Celso Manuel Gamboa Sánchez y Edwin Danney López-Vega deberán comparecer por primera vez, este 24 de marzo, ante el tribunal federal del Distrito Este de Texas, luego de su extradición desde Costa Rica para enfrentar cargos de narcotráfico internacional, según informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Ambos ciudadanos costarricenses, de 49 años, fueron extraditados el 20 de marzo de 2026 a Estados Unidos, luego de la reforma constitucional aprobada en Costa Rica en mayo de 2025, que permite la entrega de nacionales por delitos de narcotráfico. La Fiscalía del Distrito Este de Texas, encabezada por Jay R. Combs, confirmó que este proceso marca un cambio en la cooperación judicial entre ambos países.
Gamboa Sánchez, quien anteriormente ocupó el cargo de Ministro de Seguridad Pública en 2014 y ejerció como juez entre 2016 y 2018, enfrenta cargos formales desde el 9 de julio de 2025. Según las autoridades estadounidenses, fue acusado de conspirar con otros narcotraficantes internacionales para fabricar, distribuir y trasladar grandes cantidades de cocaína a través de Costa Rica, con destino final en Estados Unidos y Europa. La investigación sostiene que facilitó operaciones por valores que se calculan en decenas de millones de USD.
Por su parte, López-Vega fue acusado el 11 de junio de 2025 en una causa separada. De acuerdo con la acusación, participó en una red internacional dedicada al tráfico de cocaína desde 2008, con rutas que incluían Colombia, Panamá, Costa Rica, Guatemala, México y Estados Unidos. La investigación señala que López-Vega habría colaborado en la distribución de droga hacia varios países del continente.
Ambos fueron arrestados el 23 de junio de 2025 por la policía costarricense tras la solicitud de extradición de Estados Unidos. Es la primera vez que ciudadanos costarricenses son entregados bajo la nueva normativa, lo que representa un precedente para futuros procesos similares.
La acusación formal establece que, si son hallados culpables, los procesados podrían enfrentar una pena máxima de cadena perpetua en una prisión federal estadounidense. Hasta el momento, ambos mantienen la presunción de inocencia, tal como lo establece el sistema judicial, y solo un tribunal puede determinar su culpabilidad.
Las investigaciones están a cargo de la División de Campo de Dallas de la Administración para el Control de Drogas (DEA), el FBI y la oficina de la DEA en San José. El fiscal adjunto Wes Wynne lidera la acusación.
Este caso se integra a la labor del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF), una coalición intergubernamental creada por la Orden Ejecutiva 14159. La finalidad del HSTF es combatir cárteles criminales, organizaciones transnacionales y redes de tráfico de personas, con especial énfasis en la protección de menores y la persecución de delitos que cruzan fronteras.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos agradeció públicamente a las autoridades costarricenses, a la Oficina de Asistencia Técnica y Relaciones Internacionales de la Fiscalía General de Costa Rica, y a la embajada estadounidense en San José, por la cooperación que permitió la detención y extradición de los acusados. La coordinación internacional fue clave para llevar adelante el proceso.
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