El Gobierno de Costa Rica confirmó este 18 de marzo el cierre de su embajada en Cuba y la solicitud para que el gobierno cubano retire su representación diplomática en San José, excepto el personal consular, en respuesta al marcado deterioro en los derechos humanos y el incremento de la represión en la isla.
La medida, que representa una ruptura de las relaciones diplomáticas plenas después de años de acercamientos cautelosos, fue anunciada por el canciller Arnoldo André Tinoco durante la conferencia semanal de Casa Presidencial y respaldada por el presidente Rodrigo Chaves Chaves.
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La decisión busca ejercer presión directa sobre el régimen cubano para que adopte cambios que permitan eventualmente la reanudación de vínculos a nivel diplomático.
El cierre de la sede en La Habana se produce en un contexto de crecientes restricciones a derechos fundamentales como la libertad de expresión, asociación y manifestación pacífica, así como en medio de denuncias de hostigamiento contra voces críticas del gobierno.
El canciller sostuvo: “La medida responde a la profunda preocupación del país por el deterioro sostenido de la situación de los derechos humanos en la isla, así como por el incremento de actos de represión contra ciudadanos, activistas y opositores”.
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Detalló que la embajada costarricense en la capital cubana ya no tenía personal diplomático desde el 5 de febrero de este año, lo que, en sus palabras, “hace prácticamente imposible nombrar personal diplomático costarricense para ejercer su labor en La Habana adecuadamente”.
Costa Rica endurece postura ante el sistema cubano y concordancia con la presión internacional
El presidente Rodrigo Chaves, acompañado por funcionarios como la embajadora de Estados Unidos, Melinda Hildebrand, fue categórico al explicar la decisión: “El gobierno de Costa Rica no reconoce la legitimidad del régimen comunista de Cuba, en vista del maltrato, la represión, las condiciones indignas que tienen a los habitantes de esa isla hermosa”, sostuvo.
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Precisó que todos los trámites consulares para ciudadanos costarricenses en Cuba se gestionarán desde Panamá y remarcó el distanciamiento de su administración respecto del modelo político cubano, que calificó como “fracasado” y dependiente históricamente de apoyos de la antigua Unión Soviética y Venezuela.
La firmeza de Costa Rica se da al tiempo que Estados Unidos refuerza la presión sobre Cuba. Menos de 24 horas antes del anuncio, el entonces presidente estadounidense Donald Trump adelantó acciones “inminentes” contra el régimen y profundizó la ofensiva económica, manteniendo sanciones y bloqueos energéticos.
Marco Rubio, secretario de Estado de origen cubano, avaló la postura: “La isla tiene una economía que no funciona en un sistema político y gubernamental. No pueden arreglarlo”, señaló desde la Casa Blanca en declaraciones citadas por La Nación.
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La crisis energética ha dejado a gran parte de la población cubana sin acceso regular a la electricidad. Esta semana, medios estatales informaron que solo el 5% de los habitantes de La Habana —equivalente a unos 42.000 clientes— contaban con suministro eléctrico regular, mientras cientos de miles enfrentan cortes extensos, según datos del Ministerio de Energía y Minas de Cuba publicados en la red social X.
El Ejecutivo costarricense indicó que continuará monitoreando la evolución de la crisis cubana, mientras la presidenta electa Laura Fernández Delgado afirmó que la futura administración mantendrá el giro en la política hacia La Habana.
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La ruptura formal ocurre de manera paralela al fortalecimiento de presiones internacionales y representa un impacto directo sobre los canales diplomáticos. Desde el 5 de febrero, la embajada de Costa Rica en Cuba operaba sin personal, reflejando las complejidades para mantener relaciones diplomáticas normales bajo el contexto actual.
Esta estrategia fue resumida por el presidente Chaves: “No le vamos a dar legitimidad al régimen que oprime y tortura a casi 10 millones de cubanos hoy”.
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