Colombia paga a sus congresistas la remuneración más alta de América Latina y también registra una de las mayores brechas frente al salario mínimo de los trabajadores.
Senadores y representantes reciben cerca de $52 millones mensuales brutos, unos USD 16.275, en un escenario que reactivará el debate sobre un nuevo intento de recorte salarial en el Capitolio.
La distancia con el resto de la región no es menor. Según una investigación de Cambio, México y Uruguay aparecen detrás con ingresos cercanos a USD 9.500 mensuales, mientras Brasil paga 46.366 reales, equivalentes a unos 9.120 dólares, a sus 81 senadores y 513 diputados federales.
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Ese contraste no se limita a la comparación regional. La remuneración de los legisladores colombianos supera la de parlamentarios de países como Japón y se ubica por encima de varios congresos de economías desarrolladas; solo algunos, como el de Estados Unidos, con unos 14.500 dólares mensuales, quedan por encima.
Los 50 senadores de Chile reciben USD 8.747 mensuales y los 155 diputados perciben cerca de 8.239.000 pesos chilenos, alrededor de USD 8.600.
En Argentina, el esquema cambia según la cámara. Los 72 senadores reciben un salario bruto cercano a 11,9 millones de pesos argentinos, equivalentes a unos USD 8.000 mensuales, mientras los 257 diputados ganan alrededor de 7,3 millones de pesos argentinos, cerca de USD 4.876.
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En la parte baja del ranking figuran Paraguay, Perú, Ecuador y Bolivia. Los legisladores paraguayos reciben cerca de USD 6.272 mensuales; en Perú, los ingresos ascienden a unos USD 6.150; en Ecuador, los 151 asambleístas ganan alrededor de USD 4.759 y Bolivia cierra la lista con unos 3.379 dólares para senadores y diputados.
La brecha con el salario mínimo también deja a Colombia en la parte más alta
La comparación con el salario mínimo cambia la escala, pero no la posición de Colombia. Un senador o representante de la actual legislatura recibe una remuneración bruta equivalente a 26 salarios mínimos legales vigentes, en un país que, de acuerdo con el Banco Mundial, se mantuvo en 2025 junto a Sudáfrica entre los de mayor desigualdad de ingresos.
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Brasil incluso supera a Colombia en esa relación. Con un ingreso mínimo de 1.621 reales, sus senadores y diputados ganan 28,60 veces ese valor, una proporción casi idéntica a la de Perú, donde los congresistas reciben cerca de 28,32 veces el salario mínimo mensual fijado en 1.130 soles peruanos para 2026.
La distancia también es alta en Argentina y Chile. En el Congreso argentino, los senadores reciben 25,5 salarios mínimos y los diputados cerca de 19; en Chile, con un ingreso mínimo mensual de 553.553 pesos, la remuneración de senadores y diputados equivale a cerca de 15 salarios mínimos.
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Ecuador y Bolivia quedan en el otro extremo de la medición. Los asambleístas ecuatorianos ganan cerca de 9,8 salarios mínimos, mientras los legisladores bolivianos reciben una remuneración equivalente a seis salarios mínimos.
El intento de recorte por decreto fue frenado y el debate vuelve al Capitolio
La comparación internacional vuelve más visible la posición colombiana. Según el medio citado, los miembros del Bundestag alemán reciben una remuneración cercana a USD 13.458 mensuales, mientras en España los diputados perciben un salario base de 3.366 euros al mes.
El salario no agota el esquema de beneficios en Colombia. Cada congresista dispone además de un presupuesto equivalente a 50 salarios mínimos mensuales para conformar su Unidad de Trabajo Legislativo, junto con tiquetes aéreos para viajar entre Bogotá y sus regiones durante las sesiones y recursos para cubrir transporte ligado a su agenda legislativa.
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Así mismo, el medio informó que congresistas del Pacto Histórico preparan una nueva iniciativa para reducir la remuneración de senadores y representantes y fijar nuevos límites salariales para los 291 legisladores del país. El proyecto reaparece después de una larga cadena de intentos fallidos: al menos 15 iniciativas han llegado al Capitolio desde comienzos de este siglo sin convertirse en ley.
La razón de ese bloqueo ha sido siempre la misma. Son los propios congresistas los que deben decidir sobre una eventual reducción de su salario, y esa condición ha impedido que prosperen las propuestas para cerrar la diferencia con el ingreso de la mayoría de trabajadores.
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Ante esa dificultad, el gobierno de Gustavo Petro expidió en enero de 2026 un decreto que eliminó la prima especial de servicios de los congresistas. Con esa decisión buscaba recortar de un solo golpe un componente cercano a 18 millones de pesos dentro de la remuneración mensual.
La medida fue presentada semanas después del aumento del salario mínimo como un intento de alinear el régimen salarial de los legisladores con criterios de equidad y sostenibilidad fiscal. La intención era que la remuneración mensual pasara de 55 a 37 millones de pesos.
El Consejo de Estado dejó sin efectos el decreto después de estudiar al menos seis demandas presentadas por abogados cercanos a congresistas. Mientras esas acciones se resolvieron en tiempo récord, la demanda contra el decreto de 2013 que creó la prima especial que el Gobierno buscaba eliminar sigue, 13 años después, sin una decisión de fondo.
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