FBI y EE. UU. toman medidas contra ciudadanos colombianos por falsa acusación de abuso sexual y amenazas a ciudadano estadounidense

El Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) y autoridades estadounidenses han activado medidas estrictas contra un grupo de ciudadanos colombianos identificados como responsables de difundir una acusación falsa de abuso infantil contra un empresario estadounidense.

El incidente ocurrió en un conjunto residencial ubicado en el barrio Navarra, en la localidad de Usaquén, al norte de Bogotá, la tarde del domingo 14 de junio, en un caso en el que se pronunció hasta el jefe de Estado Gustavo Petro.

Según confirmó el Gobierno de Donald Trump, las personas involucradas enfrentarán la cancelación de sus visas, una disposición que podría extenderse también a sus familiares directos.

El caso comenzó con un rumor local que señalaba al ciudadano estadounidense de abuso infantil mientras tramitaba la adopción de tres hermanos colombianos menores de edad.

La acusación se viralizó rápidamente, y las autoridades colombianas, incluyendo la Fiscalía General de la Nación y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), después de investigar, desmintieron la versión y confirmaron la legalidad del proceso de adopción.

La propagación del video y los mensajes en redes sociales desencadenó un intento de linchamiento en el barrio y amenazas que cruzaron fronteras, alcanzando incluso a la familia y el entorno laboral del acusado en Estados Unidos.

El abogado de la familia afectada, Fabio Humar, explicó que el FBI contactó a la embajada estadounidense en Colombia tras conocerse la gravedad de las amenazas.

“Sobre el involucramiento de las autoridades americanas: sí, en efecto, hemos sabido del interés que, lamentablemente, despertó este caso. La viralización de la noticia hizo que llegara hasta Estados Unidos, donde se toman muy en serio la seguridad de sus ciudadanos. Es apenas normal que las autoridades de allá quieran saber qué pasó y quiénes son los responsables de tan terrible evento”, señaló el jurista defensor de Gail.

Fue tal lo que provocó el incidente que a través de las redes sociales que la empresa donde trabaja el padre del ciudadano estadounidense recibió presiones y amenazas, con exigencias de despido basadas en la acusación falsa de pedofilia, pese a los desmentidos oficiales.

Además, la defensa ha recopilado más de 400 mensajes relacionados con los responsables del incidente y está en marcha la recolección de videos de cámaras de seguridad para individualizar a los autores.

En paralelo a la cancelación de visas, el abogado Humar informó que se presentarán denuncias penales y civiles en Colombia contra los responsables identificados.

El objetivo es que respondan no solo ante la justicia, sino también con su patrimonio, por los daños causados a la vida y honra del ciudadano estadounidense y su familia.

“Las consecuencias no se limitarán a la cancelación de visas. Presentaremos denuncias formales y buscaremos la reparación integral por el daño generado”, advirtió el abogado.

El caso ha escalado en el ámbito político porque entre las personas que serán demandadas figura el presidente Gustavo Petro, que publicó en su cuenta de X un mensaje en el que refería al ciudadano como “el pedófilo estadounidense es de Texas y de derecha en los EE. UU. Aquí se muestra la doble moral y la manipulación del electorado”.

La defensa argumenta que el mensaje, emitido en medio de un ambiente de alta polarización electoral, amplificó la acusación y contribuyó a la viralización del rumor, incluso después de que las autoridades judiciales desmintieran la versión.

Aunque Petro publicó después un extenso comunicado que algunos interpretaron como una rectificación parcial, la defensa anunció que el mandatario será incluido en las acciones legales.

Por todo lo anterior, las autoridades estadounidenses han destacado la gravedad del caso por dos factores principales: el riesgo real para la vida del ciudadano durante el intento de linchamiento en Bogotá y las amenazas recibidas por su familia y entorno laboral en Estados Unidos.

El Gobierno Trump, en coordinación con el FBI, ha reiterado que la seguridad de sus nacionales en el exterior es una prioridad y que cualquier tentativa de difamación o agresión a sus ciudadanos puede acarrear consecuencias diplomáticas y legales.

“El daño ya está hecho. Ahora buscamos que la justicia, tanto en Colombia como en Estados Unidos, establezca las responsabilidades correspondientes”, sostuvo el abogado Humar.