El gobierno admite fallas para enfrentar crimen organizado en Costa Rica

El reconocimiento de fallas del Estado para enfrentar el crimen organizado marcó este lunes un cambio de tono en Costa Rica. La presidenta Laura Fernández dijo que el Gobierno, el Poder Judicial y la Asamblea Legislativa no han logrado frenar a las bandas criminales, según destacó el periódico costarricense Elmundo.cr.

Fernández reunió este lunes a jefes y unidades de la fuerza pública para revisar la estrategia de seguridad. Participaron cuerpos policiales de todo el país, unidades especiales, directores regionales, la Academia Nacional de Policía, fuerzas de control de drogas y vigilancia aérea, además de los ministros de Seguridad Pública y Justicia y Paz.

Costa Rica no ha logrado desarticular el crimen organizado, reconoció la presidenta Laura Fernández, por fallas compartidas entre el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y la Asamblea Legislativa.

La mandataria sostuvo este lunes que las trabas legales, la operación de cabecillas desde las cárceles y la lentitud de los expedientes debilitan la respuesta del Estado.

Fernández afirmó que el análisis de inteligencia muestra una criminalidad desigual en el territorio, con variaciones de delitos según la provincia y el cantón. También pidió reforzar la capacitación policial con nuevos cursos enfocados en áreas de confrontación criminal.

Advirtió sobre el aumento de robos al interior de vehículos con dispositivos que inhiben alarmas electrónicas. Recomendó a los conductores verificar el cierre de los autos, mientras la policía, según indicó, refuerza operativos para frenar esa modalidad.

Bandas identificadas y delitos desde la cárcel

De acuerdo a la nota, la presidenta informó que las autoridades identificaron integrantes de varias bandas, incluida Los Lara. Señaló que algunos miembros continúan con actividad delictiva aun encarcelados, un punto que atribuyó a debilidades del sistema penitenciario.

“No puede ser que delincuentes de tan alto calibre estén desde la cárcel operando en la banda criminal a la que pertenecían o a la que siguen perteneciendo”, dijo Fernández. Explicó que, aunque los cabecillas estén presos, mantienen contactos por medio de visitas y comunicaciones, lo que facilita la coordinación de delitos fuera del penal.

En esa línea, sostuvo que el país necesita cárceles de máxima contención para aislar a presos de alta peligrosidad. También planteó cambios en el régimen de visitas para reducir el margen de maniobra de las organizaciones criminales.

Fernández adelantó que impulsará una ley para que las visitas a reclusos de alta peligrosidad puedan ser registradas en video y audio. Argumentó que hoy existen restricciones legales que impiden grabarlas, y que ese límite, según su diagnóstico, favorece la continuidad de órdenes y coordinación desde prisión.

La mandataria también insistió en una reforma para sancionar la pertenencia a organizaciones criminales. Indicó que presentará una iniciativa en junio, con el objetivo de cubrir ese vacío y endurecer el marco jurídico contra las bandas.

Críticas a la lentitud judicial y reclamo a otros poderes

La nota también señala que Fernández cuestionó demoras en el accionar judicial y sostuvo que la lentitud de expedientes y la caída de investigaciones obligan a la policía a repetir procedimientos, lo que, según afirmó, debilita la respuesta estatal. “Hasta dos o tres meses pasan sin que se haga un operativo o se cae todo el proceso que hicieron ellos contra un delincuente y tienen que empezar de cero”, dijo.

En el plano político, la presidenta reclamó a la Asamblea Legislativa y al Poder Judicial una respuesta rápida y atribuyó parte del problema a enfoques garantistas que, a su criterio, priorizan derechos de los imputados por sobre los de las víctimas.

La mandataria aseguró que la estrategia requiere acción coordinada entre instituciones para frenar a las mafias.