La Fiscalía General de la Nación anunció que imputará cargos a ocho personas presuntamente vinculadas con una red transnacional dedicada al contrabando de ropa femenina y accesorios, en el caso Lili Pink.
La audiencia está programada para el miércoles 24 de junio en Bogotá, en una nueva etapa de una investigación que ya suma más de una década de seguimiento por parte de las autoridades.
Los señalados y los delitos imputados
El ente acusador detalló que los procesados son:
- Max Marvin Abadi
- David Max Abadi Homsani
- Malaquilla Bismar Hernández
- Lorena Bernal Castro
- Myriam Luz de las Mercedes Sánchez Laguna
- Jonnatan Villamil Soler
- Luz Adriana López López
- Merlín Roxana Mendoza Arias
A cada uno se le imputarán, según su posible grado de participación, los delitos de concierto para delinquir con fines de contrabando, contrabando, lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
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Esta decisión surge de la Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales de la Fiscalía, que radicó la solicitud de audiencia ante jueces de control de garantías. La investigación se centra en la supuesta existencia de una organización criminal que habría operado en varios países desde 2013 hasta la fecha.
Cómo funcionaba la supuesta red de contrabando
De acuerdo con los documentos judiciales, la red habría utilizado empresas fachada en Panamá y Colombia para ingresar grandes volúmenes de mercancía, principalmente ropa femenina, juguetes y productos cosméticos, evadiendo controles aduaneros y tributarios.
El dinero recaudado, producto de la comercialización de estos bienes, terminaba en cuentas controladas por las mismas estructuras en el exterior, lo que permitió a la Fiscalía sustentar el cargo de lavado de activos.
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La Fiscalía indicó que se habrían constituido empresas importadoras de papel para simular operaciones legales.
“Para lograr su objetivo criminal, fueron constituidas empresas en la República de Panamá y en Colombia, controlando la totalidad de la operación, desde su ingreso al territorio aduanero nacional a través de importadoras de papel, hasta su distribución, para finalmente enviar los dineros obtenidos, producto de esta comercialización ilegal de mercancía de contrabando, nuevamente a las empresas panameñas controladas por la misma organización delictiva”, afirmó la fiscal del caso.
El trasfondo del caso Lili Pink
La investigación se originó tras una denuncia presentada por la Dirección de Grandes Contribuyentes de la Dian, que puso en conocimiento de las autoridades posibles actos delictivos relacionados con sociedades del grupo Fast Moda S.A.S., propietaria de las tiendas Lili Pink y su filial Yoi.
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Ambas marcas se posicionaron como referentes en el mercado nacional de ropa y accesorios, pero ahora enfrentan el escrutinio de la justicia por su presunta relación con actividades ilícitas.
En una de las audiencias previas, la Fiscalía expuso que las empresas asociadas al grupo comercial venían operando desde más de 13 años, vendiendo productos en distintos establecimientos del país.
Además, la estructura habría ocultado la identidad de los verdaderos beneficiarios económicos detrás de las empresas, asignando cargos de representación legal y administración a personas con funciones operativas menores.
Primeros procesados y hallazgos en la investigación
El avance de la investigación ya dejó un primer imputado: Walter Martínez Martínez, señalado de haber manejado siete empresas fachada relacionadas con el entramado de mercancía irregular.
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Martínez fue enviado a prisión preventiva por orden del juez 62 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá el 14 de mayo. Durante el proceso, se reveló que una de las sociedades, Moda Mundo Importaciones S.A.S., había sido constituida en 2018 con domicilio inicial en Barranquilla y luego trasladada a San Juan del Cesar, La Guajira. Al intentar verificar la dirección registrada en el RUT, la Dian constató que correspondía a un lote baldío, lo que llevó a la suspensión de la calidad aduanera de la firma.
“Intentando, entonces, desdibujar la responsabilidad de quienes tienen el control financiero de la empresa criminal. Pues, como se verá, quienes figuran constituyendo las entidades y fungiendo como representantes legales son, en realidad, personas con cargos operativos, como conductores, operarios, tesoreros y abogados”, expuso la Fiscalía en audiencia.
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