uno de los internos que participa en los trabajos compartió ante los medios el impacto positivo que ha tenido la posibilidad de acceder a un empleo y a la educación dentro de la cárcel. “El trabajo me ha dado disciplina y me ha permitido pensar en un futuro distinto. La educación es una oportunidad para cambiar”, expresó.

Las autoridades destacaron que el programa piloto ha mejorado la convivencia en los centros de detención y que muchas personas privadas de libertad han solicitado integrarse a las cuadrillas laborales, lo que evidencia el interés por adquirir habilidades y aportar a la sociedad.

La presidenta Fernández precisó que el Ejecutivo mantendrá la supervisión directa de estas acciones y que se prevé la presentación de una propuesta formal ante la Asamblea Legislativa en los próximos días. El proyecto “Cero Ocio en las Cárceles” contempla seis áreas de trabajo para los internos, que incluyen obras públicas, servicios ambientales, mantenimiento urbano, agricultura, manufactura y actividades educativas.

El proyecto inicia ahora su camino en el Legislativo, donde se prevé una discusión amplia sobre su alcance y la posibilidad de replicar el modelo en otros ámbitos de la administración pública costarricense. Las autoridades reiteraron su compromiso con la reinserción social y el fortalecimiento de la seguridad ciudadana a través de la ocupación productiva de quienes cumplen condena en el país.