Directora de la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz denunció penalmente a Abelardo de la Espriella por presunta instigación y hostigamiento

La directora de la Unidad de Implementación del Acuerdo Final de Paz (Uiafp), Gloria Cuartas, presentó el miércoles 15 de julio una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación contra el presidente electo, Abelardo de la Espriella, por las presuntas conductas de hostigamiento agravado, injuria e instigación a delinquir, relacionadas con manifestaciones públicas dirigidas contra Rodrigo Londoño Echeverri y las personas firmantes del Acuerdo Final de Paz de 2016.

El documento, dirigido a la fiscal general, Luz Adriana Camargo Garzón, también hace referencia a presuntos actos de violencia de género contra Pilar Rueda Jiménez, esposa del excandidato presidencial Iván Cepeda y funcionaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

En la denuncia, Cuartas señala que actúa tanto en calidad de ciudadana como de funcionaria y sustenta su actuación en el artículo 67 de la Ley 906 de 2004. En el texto sostiene que los hechos denunciados deben ser investigados debido al contexto de violencia que, según expone, continúa afectando a quienes firmaron el acuerdo de paz.

“Me permito poner en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación una serie de hechos que, por su gravedad y por el contexto persistente de violencia que afecta la población firmante del Acuerdo Final de Paz de 2016, ameritan el inicio de las investigaciones penales a que haya lugar, así como la adopción de medidas que, en el marco de sus competencias constitucionales y legales, resulten necesarias para contribuir a la protección de la vida, la integridad y la seguridad de las y los firmantes de paz y sus familias, y a las distintas formas organizativas que los representan”, señala el documento.

Las solicitudes elevadas a la Fiscalía

Dentro del capítulo de peticiones, la directora de la Uiafp solicitó que la Fiscalía inicie de manera inmediata la apertura de una indagación e investigación penal contra Abelardo de la Espriella por los presuntos delitos de hostigamiento agravado, injuria e instigación a delinquir, además de considerar el incremento de los riesgos para la población firmante del Acuerdo.

Asimismo, pide practicar pruebas técnicas relacionadas con las declaraciones públicas difundidas el 14 de julio de 2026, incluyendo la preservación y análisis forense del contenido audiovisual y la verificación de su propagación en plataformas digitales.

Otra de las solicitudes consistió en coordinar con la Subdirección Especializada de Seguridad y Protección de la Unidad Nacional de Protección y con la Jurisdicción Especial para la Paz la actualización de la matriz de riesgo de Rodrigo Londoño Echeverri y de los colectivos de reincorporación que, según la denuncia, podrían resultar afectados.

La funcionaria también solicitó que se compulsen copias de la denuncia a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y, por su conducto, a otras autoridades como la Corte Constitucional, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y la Jurisdicción Especial para la Paz, con el fin de que evalúen las manifestaciones señaladas frente al principio de independencia judicial.

En relación con Pilar Rueda Jiménez, la denuncia pide investigar las expresiones dirigidas en su contra y valorar la adopción de medidas de sensibilización, prevención, atención y protección previstas en la legislación vigente sobre violencia contra las mujeres.

La acción penal fue radicada después de que la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz emitiera un comunicado en el que respondió a los anuncios del Gobierno entrante relacionados con la eliminación de esa dependencia y de otras entidades creadas para ejecutar el Acuerdo Final de Paz de 2016.

En ese pronunciamiento, la entidad sostuvo que el acuerdo constituye una política de Estado y no un compromiso de un gobierno en particular, al señalar que cuenta con estabilidad y seguridad jurídica reforzada mediante el Acto Legislativo 02 de 2017, declarado exequible por la Corte Constitucional en la Sentencia C-630 de 2017.

En el comunicado también sostuvo que las autoridades públicas no pueden desconocer esos compromisos mediante decisiones administrativas de reestructuración. En ese sentido, la entidad manifestó que los anuncios sobre una eventual reorganización institucional “generan un ambiente de tensión, miedo e incertidumbre, afectan la seguridad jurídica y son propicios para ocasionar daños morales y psicológicos, así como riesgos para la integridad personal de los firmantes del Acuerdo Final”.