La Agencia Tributaria española recurrió al Tribunal Supremo para revertir un fallo que en abril anuló una deuda de 55 millones de euros contra Shakira, y la decisión reaviva un debate que ya supera con creces el caso de la cantante colombiana: hasta dónde pueden llegar los inspectores fiscales para rastrear la vida de un contribuyente.
La disputa gira en torno al año fiscal 2011. La Audiencia Nacional concluyó que las propias autoridades solo acreditaron 163 días de permanencia de Shakira en España, por debajo del umbral legal de 183 días que determina la residencia fiscal.
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El tribunal también rechazó que su tiempo en el extranjero pudiera computarse como “ausencias esporádicas”, dado que Hacienda nunca probó primero que España fuera su residencia habitual.
La artista, que actuó el domingo 19 de julio en el espectáculo de medio tiempo de la final del Mundial entre España y Argentina, celebró el fallo de mayo con un comunicado en el que afirmó haber sobrevivido a “brutal difamación pública” y declaró que “nunca hubo fraude”.
El método de investigación, en el banquillo
Lo que la Agencia Tributaria pide ahora al Supremo no es solo revocar esa sentencia: busca que el alto tribunal unifique criterio sobre qué pruebas puede usar Hacienda para establecer la residencia de un contribuyente.
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Los métodos empleados en el caso —reconstruir los movimientos de la cantante a partir de registros de tarjetas de crédito, citas en salones de belleza y fotografías de seguidores— se convirtieron en el centro de la polémica pública. La defensa de Shakira los calificó de intrusivos y presentó, entre otras pruebas, un certificado de residencia fiscal emitido por Bahamas en 2016, donde argumentó que vivía desde 2007.
Lo que decida el Supremo fijará el estándar de lo que Hacienda puede exigir a cualquier persona para demostrar dónde vive. Eso afecta a miles de contribuyentes, no solo a celebridades.
La presión sobre los inspectores desde adentro
La controversia no se limita a los métodos externos. Los propios inspectores llevan años denunciando que la Agencia prioriza las regularizaciones fáciles sobre los grandes fraudes complejos, que según ellos quedan desatendidos.
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A ese problema se suma una crisis de personal: la mitad de los 26.000 empleados de la Agencia se jubilará en 2032 y las contrataciones no logran compensar las salidas, según José María Peláez, expresidente de la asociación de inspectores.
La asociación de asesores fiscales Aedaf fue más lejos y cuestionó el sistema de retribución variable. Tras años de litigio, obtuvo fallos judiciales que obligaron a Hacienda a revelar la fórmula de cálculo de los incentivos: alrededor del 20% del salario del personal depende, en parte, de los niveles de ingresos recaudados colectivamente.
“El problema radica en vincular el incentivo al importe de la obligación tributaria”, afirmó Bernardo Bante, presidente de Aedaf. “Ni un solo euro de la remuneración por rendimiento debería estar ligado al valor de un ajuste fiscal”.
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La Agencia rechazó que el sistema carezca de transparencia y señaló que ningún inspector recibe una comisión individual por deuda cobrada. La asociación de inspectores añadió que el componente vinculado a la recaudación es mínimo y se comparte entre grupos, no entre individuos.
Un organismo en medio de la tormenta política
La salida de Soledad Fernández Doctor como directora general de la Agencia alimentó especulaciones sobre su posible relación con las negociaciones del gobierno en torno al modelo de financiación de Cataluña, o con investigaciones a un expresidente. Tanto ella como el Ejecutivo negaron cualquier vínculo.
Tras el nombramiento de su sucesor, la asociación de inspectores le pidió públicamente que protegiera al organismo de “injerencias externas”.
El ministro de Hacienda, Arcadi España, respondió a las críticas más amplias calificándolas de “campaña de desprestigio” y advirtió contra quienes tratan el pago de impuestos como un robo.
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