La Contraloría alertó por el millonario ‘descuadre’ que le dejaría Gustavo Petro a Abelardo de la Espriella en el Presupuesto de 2027

El proyecto del Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2027 llegó al Congreso de la República con una advertencia de la Contraloría General de la República (CGR): presenta una desfinanciación de $30,2 billones. La entidad advirtió que gran parte del gasto se concentra en el servicio de la deuda pública y que los recursos para inversión y funcionamiento permanecen estancados. También alertó sobre riesgos en el Sistema General de Regalías por menor recaudo, bloqueo de apropiaciones y reducción de la capacidad de inversión, con efectos sobre 1.030 municipios, 32 departamentos, proyectos, obras y servicios.

Por eso, el organismo pidió respaldar “cada apropiación con ingresos ciertos” o ajustar el gasto para preservar la sostenibilidad fiscal. También reclamó que la discusión legislativa conduzca a un “presupuesto técnicamente financiado, responsable y capaz de cumplir los compromisos del Estado”.

La advertencia, según el análisis del ente de control, se repitió en las tres últimas vigencias presupuestales: PGN 2024, 2025 y 2026. En el periodo, la Contraloría identificó riesgos estructurales asociados a la financiación del presupuesto. Además, insistió en que el PGN debe sustentarse en ingresos ciertos y no en supuestos. También pidió aumentar la inversión en vez de reducirla y mantener coherencia con el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP).

La deuda gana espacio mientras la inversión se estanca

El antecedente más reciente quedó planteado el 19 de agosto de 2025, durante el trámite del PGN 2026. Entonces, la Contraloría advirtió que “el principal riesgo fiscal del proyecto residía en la incertidumbre sobre las fuentes de financiación previstas”. En la revisión, el organismo señaló que el Gobierno nacional “volvió a planear el presupuesto con base en una reforma tributaria que no se materializó”.

Además, alertó sobre el crecimiento sostenido de los gastos de funcionamiento por encima del crecimiento esperado de la economía y pidió medidas más efectivas de racionalización y eficiencia del gasto público. Uno de los puntos que más preocupa al ente de control es la composición del proyecto para 2027. El gasto aumenta principalmente por el servicio de la deuda pública, mientras los recursos para inversión y funcionamiento permanecen “prácticamente estancados”.

Dicha composición incrementa la presión sobre las finanzas públicas y reduce el margen para impulsar el desarrollo. A eso se suma que los ingresos estimados disminuyen frente a la vigencia anterior y cae la participación de los ingresos corrientes.

Dentro de las entidades con mayor apropiación aparecen:

• Ministerio de Educación Nacional: $79,03 billones.
• Ministerio de Salud y Protección Social: $77,20 billones.
• Ministerio del Trabajo: $52,31 billones.

Frente a 2026, el Ministerio de Defensa Nacional registra la mayor variación entre las entidades de mayor tamaño, con un alza de 16,8%. En contraste, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público reduce su asignación 3,6% y la Rama Judicial 0,6%. Para la Contraloría, ese panorama exige mayor prudencia fiscal y suficiencia en los ingresos que respaldan el gasto proyectado.

Recortes más severos del proyecto de presupuesto

Los ajustes más fuerte recaen sobre:

• Fondo Adaptación: el presupuesto cae 89,1%. Pasa de $548.673 millones en 2026 a $60.030 millones en 2027.
• Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd): registra una reducción de 88,5%. Su asignación baja de $7,05 billones a $812.544 millones.
• Ministerio de Igualdad y Equidad en liquidación: con una caída de 62,4%.
• Fondo Nacional de Vivienda (Fonvivienda): recorte de 58,8%.
• Agencia Nacional de Hidrocarburos: una disminución de 50,6% frente a 2026.

La Contraloría incluyó estos recortes en su diagnóstico general del proyecto. Su advertencia es que la caída de los ingresos y la mayor dependencia de otras fuentes de financiación reducen aún más el margen presupuestal.

Menos regalías, más presión sobre el control fiscal

A la brecha del PGN se suma la situación del Sistema de Regalías. La Contraloría alertó sobre un recaudo por debajo de lo previsto, el bloqueo de apropiaciones y la disminución de la capacidad de inversión en los territorios. Ese escenario compromete proyectos, obras y servicios. También afecta a 1.030 municipios, a los 32 departamentos y a entidades del orden nacional que en este segundo semestre dejarán de recibir recursos para ejecutar proyectos.

El organismo explicó que los ingresos del sistema dependen principalmente de la explotación de hidrocarburos y minerales. La reducción de esos recursos genera insuficiencia de caja en múltiples entidades territoriales y pone en riesgo obras, pagos a contratistas y servicios esperados por las comunidades.

La presión alcanza además a la propia capacidad de vigilancia de la Contraloría General de la República. El organismo que lidera Carlos Hernán Rodríguez apuntó que “la mayor paradoja es evidente: cuando los recursos escasean y requieren mayor vigilancia, también se debilita la capacidad institucional para protegerlos”.

Según la Contraloría, la financiación de la planta de personal especializada en vigilancia y control de los recursos del Sistema General de Regalías depende de esa misma fuente. Si esos recursos disminuyen, también se limita la capacidad operativa para ejercer un control oportuno y efectivo. La advertencia se confirma con otro mensaje del ente de control: “Una supervisión más tardía incrementa el riesgo de daño al patrimonio público”.

La observación acompaña el balance de gestión sobre regalías entre el 1 de septiembre de 2022 y el 1 de junio de 2026. En ese periodo, la Contraloría:

• Abrió 706 procesos de responsabilidad fiscal por más de $2,014 billones y 677 indagaciones preliminares.
• Emitió 881 decisiones de fondo, de las que 293 fueron imputaciones de responsabilidad fiscal y 154 fallos con responsabilidad fiscal por más de $273.838 millones.
• Recuperó $85.000 millones en recursos de regalías y más de $5.000 millones en resarcimientos. Además, el organismo auditó 2.028 proyectos financiados con esos recursos y 4.791 solicitudes ciudadanas.
• De esas actuaciones surgieron 1.549 hallazgos fiscales por más de $4,4 billones.
• Trasladó 2.140 hallazgos a la Procuraduría General por presunta incidencia disciplinaria y 423 a la Fiscalía General de la Nación.

Con ese panorama, la discusión del presupuesto de 2027 queda ligada a la exigencia de cerrar la brecha con bases fiscales sólidas. Para la Contraloría, esa decisión debe definir un presupuesto financiado, sostenible y con capacidad real para responder a los compromisos del Estado.