El proyecto de Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional, una de las principales apuestas del Gobierno de Laura Fernández, enfrenta este martes un escenario político cuesta arriba en la Asamblea Legislativa de Costa Rica, luego de que la diputada Claudia Dobles y la fracción del Partido Liberación Nacional anunciaran oficialmente su voto en contra de la iniciativa.
La propuesta, tramitada bajo el expediente 23.414, pretende transformar el modelo eléctrico costarricense mediante cambios en la participación estatal y privada dentro del mercado energético. Sin embargo, sus críticos sostienen que el texto debilita al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), rompe el principio solidario del sistema y podría terminar elevando las tarifas para hogares y pequeñas empresas.
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La posición del Partido Liberación Nacional (PLN) se oficializó este lunes durante una conferencia de prensa encabezada por el jefe de fracción, Álvaro Ramírez, y el excandidato presidencial Álvaro Ramos. La bancada verdiblanca confirmó que sus 17 diputados votarán negativamente el proyecto, una decisión que prácticamente deja sin posibilidades matemáticas al oficialismo de alcanzar la mayoría calificada requerida para aprobar la reforma.
“El país necesita un ICE fuerte y este proyecto lo debilita”, afirmó Ramírez al justificar la decisión del partido. La agrupación sostuvo además que Costa Rica sí requiere modernizar su sistema eléctrico, pero bajo un modelo distinto al planteado por el Gobierno.
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Claudia Dobles endureció la oposición al proyecto
Horas antes del anuncio liberacionista, la diputada Claudia Dobles también confirmó públicamente que votará en contra del expediente, una decisión que terminó consolidando un bloque opositor suficiente para bloquear la iniciativa.
En un video divulgado durante el fin de semana, Dobles aseguró que el proyecto “no garantiza el modelo solidario y universal” que actualmente sostiene el sistema eléctrico nacional y advirtió que podría incrementar el precio de la electricidad para las familias y pequeños negocios.
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La legisladora, quien llegó al Congreso mediante la coalición Agenda Ciudadana, afirmó además que el texto contiene “deficiencias importantes” y deja al ICE “sin herramientas pero con todas las responsabilidades”. Según explicó, la propuesta genera conflictos de interés institucionales y no asegura cobertura equitativa para todo el territorio nacional.
La posición de Dobles resultó especialmente relevante debido a que, hasta hace pocos días, distintos sectores políticos mantenían dudas sobre el sentido final de su voto. Su rechazo terminó alineándose con la postura ya anunciada por el Frente Amplio, que también confirmó oposición al expediente.
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El Gobierno pierde margen político en la Asamblea
La reforma eléctrica requiere al menos 38 votos en el Congreso debido a cuestionamientos sobre posibles afectaciones a la autonomía constitucional del ICE y a la creación de nueva institucionalidad autónoma. Un informe del Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa concluyó que el proyecto entra en el ámbito de los artículos 188 y 189 de la Constitución Política, lo que obliga a una mayoría calificada.
Sin el apoyo del PLN y con la oposición ya confirmada del Frente Amplio y Claudia Dobles, el oficialismo quedó matemáticamente lejos de los votos necesarios. Actualmente, el Gobierno y sus aliados suman cerca de 31 apoyos legislativos, insuficientes para sacar adelante la iniciativa.
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El exministro de Hacienda y figura clave del oficialismo, Nogui Acosta, reconoció este lunes que el Gobierno no esperaba el rechazo liberacionista.
Mientras tanto, sectores empresariales y cámaras industriales han defendido la propuesta argumentando que Costa Rica necesita mayor capacidad de generación eléctrica, tarifas más competitivas y herramientas para enfrentar el crecimiento de la demanda energética.
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El debate ocurre además en medio de advertencias sobre posibles riesgos de racionamientos, aumento del consumo eléctrico y presión sobre la infraestructura energética nacional.
El modelo eléctrico vuelve al centro de la disputa política
La discusión alrededor del proyecto terminó convirtiéndose en uno de los principales choques políticos del inicio de la nueva legislatura.
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Para el oficialismo, la armonización eléctrica representa una modernización necesaria para responder al crecimiento económico y tecnológico del país. Pero para sus opositores, el expediente abre la puerta a una transformación estructural que podría debilitar el modelo solidario construido históricamente alrededor del ICE.
El PLN anunció incluso que impulsará una propuesta alternativa denominada “ley de emergencia y seguridad energética”, enfocada en evitar eventuales racionamientos sin modificar profundamente el modelo actual.
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La votación está programada para este martes en el plenario legislativo y se anticipa como una de las discusiones más tensas del año político.
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