Presupuesto que dejó el Gobierno Petro para el 2027 está desfinanciado en más de $30 billones, aseguró José Manuel Restrepo: “Una tronera fiscal”

La Contraloría General y el vicepresidente electo José Manuel Restrepo coincidieron en un diagnóstico que concentra la discusión fiscal de 2027: el proyecto de Presupuesto General llega al Congreso con una brecha de $30,2 billones, más peso de la deuda y menos margen real para que el próximo gobierno ejecute gasto nuevo.

El organismo de control pidió ajustar apropiaciones o garantizar ingresos ciertos, mientras el equipo entrante habló de una “tronera fiscal” que condicionará el arranque de la administración de Abelardo de la Espriella.

“En materia fiscal, hemos encontrado una delicadísima evolución de los datos de las finanzas públicas del país. Una tronera fiscal de casi $30 billones en el presupuesto de 2027, un aumento en el gasto por deuda cuando siguen estancados los gastos de inversión y los ingresos, a juicio de la Contraloría, no son ciertos, donde hay una enorme necesidad de un ajuste en materia de gasto público”, dijo Restrepo.

El dato más pesado del tramo final del empalme no estuvo solo en el faltante presupuestal. Restrepo aseguró que las mesas técnicas también detectaron obras inconclusas que requerirían $54 billones para rescatarse y proyectos por $214.000 millones que calificó como irrecuperables.

El proyecto presupuestal prevé recursos por $575,7 billones para 2027, frente a ingresos estimados por $545,4 billones. En paralelo, el gobierno saliente confía en una reforma tributaria radicada la semana pasada, con la que espera recaudar $21,9 billones.

Restrepo habló al cierre de 62 mesas técnicas de trabajo con la Contraloría sobre el estado en que el nuevo gobierno recibirá las finanzas públicas. “Son preocupaciones de fondo para el gobierno entrante”, sostuvo. El vicecontralor Carlos Silgado respondió que el diagnóstico entregado fue “técnico” y que “no tuvo ninguna connotación política”.

La alerta central de la Contraloría no se limita al tamaño del faltante, sino a la composición del gasto. El organismo advirtió que el crecimiento del presupuesto se explica sobre todo por el servicio de la deuda, mientras inversión y funcionamiento permanecen prácticamente estancados.

La cifra más visible está en ese componente: el pago de deuda pasaría de $100,4 billones a $118 billones, un aumento de 17,5%. La inversión, en cambio, solo subiría 0,5%, hasta $89,9 billones.

La Contraloría sostuvo que esa estructura “aumenta la presión sobre las finanzas públicas” y reduce la capacidad del Estado para atender nuevas necesidades. También señaló que los ingresos totales caerían 0,9% frente a 2026 y que los ingresos corrientes bajarían de $337,3 billones a $325,8 billones, una reducción de 3,4%.

José Manuel Restrepo dijo que el presupuesto de 2027 está desfinanciado porque “está fijado en $575,6 billones y solo contempla ingresos por $545,4 billones”. A partir de esa relación, planteó una consecuencia política y administrativa para el nuevo gobierno: recibirá una carga financiera mayor y un espacio presupuestal más estrecho para maniobrar.

El empalme sumó alertas en transporte, energía e inclusión social

El vicepresidente electo afirmó que las preocupaciones identificadas con la Contraloría se concentran en transporte, minas y energía, agricultura, inclusión social e infraestructura. Según su versión, la información entregada muestra problemas que podrían afectar la gestión desde el inicio del mandato.

En transporte, Restrepo puso el foco en la ejecución de 2025. “Durante 2025 la ejecución real de los recursos apenas alcanzó el 13%”, dijo, y atribuyó ese resultado a una falta grave de planeación y ejecución.

A esa baja ejecución agregó un riesgo contingente para la Nación. Según explicó, cambios en las reglas de juego podrían derivar en controversias y reclamaciones fiscales por cerca de $14 billones.

En el frente energético, el diagnóstico se trasladó a la caja. Restrepo advirtió sobre un riesgo de liquidez por deudas acumuladas en subsidios de energía y gas que ascienden a aproximadamente $5,6 billones e incluyen obligaciones con empresas del sector eléctrico y distribuidoras de gas.

Sobre esa misma materia, formuló la advertencia más directa del empalme sectorial. “Solo se ha cumplido el 25% de las obligaciones de este año en materia de subsidios y no existen recursos para cubrir el resto”, afirmó.

Restrepo también señaló un faltante de cerca de $3,2 billones para garantizar la continuidad del programa Adulto Mayor. En programas de atención a la primera infancia, cuestionó contrataciones de personal que, según la Contraloría, no tendría el perfil adecuado para esa labor y afirmó: “Esto es aberrante porque los niños deben ser sagrados en nuestro país”.

La Contraloría repite una advertencia que ya hizo en tres vigencias

El organismo de control subrayó que la observación sobre el presupuesto no es nueva. Recordó que durante las tres últimas vigencias presupuestales ha identificado riesgos estructurales relacionados con la financiación del gasto y con la inclusión de apropiaciones sin respaldo suficientemente asegurado.

En el trámite del presupuesto de 2026, el 19 de agosto de 2025, la entidad ya había advertido sobre la incertidumbre de las fuentes de financiación. En ese momento señaló que parte del plan de gasto descansaba en una reforma tributaria que finalmente no se materializó.

La Contraloría insistió ahora en el mismo criterio: cada partida debe tener una fuente clara y cierta de recursos. Si eso no ocurre, el Congreso tendrá que ajustar el gasto para preservar la sostenibilidad fiscal y evitar que la brecha se traslade a la ejecución del presupuesto.

El proyecto concentra las mayores apropiaciones en Educación Nacional, Salud y Protección Social y Trabajo, con $79,03 billones, $77,20 billones y $52,31 billones, respectivamente. Entre los ministerios de mayor tamaño, Defensa registra el mayor incremento frente a 2026, con 16,8%.

La advertencia de la Contraloría no terminó en el presupuesto nacional. El organismo alertó que el Sistema General de Regalías enfrenta un recaudo inferior al esperado, apropiaciones bloqueadas y una menor capacidad para sostener inversión territorial.

La reducción impactaría a 1.030 municipios y a los 32 departamentos, además de entidades del orden nacional que dependen de esos recursos para ejecutar proyectos. La entidad advirtió que esa menor disponibilidad puede generar insuficiencia de caja, afectar pagos a contratistas y retrasar obras y servicios esperados por las comunidades.

La propia entidad incluyó un riesgo institucional en ese frente. Explicó que parte de la financiación de la planta especializada encargada de vigilar las regalías depende de esos mismos recursos, de modo que una caída de esa fuente también debilitaría su capacidad de control.