La Comisión de Juventud, Niñez y Adolescencia de la Asamblea Legislativa de Costa Rica aprobó por unanimidad un dictamen que impulsa la prohibición del uso de redes sociales en menores de 14 años.
El proyecto, identificado como expediente 25.336 y presentado por la diputada María Marta Carballo del Partido Unidad Social Cristiana, será ahora discutido y votado en el Plenario, según reportaron medios locales.
La iniciativa establece que las personas menores de 14 años no podrán crear ni utilizar cuentas en plataformas con interacción social. Solo tendrán acceso a versiones específicamente diseñadas para este rango de edad, con control parental activo y sin mecanismos adictivos por defecto.
Además, se prohíbe la publicidad personalizada dirigida a menores. Según el texto legislativo, padres, madres, tutores, el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT), la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL) y las empresas de plataformas digitales deberán velar por el cumplimiento de la norma.
Durante la sesión, la diputada Melina Ajoy Palma subrayó la preocupación por la salud mental de la población infantil y adolescente.
“Hay diversos estudios a nivel mundial que demuestran que los menores de edad están teniendo acceso a redes sociales desde temprana edad y que, entre los múltiples peligros a los que se ven expuestos, están el ciberacoso, la ansiedad social, el contacto con extraños, la adicción digital, alteraciones de sueño y presión social, entre otros”, afirmó Ajoy Palma, en representación de Carballo.
Implementación de mecanismos robustos de verificación de edad
Para los jóvenes entre 14 y 18 años, la propuesta exige la implementación de mecanismos robustos de verificación de edad, como la presentación de la Tarjeta de Identificación de Menores (TIM) y el consentimiento expreso de los representantes legales.
Las empresas deberán desactivar por defecto funciones consideradas adictivas, como el scroll infinito, el autoplay y patrones de diseño que incentiven el uso compulsivo.
También tendrán que restringir sistemas de recomendación basados en engagement, limitar la exposición a contenido nocivo y facilitar herramientas de supervisión parental, entre ellas límites de tiempo y reportes de actividad.
La diputada Johana Obando destacó la importancia de equilibrar el derecho de acceso a la información con la protección de los menores. “En esta protección de las poblaciones más vulnerables, los vulnerables entre los vulnerables siempre, siempre van a ser nuestros niños, niñas y jóvenes”, expuso Obando durante la discusión. Mencionó que países como Brasil ya han avanzado en la restricción de redes sociales para menores, y que Austria, Francia, España y Dinamarca han considerado medidas similares.
El proyecto contempla sanciones para quienes incumplan la ley, que van desde 15 hasta 50 salarios base, y en caso de reincidencia, de 30 a 50 salarios. También prevé la suspensión temporal de funcionalidades, obligaciones de rediseño, publicación de la sanción y planes de remediación para las plataformas que no se adapten.
Tras el dictamen unánime, la propuesta queda pendiente de discusión y votación en el Plenario de la Asamblea Legislativa. La propuesta legislativa aún debe superar etapas clave antes de su aprobación definitiva. El texto será revisado por otras comisiones del Congreso y podría ser sometido a modificaciones antes de llegar al pleno.
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