A tres días de la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella, se conoció que el exprocurador Alejandro Ordóñez sería nombrado por el próximo gobierno como embajador.
El ex alto funcionario que en 2013, destituyó e inhabilitó al entonces alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, por la crisis del modelo de basuras en la capital del país, representará al país ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), informó Blu Radio.
Cabe recordar que Ordóñez conoce bien el cargo, puesto que entre 2018 y 2022, durante el gobierno del expresidente Iván Duque, desempeñó labores diplomáticas ante la misma organización internacional. Durante ese período encabezó la posición del país en debates regionales sobre defensa de la democracia, la crisis de Venezuela y derechos humanos.
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Ese antecedente es uno de los elementos centrales de su posible nombramiento: no se trataría de un debut diplomático, sino del retorno de un funcionario con experiencia previa en el mismo organismo. La señal política también sería nítida: el nuevo gobierno escogería para un cargo estratégico a una figura ya probada en ese escenario.
Ordóñez es abogado de la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga y ha ocupado varios cargos en el sector público. Fue concejal de Bucaramanga, magistrado del Tribunal Administrativo de Santander, presidente del Consejo de Estado y procurador general de la Nación entre 2009 y 2016.
Su paso por la Procuraduría General de la Nación estuvo marcado por una intensa actividad disciplinaria y por decisiones de alto impacto político. Esa gestión le dio respaldo en sectores afines, pero también generó controversias por el alcance de sus determinaciones.
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La posible designación refuerza el perfil conservador del nuevo gobierno
En 2016, el Consejo de Estado anuló su reelección como procurador al considerar que hubo irregularidades en el proceso mediante el cual fue escogido para un segundo período. Esa decisión puso fin a su permanencia en el Ministerio Público.
A lo largo de su trayectoria, Ordóñez ha sido identificado por posiciones conservadoras sobre el aborto, la eutanasia, el matrimonio entre personas del mismo sexo, la adopción por parejas homosexuales y el proceso de paz con las extintas Farc. Esas posturas lo convirtieron en una figura influyente dentro de sectores políticos y religiosos cercanos a esa visión.
Procuraduría exige a exprocurador Alejandro Ordóñez el pago de más de $1.000 millones por sanción a Piedad Córdoba
El exprocurador Alejandro Ordóñez podría ser condenado a pagar $1.674.000.000 a la Procuraduría por la sanción disciplinaria que impuso en 2010 contra Piedad Córdoba y que después fue anulada por el Consejo de Estado- Este proceso volvió a moverse tras años de inactividad y apunta a una decisión en el primer semestre de 2026.
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Una parte central de la disputa es el dinero que ya salió de las cuentas del organismo: $1.435.000.000 consignados el 27 de diciembre de 2017 a la familia de Córdoba. Esa suma corresponde al pago ordenado tras la nulidad de la sanción y es la base que la entidad busca recuperar.
El expediente cobró nuevo impulso cuando el Consejo de Estado envió en dos días cinco oficios a distintas entidades para recaudar pruebas. La lista de destinatarios incluye a la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General, el Banco Popular, y el Juzgado 13 Penal Municipal de Bogotá.
El objetivo de esas actuaciones es reunir los elementos necesarios para adoptar una decisión definitiva durante el primer semestre de 2026. Aunque en 2021 el caso parecía listo para fallo, una anotación de la apoderada de Ordóñez indicó que todavía faltaban etapas procesales.
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La demanda de reparación, presentada por el máximo organismo del Ministerio Público, pide que se declare al exprocurador responsable por culpa grave. En concreto, cuestiona los fallos disciplinarios con los que Ordoñez destituyó e inhabilitó a Córdoba y solicita que sea condenado a reintegrar los $1.674 .000.000 con indexación e intereses.
La defensa de Ordóñez está encabezada por la exmagistrada y exministra de Justicia Ruth Stella Correa. Su postura es agotar todas las instancias legales y rechazar cualquier conciliación, porque aceptar un arreglo equivaldría, según sostiene, a reconocer responsabilidad.
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