La noche del 4 de marzo de 2020, el tiempo se detuvo en el Valle de Ujarrás, Cartago. Allison Pamela Bonilla Vásquez, una joven de apenas 18 años cuya sonrisa iluminaba cada rincón de su comunidad, caminaba por una calle solitaria tras bajar del autobús que la traía de sus clases nocturnas.
En su mano, un teléfono celular se convirtió en el único y trágico testigo de su miedo. “dos pintas, pero pintiticas, y vienen ahí, detrás mío.”, decía el audio entrecortado que envió a su novio. Después de ese mensaje, sobrevino un silencio sepulcral que duraría casi siete meses y que desgarraría el corazón de toda una nación.
Este no fue un caso de desaparición común; fue el inicio de una agonía nacional que coincidió con un momento histórico de aislamiento. Mientras el mundo se encerraba por la incertidumbre de la pandemia, la madre de Allison, Yendry Vásquez, se negaba al encierro.
Su figura, caminando por los cafetales con una fotografía de su hija en el pecho, se convirtió en el símbolo de una lucha desesperada contra la indiferencia.
Lo que siguió fue un despliegue de solidaridad y horror a partes iguales. Durante meses, las autoridades del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizaron peritajes en una zona topográficamente difícil, caracterizada por su densa vegetación y sus profundos barrancos.
Cientos de voluntarios, rescatistas y vecinos se unieron a la familia en una búsqueda incansable que parecía no tener fin. La esperanza de encontrarla con vida se desvanecía con cada puesta de sol, pero la determinación de la comunidad de Ujarrás solo crecía.
El misterio se resolvió de la forma más atroz imaginable. Un vecino de la zona, Nelson Sánchez Ureña, conocido con el alias de “Sukia”, fue señalado como el principal sospechoso.
En una confesión inicial que heló la sangre del país, admitió haber interceptado a la joven, haberla llevado a una propiedad cercana para agredirla sexualmente y, finalmente, asesinarla. Para deshacerse de la evidencia, lanzó su cuerpo a un botadero clandestino de basura en San Jerónimo de Cachí, un precipicio de 450 metros de profundidad.
El rescate de los restos fue una labor titánica que duró semanas bajo condiciones climáticas adversas. En un escenario dantesco, entre desechos y maleza, los rescatistas descendieron al abismo para recuperar lo poco que quedaba de Allison. Aunque el sospechoso intentó retractarse de su confesión meses después, la evidencia técnica de ADN y el hallazgo de sus pertenencias confirmaron la autoría del crimen.
El veredicto: Entre la justicia y la indignación
El proceso judicial contra “Sukia” se convirtió en un termómetro de la justicia costarricense. En una primera instancia, el tribunal dictó una sentencia que muchos consideraron insuficiente para la magnitud del daño.
Sin embargo, tras una serie de apelaciones y la presión constante de colectivos de derechos humanos, la pena se elevó a 35 años de prisión por homicidio calificado. Para la familia Bonilla Vásquez, no hay cifra de años que devuelva la paz, pero el ajuste de la sentencia representó un mensaje de que el Estado no toleraría la crueldad extrema.
Años después de aquel fatídico marzo, el nombre de Allison Bonilla no ha caído en el olvido. Al contrario, se ha convertido en un estandarte de lucha que resuena con fuerza cada 8 de marzo. El impacto más tangible ha sido la reforma a la Ley de Penalización de Violencia contra las Mujeres.
En una emotiva entrevista, Yendry Vásquez se sincera sobre el inmenso dolor que perdura a seis años del femicidio de su hija, Allison Bonilla. Una reflexión sobre la pérdida y la fuerza para seguir adelante sin una razón.
Hoy, en 2026, la legislación costarricense ha ampliado la definición de feminicidio para incluir agresiones cometidas por vecinos, desconocidos o conocidos sin relación de pareja, eliminando las lagunas que permitían penas menores ante crímenes de odio.
Allison ya no recorre los senderos de su amado valle, pero su historia vive en cada reforma, en cada marcha y en la mirada vigilante de una sociedad que prometió no olvidar. Su muerte se ha transformado en un grito de justicia que exige que, de una vez por todas, todas las mujeres puedan llegar a casa sanas y salvas.
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