Así se verán afectados los trabajadores colombianos con las nuevas medidas que presentará el Gobierno Petro el 20 de julio

Seis proyectos de ley laborales llegarán al Congreso de la República el 20 de julio 2026 por instrucción del presidente Gustavo Petro, según anunció el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino. El paquete se radicará durante la instalación del nuevo periodo legislativo y en los días siguientes, con el objetivo de ampliar derechos laborales y fortalecer la protección de los trabajadores en Colombia.

Sanguino explicó que las iniciativas hacen parte de la agenda del Gobierno para promover el trabajo digno y la formalización del empleo. También agregó que los proyectos apenas comenzarán su trámite legislativo y que deberán ser discutidos y aprobados por el Congreso.

Además, sostuvo que, aunque la actual administración está por terminar, el Ministerio del Trabajo acompañará el trámite de las iniciativas en el Congreso junto con los congresistas de la denominada Alianza por la Vida del Pacto Histórico.

Los seis proyectos laborales que alista el Gobierno

El núcleo de la agenda es una lista de seis proyectos con efectos sobre distintos frentes de la legislación laboral. Son los siguientes:

• Estatuto del Trabajo y Salario Vital: el Gobierno busca otorgar rango de ley al cálculo del salario vital. La propuesta plantea que ese cálculo tenga en cuenta el costo real de necesidades básicas de una familia. Se menciona alimentación, vivienda, salud, educación, transporte y otros gastos esenciales, con la meta de que el ingreso de los trabajadores cubra condiciones mínimas de bienestar.
• Reforma a la composición de las Juntas de Calificación de Invalidez: el cambio busca modificar la integración de los organismos encargados de determinar la pérdida de capacidad laboral.
• Sistema sancionatorio de la Superintendencia del Subsidio Familiar: el objetivo es fortalecer las herramientas de vigilancia y control de esa entidad. La actualización del sistema sancionatorio buscaría reforzar el control sobre las cajas de compensación y demás entidades relacionadas con el sistema. La intención es garantizar un mejor cumplimiento de las obligaciones frente a los trabajadores afiliados.
• Ratificación de convenios internacionales de la OIT: en ese bloque el Gobierno incluyó el Convenio sobre el Trabajo Marítimo (MLC) y el Convenio 187, este último relacionado con seguridad y salud en el trabajo. Fijaría estándares mínimos, derechos básicos y mecanismos de protección para quienes trabajan en actividades marítimas.
• Ratificación del Convenio 193 de la OIT: orientado a regular el trabajo digno en plataformas digitales. Establecería principios para promover condiciones laborales dignas para repartidores, conductores y otros trabajadores vinculados a ese tipo de servicios. Se trata de una modalidad de empleo que ha crecido de manera importante en los últimos años.
• Jornal y contrato agrario: el Gobierno busca impulsar la formalización y garantizar condiciones de trabajo decente para los trabajadores del campo. Busca promover el acceso a derechos laborales y avanzar hacia empleos más estables y con mayores garantías para quienes desarrollan actividades agropecuarias.

El trámite legislativo que arranca el 20 de julio

Todas las iniciativas iniciarán su recorrido en el Congreso desde el 20 de julio. Solo entrarán en vigor si el Legislativo las aprueba y luego el Gobierno las sanciona, por lo que por ahora siguen en fase de discusión.

La actual administración busca dejar listo ese proceso antes del posicionamiento del gobierno de Abelardo de la Espriella. En ese tramo final, el Ministerio del Trabajo prevé seguir de cerca la discusión de cada proyecto en el Capitolio con apoyo de la bancada oficialista.

Otros proyectos de ley

Otros proyectos de ley que presentará el Gobierno Petro son:

• Nueva reforma tributaria: el Ejecutivo propondrá una nueva reforma tributaria, la quinta en los últimos años, con el objetivo de aumentar la recaudación fiscal para reducir el déficit y asegurar la estabilidad financiera del país. El proyecto, que aún no se ha divulgado en detalle, apunta a recaudar cerca de $23 billones y se enfocará en aumentar los impuestos para personas y empresas con mayores ingresos y patrimonios, incluyendo recursos en paraísos fiscales vinculados a actividades ilícitas.

• Prohibición del fracking: el Gobierno presentará un proyecto de ley para prohibir de forma definitiva el fracking en Colombia, buscando impedir la explotación de yacimientos no convencionales mediante fracturación hidráulica. Esta iniciativa, elaborada por los ministerios de Minas y Energía y de Ambiente, se enmarca en la transición hacia energías más limpias. El oficialismo sostiene que el país debe reducir su dependencia de combustibles fósiles y proteger los ecosistemas, argumentando que el fracking representa riesgos para el agua y las comunidades.
• Formalización de la minería de subsistencia y pequeña escala: el Centro Democrático impulsará un proyecto para formalizar la minería de pequeña escala. Se propone un proceso gradual en tres fases que facilitaría a los pequeños mineros pasar de la informalidad a la legalidad, con permisos temporales y de transición, acompañamiento técnico y ambiental, y la posibilidad de obtener una licencia ambiental definitiva tras cumplir los requisitos establecidos.