Honduras registra 437 protestas en 2026 y nueve de cada diez demandas no reciben respuesta

La conflictividad social en Honduras continúa en aumento durante 2026. Un monitoreo realizado por el Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS) de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) contabiliza 437 eventos de protesta y demandas ciudadanas en lo que va del año, reflejando el creciente descontento de distintos sectores de la población.

La directora del IUDPAS, Marjorie Echenique, explicó que el estudio tiene como objetivo generar evidencia sobre las diferentes expresiones de la conflictividad social en el país, identificando quiénes protagonizan las movilizaciones, cuáles son sus principales demandas y cuál ha sido la respuesta de las instituciones públicas.

El monitoreo, elaborado a partir del seguimiento de medios de comunicación desde enero, documenta protestas, tomas de carreteras, bloqueos, manifestaciones y otras acciones colectivas impulsadas por diversos sectores sociales para exigir soluciones a problemas que consideran desatendidos.

Uno de los principales hallazgos del informe es que una tercera parte de las acciones colectivas está relacionada con el sector educativo, convirtiéndose los centros escolares en uno de los principales escenarios de protesta.

Según Echenique, en estas movilizaciones participan estudiantes, docentes y padres de familia, quienes demandan mejoras en infraestructura, recursos, condiciones educativas y el cumplimiento de compromisos por parte de las autoridades.

El informe también pone de manifiesto lo que el IUDPAS considera uno de los principales desafíos para el país: la escasa respuesta institucional a las demandas ciudadanas.

De acuerdo con los datos recopilados, el 88.6 % de las acciones colectivas registradas durante 2026 no han recibido una respuesta concreta mediante procesos de diálogo, negociación o atención directa por parte de las autoridades competentes.

“Nos parece alarmante porque evidencia un desafío para la institucionalidad pública”, expresó Echenique al presentar los resultados del monitoreo.

La investigadora señaló que las demandas están dirigidas a distintas dependencias del Estado, gobiernos municipales y otras instituciones públicas responsables de atender las necesidades de la población.

A juicio del IUDPAS, la falta de respuesta contribuye a que muchos conflictos permanezcan sin solución y, en algunos casos, vuelvan a repetirse con el paso del tiempo.

La coordinadora del área de Democracia del IUDPAS, Yajaira Padilla, informó que la conflictividad social registrada este año se ha extendido a 91 municipios del país.

Del total de 437 acciones colectivas documentadas, al menos 10 municipios concentran el 61.6 % de los casos, entre ellos el Distrito Central, San Pedro Sula y varias localidades del norte de Honduras.

Padilla explicó que junio fue el mes con mayor cantidad de protestas registradas, impulsadas principalmente por trabajadores que exigían mejoras laborales, pago de salarios, respeto a sus derechos y el cumplimiento de compromisos asumidos por instituciones estatales.

El informe también revela que más del 76 % de las acciones colectivas se desarrollaron mediante bloqueos de carreteras, tomas de instituciones, mítines y concentraciones, mecanismos utilizados por los distintos sectores para ejercer presión sobre las autoridades.

Aunque reconoció que estas medidas generan impactos económicos y afectan la movilidad de la población, Padilla sostuvo que muchos grupos recurren a ellas debido a la falta de atención o respuesta efectiva por parte de las instituciones responsables.

Otro de los datos relevantes del informe es que el 36.2 % de las demandas sociales registradas durante 2026 están relacionadas con trabajadores, quienes reclaman principalmente el pago de salarios, mejores condiciones laborales y el cumplimiento de acuerdos alcanzados con el Estado.

Según Padilla, muchas de estas protestas responden también a procesos de reorganización institucional derivados de la transición gubernamental, situación que ha generado incertidumbre entre diferentes sectores laborales.

La investigadora advirtió que buena parte de estos conflictos son recurrentes, debido a que compromisos adquiridos anteriormente no han sido cumplidos, lo que provoca que los afectados vuelvan a movilizarse para exigir soluciones.

Ante este panorama, el IUDPAS recomendó fortalecer los mecanismos de diálogo, negociación y respuesta institucional, con el objetivo de prevenir que los conflictos sociales continúen escalando y afectando la gobernabilidad.

El instituto también destacó que una atención oportuna a las demandas ciudadanas contribuiría a reducir la conflictividad social, fortalecer la confianza de la población en las instituciones públicas y evitar que las protestas se conviertan en el principal mecanismo para obtener respuestas.

Los resultados del monitoreo reflejan que la conflictividad continúa siendo uno de los principales desafíos para Honduras durante 2026, especialmente en áreas como educación, empleo y servicios públicos, donde persisten reclamos que, según los investigadores, requieren una respuesta más efectiva por parte del Estado.