Nicaragüenses refugiados en Guatemala enfrentan obstáculos para acceder al empleo formal

Las condiciones para acceder al empleo formal han sido un reto para numerosos nicaragüenses que han solicitado y recibido refugio en Guatemala en los últimos años.

Desde 2020, el país ha aprobado 473 solicitudes de asilo provenientes de personas nicaragüenses, pero muchas de ellas no han logrado integrarse al mercado laboral formal debido a la falta del Documento Personal de Identificación (DPI), necesario para trabajar legalmente.

Entre enero de 2020 y mayo de 2026, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala reportó 591 solicitudes de refugio por parte de ciudadanos nicaragüenses, de las cuales 118 se encuentran aún en trámite.

Según datos oficiales citados por Expediente Público retomados por 100% Noticias, hasta el momento no se ha rechazado ninguna solicitud de asilo de personas provenientes de Nicaragua, aunque el tiempo de respuesta puede ser prolongado y los expedientes pueden permanecer abiertos durante años.

El DPI es un requisito para acceder a un empleo formal, abrir cuentas bancarias o realizar trámites relacionados con servicios públicos en Guatemala. La ausencia de este documento limita las alternativas laborales de los refugiados, quienes, en su mayoría, solo pueden desempeñarse en el sector informal.

Si bien el estatus de refugiado otorga protección legal, no garantiza el acceso inmediato a documentos que faciliten la integración plena en el país ni al ejercicio de derechos básicos.

Uno de los testimonios recogidos es el de Juan, un nicaragüense que trabaja en entregas en motocicleta durante más de diez horas diarias y cuyos ingresos solo alcanzan para cubrir necesidades básicas como la alimentación y el alquiler. En declaraciones al medio, explicó: “No contamos con un DPI ni con permisos laborales que nos permitan trabajar en una empresa. Ha sido difícil sobrevivir económicamente”.

La falta de documentación también genera obstáculos en el acceso a la educación y en los procesos de reunificación familiar. Según relató Juan, tras salir de Nicaragua junto a su esposa e hija menor, la familia enfrentó dificultades para obtener pasaporte.

Al llegar a Guatemala, el proceso de inscripción escolar de la niña fue complejo y requirió cuatro meses de gestiones, así como la presentación de partidas de nacimiento, certificaciones de edad y pasaporte. De acuerdo con su experiencia, muchas instituciones educativas no estaban familiarizadas con casos similares, aunque finalmente la menor logró acceder a la escuela.

Este tipo de dificultades administrativas se suman a la situación de quienes deben dejar su país y adaptarse a un entorno nuevo. Según 100% Noticias, la problemática en torno al acceso al trabajo persiste, incluso para nicaragüenses que han sido deportados de Estados Unidos y recibieron refugio en Guatemala, debido fundamentalmente a la falta de DPI.

Las autoridades guatemaltecas han manifestado que existen desafíos institucionales frente a este fenómeno migratorio. El secretario privado de la Presidencia, Jorge Santos, indicó a Expediente Público que Guatemala ha recibido tanto grupos como personas que buscan protección internacional, y que muchos de ellos consideran al país un lugar de paso con miras a trasladarse a Costa Rica, México, Estados Unidos o España. Santos señaló que la respuesta estatal es limitada por la falta de experiencia en la atención de crisis migratorias y por la ausencia de estructuras especializadas. Guatemala, a diferencia de países vecinos, no cuenta con una tradición en la recepción masiva de personas refugiadas ni con programas específicos para quienes solicitan asilo.

El panorama actual muestra que, aunque las personas refugiadas pueden permanecer legalmente en Guatemala, la obtención de documentación sigue siendo un desafío central para su integración efectiva en el ámbito laboral y social.