La Fiscalía de Vida de Zipaquirá radicó este 2 de junio de 2026 una imputación por el delito de homicidio culposo contra los docentes Emely Fuentes y Danny Javier Ochoa Prada, en el proceso de la investigación por la muerte de Valeria Afanador, la menor con sindrome de Down que desapareció y posteriormente fue hallada sin vida en un río de Cajicá, cerca del Gimnasio Campestre Los Laureles.
La decisión fue confirmada mediante una respuesta oficial de la Fiscalía a la familia de la víctima, en la que se indica que la actuación será presentada ante los jueces con función de control de garantías de Cajicá.
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Según la investigación, los dos docentes tenían a su cargo la vigilancia y protección de la menor al momento de los hechos, razón por la cual el ente acusador decidió avanzar con la imputación en su contra por presuntas omisiones relacionadas con el caso.
Familia cuestionó exclusión de la rectora
La decisión fue divulgada por Julián Quintana, abogado de la familia Afanador, quien celebró el avance judicial, aunque expresó su desacuerdo con el alcance de la imputación.
“Los niños en Colombia son intocables. El caso de Valeria Afanador es un caso de honor, no solamente para su familia, para mí como su abogado, sino para todos los colombianos”, afirmó.
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El jurista explicó que la Fiscalía les notificó que radicaría la audiencia de imputación contra dos de los responsables de la supervisión de la menor.
“La Fiscalía nos informó que este martes radicará la audiencia de imputación por el delito de homicidio culposo contra dos docentes que tenían a su cargo la vigilancia y seguridad de nuestra pequeña. Se trata de Danny Ochoa, familiar de la rectora del colegio, Sonia Inés Ochoa Ochoa, y de Emilce Fuentes”, manifestó.
Sin embargo, Quintana aseguró que la familia no comparte la decisión de dejar por fuera de la imputación a la rectora de la institución.
“Debo destacar la inconformidad de la familia Afanador con la fiscal asignada del caso, porque ha dejado por fuera a una de las personas que creemos es la mayor responsable en este caso y es la rectora del colegio”, señaló.
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Asimismo, indicó que continuarán impulsando actuaciones judiciales para ampliar las responsabilidades dentro del proceso.
“Vamos a exigir que también sea imputada y vamos también a insistir en que las demás personas que esta representación ha identificado como posibles responsables también comparezcan ante la justicia”, agregó.
Fiscalía abrió línea de investigación por presuntos asuntos ambientales
La respuesta oficial de la Fiscalía también confirmó la apertura de una investigación relacionada con posibles afectaciones ambientales derivadas de la ubicación del plantel educativo.
La familia había solicitado conocer si existían compulsas de copias por investigaciones y sanciones ambientales vigentes contra el Gimnasio Campestre Los Laureles.
Sobre este punto, la Fiscalía informó que ya compulsó copias para que se investiguen posibles irregularidades ambientales relacionadas con el funcionamiento de la institución educativa y confirmó la apertura de una investigación sobre ese aspecto.
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Según Quintana, esta decisión está relacionada con la ubicación del colegio dentro de la ronda del río donde fue encontrada la menor.
“El ente acusador también decidió compulsar copias para que se investiguen delitos ambientales, por encontrar que el colegio está dentro de la ronda del río, provocando un grave peligro para los estudiantes de la institución”, sostuvo.
La actuación abre un frente adicional de investigación que busca establecer si existieron irregularidades relacionadas con el funcionamiento de la institución educativa en una zona ambientalmente protegida.
El hallazgo del cuerpo y las dudas sobre la investigación marcaron el caso
La muerte de Valeria Afanador estuvo rodeada de interrogantes desde el inicio. Durante más de dos semanas, organismos de socorro, voluntarios y familiares participaron en intensas jornadas de búsqueda en la zona del río Frío y sus alrededores, luego de que la menor desapareciera tras asistir a clases en el Gimnasio Campestre Los Laureles el 12 de agosto del 2025.
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El cuerpo de la niña fue encontrado 18 días después por un campesino en un sector que, según la familia, ya había sido inspeccionado en varias ocasiones por las autoridades. Posteriormente, Medicina Legal concluyó que la causa de muerte fue ahogamiento, aunque sus familiares insistieron en que existían elementos que debían ser investigados para descartar otras hipótesis.
Desde los primeros días del caso, Manuel Afanador, padre de la menor, denunció presuntas fallas en la actuación de las autoridades. “Yo dejé a mi hija en el colegio y la recogí en una morgue”, afirmó en declaraciones a Caracol Radio.
Las críticas de la familia también se dirigieron al desarrollo de la investigación. En noviembre presentaron una acción de tutela para acceder al expediente y aseguraron haber encontrado múltiples inconsistencias y retrasos en varias diligencias.
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