SIC formuló cargos contra las compañías Enel y Celsia: asegura que habrían “inflado” los precios de la energía

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) sorprendió al sector eléctrico colombiano al anunciar un pliego de cargos contra las compañías Enel Colombia, AES Colombia y Celsia, tres de las principales generadoras de energía del país.

La acción fue comunicada en la mañana del martes 4 de agosto y surge tras identificar posibles maniobras que habrían alterado el proceso de fijación de precios de la energía en el mercado mayorista.

“La Superintendencia de Industria y Comercio, en ejercicio de sus funciones como Autoridad Nacional de Protección de la Competencia, formuló pliego de cargos contra ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P., AES COLOMBIA & CIA. S.C.A. E.S.P. y CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P., al encontrar elementos de juicio que permiten inferir, de manera preliminar, la posible realización de conductas tendientes a limitar la libre competencia económica en el Mercado de Energía Mayorista (MEM)”, señala el comunicado.

Según la información oficial, el origen de la investigación se remonta a una denuncia presentada el 11 de enero de 2022 por el Ministerio de Minas y Energía. En ese momento, el ministerio alertó sobre incrementos “significativos” en el precio de la energía negociada en la Bolsa, lo que motivó una revisión detallada de la actividad de estas empresas entre 2022 y 2025.

El análisis técnico y económico realizado por la Superintendencia identificó presuntos patrones inusuales en las ofertas de precio presentadas por las empresas investigadas. De acuerdo con el comunicado, las generadoras habrían ofertado precios reiteradamente elevados, sin una justificación técnica, económica u operativa clara, incluso cuando sus embalses estaban llenos en un 90% o más de su capacidad útil.

El hecho adquiere relevancia porque, en condiciones de abundancia hídrica, la regulación prevé que los precios de la energía hidráulica deberían aproximarse a los mínimos establecidos.

Así, la SIC no encontró razones objetivas que expliquen el comportamiento observado y decidió avanzar con la investigación administrativa para determinar si se infringieron normas de libre competencia.

La Bolsa de Energía funciona como referencia para el precio de las transacciones de corto plazo en el mercado mayorista. Por esta razón, cualquier distorsión en su funcionamiento repercute en los costos que pagan millones de usuarios y empresas en Colombia.

“Las conductas investigadas habrían tenido la capacidad de afectar el proceso competitivo mediante el cual se forma el precio de la energía en la Bolsa”, señaló la SIC en su comunicado.

Entre las posibles consecuencias, se menciona que el hecho podría haber reducido la participación de la generación hidráulica y favorecido tecnologías más costosas, impactando la eficiencia del mercado y el bienestar de consumidores y agentes del sistema eléctrico.

El ente de control señaló que si las empresas presentan precios altos sin razón justificada, existe el riesgo de que los costos para los usuarios aumenten y de que la asignación de recursos no sea eficiente, afectando tanto la economía como la confianza en el sector.

“Las conductas investigadas habrian tenido la capacidad de afectar el proceso competitivo mediante el cual se forma el precio de la energia en la Bolsa. En particular, habrían podido reducir la participación de generación hidráulica en el despacho, favorecer el ingreso de tecnologías con mayores costos relativos e introducir señales de precio que no reflejarían las condiciones objetivas de disponibilidad del recurso hídrico”, señaló la SIC.

El procedimiento continúa y, de confirmarse las irregularidades en el proceso administrativo, podrían establecerse sanciones y medidas para restablecer la competencia en el sector. La SIC enfatiza que actúa como garante imparcial, comprometida con el rigor técnico y el debido proceso.

La entidad advirtió que su labor contribuye al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, como garantizar energía asequible y fortalecer la confianza institucional.

“Su protección promueve una asignación más eficiente de los recursos, fortalece la confianza en los mercados y en las instituciones, incentiva la inversión, la innovación y la productividad, y contribuye a que los beneficios del crecimiento económico, la transición energética y el desarrollo sostenible lleguen efectivamente a todos los ciudadanos”, conluyó la entidad.