Organizaciones de derechos humanos pidieron a De la Espriella reconsiderar la eliminación de consejerías: “Deja muchas incertidumbres”

Bajo la premisa de que se debe tomar el camino de la austeridad, el presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, informó que eliminará cerca de 229 cargos del Estado para ahorrar $10.000 millones anuales, aproximadamente.

Eso quiere decir que varias entidades, agencias y consejerías dejarán de funcionar en su administración, que empieza el 7 de agosto de 2026, y sus responsabilidades pasarían a ser asumidas por funcionarios de los ministerios del Interior, de Relaciones Exteriores y de Defensa.

“Voy a transformar la estructura de la Presidencia en un centro de coordinación ejecutiva, con una planta de personal sin corbatas y sin cargos para pagar favores políticos ni cuotas burocráticas. Ahora será una estructura austera, eficiente y orientada a los resultados”, precisó el jefe de Estado entrante en un video publicado en sus redes sociales.

De la Espriella hizo un listado de varias entidades que eliminará en su Gobierno, entre ellas, la Consejería Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, la Consejería Presidencial para la Reconciliación Nacional, la Consejería Comisionada de Paz y la Unidad de Implementación del Acuerdo Final de Paz. Esta decisión generó indignación y preocupación entre varias organizaciones que defienden los derechos humanos.

Por medio de un comunicado, las Plataformas nacionales de Derechos Humanos y búsqueda de la Paz, que están agrupadas en la Coordinación Colombia – Europa – Estados Unidos, la Alianza de Organizaciones Sociales y la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, rechazaron el anuncio del presidente electo de Colombia.

A juicio de las organizaciones, la decisión de De la Espriella de eliminar las consejerías es “desafortunada”, teniendo en cuenta que la misionalidad de los ministerios que acogerían sus funciones no se enfoca precisamente en superar la problemática de la violencia ni en proteger de los derechos humanos.

“Suprimir entidades que por varias décadas han ocupado un lugar central para la interlocución y concertación de acuerdos sociales, así como el impulso de políticas públicas para la vigencia de los Derechos Humanos, en un Estado que sigue adoleciendo de garantías sustanciales para los mismos, deja muchas incertidumbres para la convivencia y la dignidad del pueblo colombiano en los próximos años”, advirtieron las organizaciones en la comunicación oficial.

Según indicaron, las consecuencias de la eliminación de las consejerías serán nefastas para la población, que tendrá que enfrentarse a la violación de derechos y a la restricción de sus libertades.

Asimismo, recordaron que la Consejería Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario es esencial, porque está encargada de coordinar la implementación de un Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos, el cual fue solicitado por las Naciones Unidas hace más de 30 años.

“En lugar de eliminar la Consejería Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, el Estado colombiano requiere elevar la jerarquía de los Derechos Humanos dentro del entramado institucional, de manera que se articulen efectivamente todos los organismos involucrados en la superación de la actual crisis humanitaria”, aseguraron.

Por otro lado, advirtió sobre el riesgo que correría el país de no cumplir con lo pactado en el Acuerdo de Paz de 2016, firmado entre el Estado colombiano y las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc). Esto, debido al freno que le pondría De la Espriella a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y de la Unidad de Implementación del Acuerdo Final.

Las organizaciones rechazaron el hecho de que el presidente electo pretenda trasladar la misionalidad de estas entidades a un Comisionado Nacional de Seguridad. Afirmaron que esta decisión “desvirtúa” la política de paz y podría derivar en afectaciones a la oposición.

En consecuencia, las plataformas solicitaron al Gobierno entrante reconsiderar las medidas que tomará para reducir el gasto público y mantener la estructura institucional actual. “Invitamos a la comunidad internacional a que observe con atención el desarrollo de esta situación y vele por el cumplimiento de las obligaciones constitucionales e internacionales de Colombia en materia de Derechos Humanos y Paz”, indicaron.