El caso se presentó en la vereda Buenos Aires (corregimiento de Pachelli), en zona rural de Tibú, Norte de Santander. - crédito @stephbatespress/IG
La situación de orden público en la subregión del Catatumbo (Santander y Norte de Santander) sigue siendo crítica, y así quedó comprobado en un video que se viralizó la mañana del martes 15 de septiembre, y en lo que sería un ataque perpetrado por hombres del ELN (Ejército de Liberación Nacional) en contra de la población civil, y en concreto, de campesinos.
Este nuevo hecho violento atribuido al grupo armado ilegal se presentó en la vereda Buenos Aires (corregimiento de Pachelli), en zona rural de Tibú, Norte de Santander.
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La angustia de los pobladores se expresa en medio de los diálogos y los movimientos sigilosos que realizan, antes de que uno de ellos advierta sobre la descarga del artefacto explosivo tan solo a escazos metros de donde se hallaban.
“¡Mami, sálgase del camino, para correr para allá para el rastrojo! Sálgase, sálgase. Para seguir corriendo para el tanque. Sálgase. Si la suelta, yo veo. Sí, sí, mami. Corre, que la soltó. Corre, que la soltó. Corre, que la soltó“, le dice el campesino a su compañera, antes de que se escuchara la detonación.
“¡¡¡Ay, poder, en nombre de Jesús. Ay, ay, Cristo bendito. Ay, Señor Jesús!!!" dice el hombre, mientras la mujer le contesta: “¿Y ahora?"
“Métase para acá a la sombrita, donde no nos vean”, le responde el campesino, que en medio de la arremetida armada, no se explica por qué la emprenden contra ellos. “No somos gente armada”, menciona el mismo hombre.
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“¿Está?” le vuelve a preguntar la mujer al hombre, sobre la presencia del dron en el aire, a lo que él afirma: “Sí, por ahí está”.

La zozobra de los presentes se concentra en una sola pregunta: “¿Y ahora qué hacemos?"
“Espere, espere, ya se va. Ya se va. Bueno, mientras que se va ahí carga, vámonos nosotros”, le dice el campesino a su compañera, que la apura para que tome unos zapatos, y en ese momento expresó con impotencia su rechazo por el ataque armado del ELN.
“Yo no sé qué será lo que no entienden esta gente viendo que somos civiles, gente trabajadora”, expresó el hombre en medio del desconsuelo.
Al final, el campesino expresó los motivos que lo llevaron a compartir la grabación que se hizo viral.
“Ay, Señor Jesús. Dios mío Santo, yo de igual manera este video lo voy a publicar con la intención de que le llegue esa gente, Dios mío, de que somos civiles, gente trabajadora, que estamos es trabajando, porque van a poner a tirarnos, a tirarnos bombas a nosotros”
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Al final, el hombre explica lo que vienen realizando en la zona, desligándose de cualquier actividad ilegal. “Estamos es trabajando aquí en el cacao, somos personas civiles, santísimo Dios. Si no corremos, nos caen encima. Ay, no, no, esta gente así, santísimo Dios, pero no sé por qué, por qué no miran quién es el que está acá”, concluye el campesino.

Colombia busca frenar los ataques con drones de grupos armados con un escudo de USD 1.680 millones
Los grupos armados y las organizaciones criminales en Colombia han incrementado el uso de drones comerciales para vigilancia, intimidación y ataques con explosivos, mientras el Gobierno de Abelardo de la Espriella avanza en la creación de un Escudo Nacional Antidrones para responder a esa amenaza. Esta iniciativa se desplegó desde la administración de Gustavo Petro.
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El problema no se limita a la compra de aparatos disponibles en el mercado. Las estructuras ilegales han aprendido a modificarlos para instalarles cámaras, granadas y explosivos, lo que les permite emplearlos en acciones contra la Fuerza Pública, comunidades y objetivos rivales, destacó un informe de Insight Crime.
Los drones de tipo cuadricóptero y los modelos de visión en primera persona, conocidos como FPV, pueden conseguirse por valores que oscilan entre USD 600 y USD 1.200 en Colombia y México, destacó el mismo portal especializado.
Después son adaptados para fines distintos a los previstos por los fabricantes.
Los ataques con drones aumentaron en municipios colombianos
La presencia de ataques con drones se expandió en Colombia entre 2024 y 2025. De acuerdo con datos de Armed Conflict Location and Event Data (ACLED), el número de municipios afectados pasó de 12 a 41 en ese periodo, mientras que los ataques ilegales crecieron de 38 a 149.
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El Gobierno colombiano anunció el 16 de enero de 2026 el proyecto Escudo Nacional Antidrones, con una inversión proyectada de USD 1.680 millones, equivalentes a cerca de $6,2 billones.
El programa busca detectar, rastrear e interceptar aeronaves no tripuladas que puedan representar una amenaza. La estrategia contempla la formación de personal de seguridad y la creación de una unidad militar especializada dentro del Ejército Nacional.

La primera fase recibió recursos por USD 271,1 millones. El entonces ministro de Defensa, Pedro Sánchez, afirmó que el objetivo era fortalecer el control del espacio aéreo y reducir los riesgos para civiles y uniformados.
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El ELN y las disidencias de las Farc usan drones en zonas de conflicto
Entre 2024 y 2025, Colombia registró 264 ataques con drones cargados con explosivos, atribuidos principalmente al Ejército de Liberación Nacional (ELN) y a disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc).
Según las estadísticas oficiales de las autoridades colombianas, esos ataques dejaron 15 militares muertos y 153 heridos. Las acciones se concentraron en regiones selváticas y montañosas asociadas con cultivos de coca y corredores de narcotráfico.
En el Catatumbo, las autoridades han advertido que unidades guerrilleras del ELN podrían usar drones con sensores térmicos para ampliar su capacidad de vigilancia durante el día y la noche.
Los grupos ilegales también pueden emplear varios drones de forma coordinada, una táctica conocida como ataque en enjambre. El sobrevuelo de estos aparatos sobre comunidades tiene, además, un efecto de intimidación y busca transmitir control territorial.
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El Gobierno busca afectar a operadores y rutas de ingreso

Las autoridades han informado sobre incautaciones de drones y operaciones contra personas especializadas en adaptar estos dispositivos.
Algunos de esos operadores han sido identificados como explosivistas con conocimientos para modificar aparatos comerciales e incorporarles artefactos explosivos.
La estrategia estatal también apunta a restringir las cadenas de suministro. Los controles se concentran en puntos de entrada como los puertos bajo jurisdicción de la Dirección Seccional de Aduanas de Cartagena y el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá.
La importación de drones mediante servicios postales y envíos urgentes enfrenta restricciones adicionales. Sin embargo, persisten vacíos legales y dificultades para controlar la compra de aparatos que tienen usos civiles legítimos.
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El principal reto para el Escudo Nacional Antidrones está en la evolución de la tecnología. Lo anterior se debe a que las autoridades han detectado el desarrollo de drones operados con fibra óptica, un sistema que puede evitar los mecanismos tradicionales de interferencia electrónica.
La expansión de estos dispositivos confirma que los drones dejaron de ser una amenaza ocasional en el conflicto colombiano.
Su uso por parte de grupos armados y redes criminales obliga a las autoridades a combinar tecnología, inteligencia, controles de importación y operaciones contra quienes los adaptan para fines violentos.
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