El gobierno electo de Abelardo de la Espriella solicitó al Banco Agrario suspender la aprobación de decisiones de alto impacto económico durante el proceso de transición presidencial, tras advertir sobre denuncias recibidas por el equipo de empalme relacionadas con posibles operaciones que se estarían impulsando en los últimos días de la actual administración.
La petición quedó consignada en el comunicado #215, divulgado este 28 de julio de 2026 por la oficina de prensa del presidente electo.
En el documento se hace un llamado al presidente de la entidad, a la junta directiva y a los altos directivos para que “se abstengan de aprobar, recomendar o autorizar operaciones que puedan comprometer el patrimonio de la entidad, alterar las políticas de administración del riesgo o generar conflictos de interés durante este período de transición”.
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Aunque el comunicado no detalla cuáles serían las operaciones que generan preocupación, el nuevo gobierno aseguró que la advertencia surge por las “múltiples informaciones y denuncias recibidas por el equipo de empalme sobre posibles decisiones de alto impacto económico”.
Además, pidió que ningún servidor del banco sea presionado para respaldar actuaciones que no cumplan con los procedimientos internos. En ese sentido, señaló que “ningún funcionario del Banco Agrario sea objeto de presiones, intimidaciones o instrucciones encaminadas a recomendar operaciones que no cuenten con los requisitos técnicos establecidos por la entidad”.
El gobierno electo también instó a la administración saliente a respetar la independencia de las áreas técnicas y cumplir estrictamente los manuales internos de crédito, administración de riesgos y auditoría.
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Asimismo, destacó que el Banco Agrario “es uno de los principales instrumentos para financiar el desarrollo rural colombiano y su solidez y reputación deben resguardarse en beneficio de los colombianos y del desarrollo del campo”.
El pronunciamiento concluyó con un llamado a los funcionarios de la entidad para actuar con responsabilidad y ética durante el proceso de empalme, reiterando el compromiso de la próxima administración con la transparencia y la protección del patrimonio público.
Alertan por contratos que comprometerían recursos hasta 2029
El llamado al Banco Agrario coincide con una investigación publicada por El Tiempo, según la cual, a menos de dos semanas del cambio de gobierno, varias entidades estatales estarían acelerando procesos contractuales por cerca de $3 billones, cuyos compromisos se extenderían hasta 2029.
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De acuerdo con la publicación, las adjudicaciones involucran ministerios, fondos, empresas estatales y agencias nacionales, lo que ha generado inquietud entre organismos de control, expertos y el equipo de empalme del presidente electo.
Uno de los procesos señalados corresponde al Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía (Fenoge), que adelanta una licitación por $165.000 millones para desarrollar sistemas solares fotovoltaicos dentro del programa Colombia Solar.
Según la investigación, una denuncia presentada ante organismos de control advierte sobre posibles irregularidades en el diseño del proceso, al señalar que los pliegos incluirían criterios subjetivos que favorecerían a determinados proponentes y limitarían la libre competencia.
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Entre los principales cuestionamientos figura el requisito del cupo de crédito. El Tiempo sostiene que conceptos jurídicos y técnicos iniciales de Fenoge consideraban que ese requisito no podía otorgar puntaje por ser contrario a la normativa.
Sin embargo, posteriormente habría sido incorporado mediante una adenda expedida por el director ejecutivo de la entidad, Brayan Giraldo Ruiz, asignándole cinco puntos dentro de la evaluación de las propuestas.
Fontur, Colpensiones y licitaciones de vigilancia también están bajo revisión
Las alertas también alcanzan al Fondo Nacional de Turismo (Fontur). El equipo de empalme solicitó información sobre la contratación adelantada entre 2022 y 2026 para verificar posibles anomalías relacionadas con la concentración de contratos en determinados grupos empresariales, la conformación de uniones temporales y la aprobación acelerada de proyectos durante la transición.
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Otra de las adjudicaciones observadas corresponde a Colpensiones, que, según el cronograma citado por El Tiempo, tiene previsto firmar el 6 de agosto, un día antes de la posesión presidencial, un contrato de interventoría por $15.462 millones para supervisar la migración de su centro de datos.
Ese contrato hace parte de un proyecto tecnológico valorado en $223.000 millones, cuya ejecución se extendería hasta diciembre de 2029. La investigación ide
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