Un informe de la Contraloría General de la República, entregado al equipo de Abelardo de la Espriella, abrió una transición marcada por advertencias sobre el frente fiscal.
El vicepresidente electo José Manuel Restrepo calificó como “aberrantes” los rezagos y riesgos fiscales identificados, luego de que el órgano de control presentara los resultados de 62 mesas técnicas celebradas durante julio.
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El diagnóstico revela un panorama crítico en sectores clave como transporte, energía, tierras y programas sociales, con deudas, baja ejecución y riesgos de liquidez que, según las nuevas autoridades, comprometen la estabilidad financiera del país.
Un empalme sin precedentes y hallazgos graves
En lo que Restrepo describió como “un hecho histórico en la vida democrática de Colombia”, la Contraloría y el gobierno entrante sostuvieron 62 mesas técnicas para trazar el estado real de las finanzas públicas.
El ejercicio, según explicó el vicecontralor Carlos Enrique Silgado, respondió a un enfoque técnico, preventivo y objetivo, ajeno a intereses políticos. “El órgano de control no interviene como actor político, ni como parte de ningún Gobierno”, aseguró durante la presentación pública del informe.
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El nuevo Ejecutivo recibió dos informes técnicos con diagnósticos, auditorías y líneas de seguimiento. De acuerdo con Restrepo, la información recibida “demuestra la irresponsabilidad del Gobierno saliente” y coloca a la administración entrante frente a retos inmediatos.
Transporte y energía en cifras rojas
Uno de los principales rezagos señalados corresponde al sector transporte. Restrepo afirmó que la ejecución real en 2025 fue de apenas 13%, atribuyendo este resultado a falta de planeación y ejecución. “Quedó papable una profunda irresponsabilidad”, sostuvo. Además, advirtió sobre controversias jurídicas y pleitos de inversión que podrían representar reclamaciones fiscales cercanas a $14 billones para la Nación.
El sector de minas y energía enfrenta un riesgo severo de falta de liquidez por el incumplimiento en el giro de subsidios de gas y energía, con deudas acumuladas por casi $5,6 billones, de los cuales $2,9 billones corresponden a la empresa Air-e. Restrepo enfatizó que este escenario genera un riesgo sistémico en un contexto desafiante debido al fenómeno de El Niño.
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La Contraloría, por su parte, detalló que únicamente se ha cubierto el 25% de los subsidios programados para el 2026, dejando sin financiación el 75% restante. Esta situación exigirá al nuevo gobierno gestionar recursos adicionales para cumplir con esos compromisos.
Reforma agraria estancada y programas sociales en riesgo
El informe también puso en evidencia los bajos niveles de cumplimiento en la reforma agraria. La meta gubernamental planteaba entregar 1,5 millones de hectáreas, pero el avance registrado llega apenas al 18%. Además, unas 45.500 familias recibieron predios sin títulos formales, lo que impide garantizar seguridad jurídica sobre esas tierras.
En el sector social, la Contraloría alertó que harían falta cerca de $3,2 billones para asegurar la financiación del programa Adulto Mayor. Restrepo señaló, además, que en atención primaria se detectó el uso de contratistas que, a juicio del órgano de control, no son competentes para atender a la primera infancia. “Esto es aberrante, porque los niños deben ser sagrados en nuestro país”, expresó el vicepresidente electo.
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Elefantes blancos y déficit fiscal en el horizonte
El empalme reveló la existencia de obras inconclusas —los llamados “elefantes blancos”— que requerirían inversiones cercanas a los $54 billones para ser rescatadas. Restrepo subrayó que también existen proyectos considerados irrecuperables por aproximadamente $214.000 millones.
El informe de la Contraloría advierte que el Presupuesto General de la Nación para 2027 presenta un faltante cercano a los $30 billones. Además, proyecta un incremento en el gasto destinado al pago de la deuda y señala que las proyecciones de ingresos no se ajustan a la realidad fiscal. Ante este escenario, Restrepo sostuvo que “hay una enorme necesidad de un ajuste en materia de gasto público”.
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Riesgos y prioridades para el nuevo gobierno
La revisión realizada por la Contraloría, en la que participaron delegados sectoriales y ministros designados, entregó al gobierno electo un mapa completo de los riesgos fiscales, financieros y administrativos que deberá sortear a partir del 7 de agosto.
“La Contraloría General reafirma la responsabilidad de transmitir el conocimiento construido para que cada nueva administración no comience desde cero. Los gobiernos cambian, las administraciones terminan, las prioridades evolucionan; pero el Estado permanece”, afirmó el vicecontralor Silgado ante medios.
El diagnóstico consolidado durante las mesas técnicas deja al descubierto un panorama que, según Restrepo, “enciende las alertas sobre el manejo de los recursos públicos” y obliga a la nueva administración a tomar decisiones urgentes para evitar un deterioro aún mayor de la situación fiscal del país.
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