
El exministro de Justicia Jorge Iván Cuervo cuestionó en redes sociales el plan del Gobierno de construir 10 megacárceles y señaló el costo que, en su cálculo, tendría una iniciativa de esa dimensión. Su crítica se conoció después de que su sucesor, Iván Cancino, ratificó que la promesa de campaña del presidente Abelardo de la Espriella avanza en una etapa de planeación.
“Diez ‘mega cárceles’ como las de la Nueva Joya en Panamá, que parece ser el modelo a seguir, costarían alrededor de 5 billones. ¿Es la prioridad en tiempos de ajuste fiscal?”, expresó Cuervo, que lanzó un duro mensaje contra el actual titular de la cartera, que asistió a la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, el miércoles 16 de septiembre.
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El pronunciamiento de Cuervo, que lideró esta dependencia entre febrero y julio de 2026, abrió un debate sobre la viabilidad financiera de la propuesta penitenciaria, que el Ejecutivo presenta como parte de su estrategia de endurecimiento contra las estructuras criminales que operan desde los centros de reclusión en el territorio nacional.
Cancino aseguró que el Gobierno busca recursos para ejecutar el proyecto
Durante la presentación del presupuesto de su cartera ante la Comisión Primera de la Cámara, Cancino afirmó que el Gobierno trabaja en la forma de materializar el proyecto. “Vamos a construir cárceles y para eso se necesitan recursos. Ya hay un tema de planeación bastante abierto”, señaló el ministro, que hizo con ello una serie de claridades sobre el proyecto.
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En efecto, el titular de la cartera sostuvo que el programa no se limitará a la construcción de establecimientos de máxima seguridad. Según dijo, la política criminal debe combinar medidas de castigo para los que persistan en actividades ilegales con alternativas de resocialización y prevención, con los que espera hacer una combinación efectiva para combatir el delito.

“La política de mano dura contra el crimen y de no negociar no implica olvidarnos también de inversiones en sustitución de cultivos, en cárceles productivas”, destacó Cancino, que agregó que la cartera también contempla recursos para la Ley de Utilidad Pública, las casas de justicia y el tratamiento diferenciado a los internos que se acojan a procesos de reintegración.
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“El que no le gusta la ley, mano dura; el que quiere actuar dentro de ella o resocializarse, también le daremos las alternativas”, indicó el titular de la cartera, que definió el enfoque de su ministerio como uno de “responsabilidad fiscal misional” frente a esta iniciativa, que causó comentarios encontrados en las plataformas digitales frente a los alcances.
Gobierno aún no informó el costo, las sedes ni el cronograma de las obras
La propuesta de las megacárceles formó parte de la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella. El plan contempla la construcción de 10 centros penitenciarios en zonas apartadas, destinados a recluir a internos considerados de alta peligrosidad y a reducir, de esta forma, sus posibilidades de comunicación con organizaciones criminales fuera de prisión.
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El pasado lunes 14 de septiembre, el presidente sostuvo una reunión en Barranquilla con Cancino, la ministra de Transporte, Elsa Noguera, y representantes del sector constructor para dar los primeros pasos de la iniciativa. Hasta ahora, el Gobierno no divulgó las ubicaciones, el cronograma ni el costo oficial de los proyectos que se adelantarían en este asunto.
La administración ha planteado que los nuevos establecimientos se ubiquen fuera de los centros urbanos y cuenten con condiciones de seguridad que impidan que cabecillas o integrantes de organizaciones delictivas mantengan operaciones desde prisión. Y como dijo el jefe de Estado, “que no les llegue ni la señal de la Santa Cruz”, al momento de reubicarlo.
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La Nueva Joya de Panamá, la referencia para el proyecto
Frente a este asunto, Cuervo relacionó su estimación de 5 billones de pesos con el modelo de La Nueva Joya: un centro penitenciario de Panamá que ha sido mencionado como antecedente por empresarios interesados en participar en el proyecto, que ha tomado como referencia modelos de confinamiento de máxima seguridad, como el aplicado en El Salvador.
Durante la campaña, De la Espriella propuso que la construcción y administración de los centros se realizaran a través de concesiones privadas, con participación de capital nacional e internacional. Bajo esa fórmula, el Estado sería el encargado de aportarlos predios y los privados asumirían la inversión en infraestructura y operación logística de los establecimientos.
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