La justicia costarricense detecta crecimiento sostenido del contrabando y advierte sobre vínculos con el crimen organizado

Investigaciones judiciales en Costa Rica citados por el periódico La Nación, han sacado a la luz que el contrabando de mercancías ya tiene un impacto superior al narcotráfico, con 293 expedientes activos en marzo de 2026 repartidos entre fiscalías y juzgados penales.

Este dato refleja la magnitud de un fenómeno que abarca productos como licores, cigarrillos, medicamentos y artículos falsificados.

El contrabando constituye un negocio ilícito que mueve al menos ₡1 billón anuales ( poco más de 2,193 millones USD), equivalente al 2.6% del Producto Interno Bruto, según estimaciones de la Cámara de Comercio citadas por La Nación.

Esta práctica, definida en la Ley General de Aduanas, afecta la recaudación fiscal y distorsiona la competencia al evadir impuestos y posibilitar la venta de productos por debajo de los precios legales.

En cuanto a volumen, entre los decomisos recientes de la Policía de Control Fiscal sobresalen 5,600 envases de licor incautados en Parrita, Puntarenas. Los operativos son frecuentes y muestran la persistencia de redes que operan tanto por pasos fronterizos no controlados como a través de aduanas oficiales, donde se han detectado maniobras fraudulentas en las declaraciones de carga.

El contrabando y su vínculo con el crimen organizado

Desde el sector empresarial, se considera que el contrabando dejó de ser una actividad marginal para convertirse en parte fundamental de las operaciones del crimen organizado.

Ricardo Carvajal, director del Observatorio de Comercio Ilícito y citado también en la nota de La Nación, sostiene que estas redes han diversificado sus intereses hacia productos como cigarrillos, licores y medicamentos, intensificando el daño tanto al comercio formal como a la sociedad.

De acuerdo con Carvajal, el 44.9% de los cigarrillos consumidos en Costa Rica son ilegales; tres de las seis marcas más vendidas —Gold City, Silver Elephant e Indigo— llegan por contrabando.

Estas marcas representan el 86.4% del mercado ilícito y, al menos, 19 marcas ilegales circulan actualmente en el país, dominando ventas en provincias como San José, Limón, Cartago, Alajuela, Puntarenas y Heredia.

El contrabando en Costa Rica utiliza rutas múltiples: desde pasos terrestres no controlados hasta el ingreso mediante aduanas formales con declaraciones falsas y el uso creciente del comercio electrónico a través de envíos aéreos y paquetería.

Las autoridades admiten la necesidad de modernizar la tecnología de rastreo para responder al aumento de envíos y detectar mercancía oculta.

Cómo operan las redes y la respuesta institucional

Según detalla La Nación, un diagnóstico de la Cámara de Comercio indica que el sistema aduanero costarricense no estaba preparado para el actual volumen de importaciones por paquetería, lo que ha llevado a controles insuficientes y facilitado la entrada de productos ilícitos.

Las rutas terrestres, especialmente las que conectan con la Zona Libre de Colón en Panamá, son el principal canal de abastecimiento, aunque la variedad de métodos crece de forma sostenida.

La Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos ha abierto 20 expedientes en 2026 y mantiene 73 investigaciones vigentes. En años recientes, el total de causas sigue siendo elevado, con 69 en 2024 y 66 en 2025.

La mayoría de los procesos se resuelve mediante conmutación de penas, como servicio comunitario o monitoreo electrónico, mientras que se registran pocos casos de prisión efectiva.

El principal atractivo del contrabando para las organizaciones criminales está en la alta rentabilidad y bajo riesgo penal. Aunque la ley prevé penas de hasta 15 años de cárcel para el contrabando agravado, las condenas de prisión efectiva son escasas.

Los productos ilegales suelen venderse hasta por la mitad del precio de mercado, lo que incentiva su distribución rápida y obstaculiza la competencia legal.

El director del Observatorio advierte que relegar la lucha contra el contrabando en la agenda de seguridad pública debilita la capacidad estatal para enfrentar la violencia y la criminalidad. Otorgar atención prioritaria a este fenómeno es una medida clave para limitar tanto el daño económico como el avance del crimen organizado en Costa Rica.