Comisión legislativa da luz verde a plan que busca reforzar el régimen de pensiones costarricense con recursos del Banco Popular

El proyecto, aprobado en comisión, plantea trasladar la mitad del aporte patronal destinado al Banco Popular y de Desarrollo Comunal al régimen de pensiones administrado por la Caja Costarricense de Seguro Social, con el objetivo de reforzar sus finanzas

La iniciativa pretende redirigir el 50% del aporte patronal que actualmente recibe el Banco Popular y de Desarrollo Comunal para fortalecer el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja Costarricense de Seguro Social. Fuente: Cortesía
La iniciativa pretende redirigir el 50% del aporte patronal que actualmente recibe el Banco Popular y de Desarrollo Comunal para fortalecer el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja Costarricense de Seguro Social. Fuente: Cortesía
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La Asamblea Legislativa de Costa Rica dio un paso más en la discusión de reformas dirigidas a fortalecer el sistema de pensiones del país. La Comisión de Asuntos Sociales dictaminó positivamente un proyecto de ley que propone trasladar parte del aporte patronal que actualmente recibe el Banco Popular y de Desarrollo Comunal al régimen de pensiones administrado por la Caja Costarricense de Seguro Social.

Se trata del expediente legislativo 27.727, una iniciativa que busca reforzar financieramente el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), el principal sistema público de pensiones del país. La propuesta plantea que el 50% del aporte patronal que hoy se dirige al Banco Popular sea trasladado al IVM, como una medida para fortalecer la sostenibilidad del sistema ante el envejecimiento de la población y las presiones financieras que enfrenta.

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El dictamen favorable en comisión no implica la aprobación definitiva del proyecto, pero sí permite que la iniciativa avance al plenario legislativo, donde deberá ser discutida y votada por el conjunto de los diputados.

Un intento por fortalecer el principal régimen de pensiones

El Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja Costarricense de Seguro Social es el sistema que garantiza las pensiones a la mayoría de trabajadores del sector público y privado en Costa Rica. En los últimos años, expertos y autoridades han advertido sobre los desafíos financieros que enfrenta debido a factores como el aumento de la esperanza de vida, la informalidad laboral y cambios demográficos.

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Ante ese escenario, diferentes propuestas legislativas han buscado identificar nuevas fuentes de financiamiento o ajustes en la estructura de aportes para garantizar su sostenibilidad en el largo plazo.

El proyecto que avanzó en la comisión legislativa apunta precisamente a redirigir parte de recursos existentes dentro del sistema financiero estatal hacia el fondo de pensiones.

Actualmente, una porción del aporte patronal que realizan los empleadores se destina al Banco Popular y de Desarrollo Comunal, una entidad pública creada para promover el ahorro y el acceso al crédito para trabajadores. Con la iniciativa, la mitad de ese aporte pasaría a fortalecer el fondo del IVM.

La propuesta forma parte de los esfuerzos legislativos para fortalecer el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja Costarricense de Seguro Social. Fuente: CCSS
La propuesta forma parte de los esfuerzos legislativos para fortalecer el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja Costarricense de Seguro Social. Fuente: CCSS

Otros proyectos vinculados a la Caja también avanzaron

Durante la misma sesión, la Comisión de Asuntos Sociales también dictaminó positivamente el expediente 24.701, que busca garantizar el giro de recursos provenientes del impuesto al tabaco y del impuesto a dispositivos electrónicos de administración de nicotina hacia la Caja Costarricense de Seguro Social.

Según se expuso en la discusión legislativa, estos tributos se han convertido en una fuente relevante de financiamiento para proyectos de salud pública y para el sostenimiento de la seguridad social.

Sin embargo, algunos diputados cuestionaron la forma en que esos recursos se han transferido en los últimos años.

Durante el debate se señaló un supuesto incumplimiento en los traslados de fondos por parte del Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Salud, lo que podría comprometer la sostenibilidad financiera de la seguridad social.

De acuerdo con los datos mencionados en la comisión, la recaudación de estos impuestos aumentó entre 2022 y 2023, al pasar de aproximadamente ₡22 millones a ₡27 millones. No obstante, las transferencias realizadas habrían sido menores a los montos recaudados.

Para algunos legisladores, esa situación evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos legales que garanticen que esos recursos lleguen efectivamente a la Caja.

Diputados debatieron sobre el uso de los fondos recaudados por el impuesto a los vapeadores para financiar programas de salud y apoyar a la Caja Costarricense de Seguro Social.  (AP Foto/Marco Ugarte)
Diputados debatieron sobre el uso de los fondos recaudados por el impuesto a los vapeadores para financiar programas de salud y apoyar a la Caja Costarricense de Seguro Social. (AP Foto/Marco Ugarte)

Debate sobre el uso de impuestos ligados a la nicotina

La discusión también abrió un debate sobre el uso de los recursos provenientes de impuestos a productos de nicotina, en particular los dispositivos electrónicos de administración de nicotina, conocidos popularmente como vapeadores.

La diputada oficialista Ada Acuña manifestó su oposición al proyecto al señalar que, en su criterio, el país debería priorizar políticas más estrictas para eliminar estos dispositivos, en lugar de utilizarlos como fuente de financiamiento para otros programas.

Según indicó, las estadísticas sanitarias empiezan a mostrar efectos preocupantes en jóvenes, lo que a su juicio exige reforzar la regulación y el control sobre estos productos.

Próximo paso: el debate en el plenario

Tras recibir el dictamen favorable, el proyecto para trasladar parte del aporte patronal al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte deberá ahora superar el debate en el plenario de la Asamblea Legislativa de Costa Rica.

De aprobarse, la reforma representaría un cambio en la distribución de recursos dentro del sistema financiero estatal, con el objetivo de reforzar el principal fondo de pensiones del país.

La discusión se produce en un momento en que el futuro del sistema de pensiones se mantiene como uno de los temas centrales del debate económico y social en Costa Rica, debido a las advertencias sobre la necesidad de garantizar su sostenibilidad para las próximas décadas.

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