Gloria Arizabaleta confirmó a Luis Gustavo Moreno como su abogado en proceso que adelanta la Corte Suprema: así insistió en su inocencia

La exrepresentante a la Cámara Gloria Arizabaleta anunció en la tarde del lunes 3 de agosto de 2026 que atenderá los requerimientos de la justicia y confirmó al abogado Luis Gustavo Moreno, exfiscal anticorrupción y apoderado de Sneyder Pinilla, involucrado en el escándalo de la Unidad Nacional de la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), como su abogado ante la Corte Suprema.

Frente a la investigación que adelanta la Sala de Instrucción, la excongresista vallecaucana y exesposa del excandidato presidencial Roy Barreras informó que comparecerá ante las autoridades y sostuvo que buscará proteger sus garantías procesales en este mediático expediente.

Uno en el que resultó mencionado el abogado del saliente presidente de la República Gustavo Petro, Alejandro Carranza.

“He conferido poder al abogado Luis Gustavo Moreno Rivera, quien asumirá mi defensa técnica y ejercerá las actuaciones necesarias para garantizar el respeto de mi presunción de inocencia, el derecho a la defensa y el debido proceso”, expresó la exparlamentaria, que acudirá a los llamados judiciales con disposición de colaboración para responder frente a los delitos que serían endilgados.

¿Qué investiga la Corte Suprema?

En el caso en el que está relacionada Arizabaleta, la Sala de Instrucción abrió una investigación formal contra la mujer por su presunta participación en una red de extorsión, prevaricato y tráfico de influencias desde la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes. El proceso también abarca la presunta revelación de secreto, al filtrar resoluciones de índole privado.

La Corte indaga si desde esa instancia se ejercieron presiones contra el Gobierno para obtener dinero, cargos públicos y favores. Entre los funcionarios mencionados figuran el ministro de Hacienda, Germán Ávila, y la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Nhora Mondragón, que habrían sostenido reuniones con la política, en un encuentro el 20 de febrero en la Casa de Nariño.

En el proceso, la Procuraduría la suspendió de forma provisional a Arizabaleta y la Corte citó a la excongresista a rendir indagatoria para el 2 de septiembre de 2026. Además, las autoridades allanaron su residencia el pasado 16 de julio e incautaron material probatorio, con el fin de avanzar en las pesquisas sobre lo que habrían sido sus actuaciones como titular de la Comisión de Acusaciones.

Los hechos que detonaron la investigación en contra de Gloria Arizabaleta

El caso tomó fuerza a partir de una decisión firmada el 10 de junio de 2026. Ese día, Arizabaleta, entonces presidenta de la Comisión de Acusaciones, emitió un auto que suspendía en forma provisional al presidente Petro por presunta participación en política; aunque la medida se modificó en la misma jornada, al señalar que primero debía ser discutida y votada por los miembros de la comisión.

La Corte investiga, con base en un expediente de 46 páginas, si esa actuación hizo parte de una presión para torcer el curso de procesos contra el Gobierno. El documento del alto tribunal, que se conoció a través de los medios, también relaciona lo que sería un ultimátum del 8 de junio de 2026, en el que se habría planteado por parte de la excongresista llevar al mandatario a juicio si no se negociaba.

La investigación da cuenta de al menos cuatro reuniones clandestinas, en las que se habrían tramitado las presiones que ahora revisa la Corte Suprema. La primera de ellas se efectuó en octubre de 2025, y las subsiguientes el 27 de enero, con un desayuno en la residencia de Arizabaleta; otra en febrero y la ya citada del 8 de junio, en una reconocida cadena de gastrobares de la capital de la República.

Alejandro Carranza, abogado del presidente Petro, aparece en el expediente como el denunciante principal y testigo clave. En su versión, el letrado sostuvo que Arizabaleta lo buscó en forma insistente para que actuara como intermediario ante el Gobierno y relató cómo en una de las reuniones la excongresista le dijo que “había que negociar” para evitar cualquier consecuencia jurídica que afectara al jefe de Estado.

Carranza también afirmó que ella amenazó con mover votos de otros congresistas para abrir un juicio formal al mandatario por la supuesta violación de topes si no se atendían sus exigencias. Así pues, el expediente menciona al menos tres encuentros privados entre ambos, en los que, de acuerdo con el abogado, las peticiones de la mujer habrían sido expresadas, incluso, con calificativos de grueso calibre.

También incluye un chat del 20 de febrero en el que Arizabaleta le habría enviado a Carranza el borrador de un auto inhibitorio antes de que fuera oficial. Frente a este suceso, el defensor de Gustavo respondió a los cuestionamientos por el tiempo que tardó en denunciar, al afirmar que al comienzo los acercamientos eran de cortesía y “disimulados”, pero luego se tornaron agresivos.