La Superintendencia de la Economía Solidaria afirmó que Droguerías La Rebaja seguirá operando en Colombia, aunque concluyó que Copservir, la cooperativa que administra más de mil establecimientos de la cadena, ya no es financieramente viable bajo su esquema actual y arrastra una estructura de costos que, de mantenerse, podría llevarla al cierre en el corto plazo.
El diagnóstico incluye un déficit mensual de $4.300 millones y advierte que, para cubrirlo de inmediato, la cooperativa tendría que elevar sus ventas brutas en 22%, un salto que el informe califica como “matemáticamente imposible” en el escenario actual de intervención y desabastecimiento.
Según la Superintendencia de la Economía Solidaria, las versiones sobre un eventual cierre de La Rebaja son falsas porque el problema identificado no recae sobre la continuidad del negocio comercial, sino sobre la situación financiera de Copservir.
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La aclaración la hizo la superintendenta María José Navarro Muñoz, que diferenció la operación de la cadena de la salud económica de la cooperativa que hoy la administra.
“Quiero ser muy clara con esto: esto no es cierto. Los análisis técnicos que hemos realizado no concluyen que el negocio de La Rebaja sea inviable. Lo que hemos evaluado es la situación de la cooperativa que administra actualmente la cadena y son dos cosas completamente distintas”, afirmó.
Copservir es la cooperativa encargada de administrar comercialmente la red, que supera los mil puntos en el país, pero la entidad sostuvo que no es propietaria de Droguerías La Rebaja.
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Su operación se desarrolla mediante un contrato de preposición sobre bienes administrados por el Estado, derivados del proceso de extinción de dominio adelantado contra los antiguos propietarios de la cadena.
Copservir cerró 2025 con una pérdida de $79.091 millones
El informe firmado por Navarro Muñoz, elaborado con base en el Informe de Valoración de Deterioro y en el Plan de Salvamento Financiero presentado por el agente especial Carlos Andrés Peña Cañón, señala que Copservir terminó 2025 con una pérdida acumulada de $79.091 millones. El documento también reportó un ROE de -53,59% y un capital de trabajo negativo de $5.631 millones al cierre del año.
Para cubrir ese deterioro, la cooperativa usó la Reserva de Protección de Aportes Sociales por $10.210 millones en 2024 y por $35.083 millones en 2025. La Superintendencia indicó que ese mecanismo fue diseñado para proteger el patrimonio y no para financiar la operación corriente del negocio.
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El análisis oficial concluyó que la inviabilidad de la cooperativa proviene de una combinación de compromisos laborales y financieros pactados sobre proyecciones de ingresos que nunca se cumplieron.
La entidad atribuyó parte central del problema a la convención colectiva vigente y a una estructura administrativa que ha impedido aplicar ajustes suficientes para sostener las finanzas.
La Superintendencia sostuvo que esa situación se arrastra desde 2016, cuando se produjo el primer fallo de extinción de dominio. En su evaluación, la cooperativa dejó de ser sostenible bajo la configuración contractual heredada de la administración anterior, que fue removida en el marco de la toma de posesión.
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La auditoría detectó pagos sin soporte y contratos sin transparencia competitiva
La auditoría forense de Baker Tilly, contratada durante la intervención, detectó desembolsos por beneficios extralegales sin soporte de productividad en periodos con Ebitda negativo.
También identificó contratos con terceros relacionados cuya selección no cumplió estándares de transparencia competitiva, lo que elevó los costos operativos por encima del promedio del mercado minorista farmacéutico.
El informe agregó que existen faltantes no justificados en inventarios y discrepancias entre los saldos en libros y las existencias reales en los puntos de venta. Para la entidad, esos hallazgos sugieren fallas graves en los controles de seguridad y en la auditoría interna bajo la administración removida.
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La crisis de liquidez también llevó a una caída de la prueba ácida hasta 0,26 en 2025. El organismo explicó que la cooperativa ha vendido inventario sin reponerlo para poder cubrir la nómina sindicalizada, una práctica que redujo la disponibilidad de medicamentos y deterioró aún más la capacidad de generar caja.
“La cooperativa sobrevive mediante el desabastecimiento de inventarios. En consecuencia, esto configura una liquidación lenta y desordenada del negocio”, advirtió el informe oficial.
La falta de liquidez para atender el servicio de la deuda expone a Copservir a procesos ejecutivos masivos por parte de entidades financieras y proveedores.
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La Superintendencia añadió que varios proveedores farmacéuticos endurecieron las condiciones de crédito o suspendieron despachos ante la pérdida de solvencia, lo que profundiza el circuito en el que sin medicamentos no hay ventas y sin ventas no hay caja.
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