En Medellín se ejecutó un proceso de extinción de dominio sobre 42 inmuebles en los que se robaban el agua, la energía y el gas

El 29 de mayo, el alcalde de Medellín, Federico “Fico” Gutiérrez, confirmó que se ejecutó un proceso de extinción sobre 42 inmuebles, incluyendo 14 hoteles, en los que durante cinco años defraudaron a las Empresas Públicas de Medellín (EPM) por más de 1,2 billones de pesos.

Las autoridades identificaron que en estos lugares de los barrios Buenos Aires, Laureles y Belén, había inconsistencias en los cobros de los servicios públicos (agua, energía y gas).

Mediante una investigación, se confirmó que los medidores de las propiedades estaban alterados para que registraran un consumo menor al real; además, instalaban conexiones clandestinas para evadir controles técnicos de la alcaldía.

Para sorpresa de las autoridades, se identificó que los inmuebles pertenecían a un mismo clan familiar, junto con una alianza comercial que tenía participación de terceros.

El comandante de la Policía del Valle de Aburrá, el brigadier Henry Bello, confirmó que las propiedades están avaluadas en más de 96.000 millones de pesos.

“Adelantamos toda la investigación, la recolección de elementos materiales probatorios que permitieron identificar el perfil criminal. El patrón delictivo sistemático relacionado con la alteración ilegal de sistemas de medición de la energía, del acueducto y del gas de las Empresas Públicas de la ciudad de Medellín”.

Las autoridades también revelaron que los primeros hechos fraudulentos se concretaron en 2013; sin embargo, se tiene claridad de que esto fue algo sistemático desde 2020. Desde entonces, evadieron el pago de alrededor de 200.000 millones de pesos anuales en servicios públicos.

Otro aspecto denunciado durante la rueda de prensa fue que durante los cinco años pusieron en riesgo la seguridad de los habitantes de los barrios mencionados, puesto que las conexiones ilícitas podrían haber provocado incendios u otro tipo de emergencias.

Por el momento, los bienes intervenidos pasarán a la Fiscalía General de la Nación, que completará las diligencias pertinentes para que luego pasen a ser administrados por la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

El gerente de EPM, John Maya, confirmó que la primera denuncia se registró en febrero de 2026, que incluyó otros lugares que ya habían sido intervenidos por las autoridades, como una empresa de plástico reciclado que defraudó 450 millones de pesos en el servicio del gas.

“Eso lo tiene que haber hecho con túneles subterráneos, eso lo tiene que haber hecho gente de mucho conocimiento”, declaró el presidente de EPM, que anunció que hay otros procesos abiertos que serán expuestos cuando las autoridades intervengan, y recordó que este tipo de hechos provocan consecuencias penales y económicas para los responsables.

“Muchos se volvieron muy desafiantes cuando los llamaban a decir: ‘Si tiene una situación ilegal, venga arreglemos, pongámonos de acuerdo, le damos facilidad’. Respondían: ‘No, demándeme, es que yo le meto un abogado; mientras a usted le pago 500 millones, a un abogado le pago 100 y listo’. No habían prestado atención”.

Por su parte, el alcalde de Medellín, Federico “Fico” Gutiérrez, se pronunció a través de su cuenta de X sobre el desfalco que provocó billonarias pérdidas para la capital antioqueña.

“Se robaban el agua, la energía y el gas de Medellín y hoy les estamos quitando los bienes. Por primera vez en la ciudad se adelantó un proceso de extinción de dominio por defraudación de fluidos. Durante 16 meses de investigación, junto a EPM, la Policía y la Fiscalía, identificamos estructuras dedicadas a manipular ilegalmente servicios públicos en hoteles y establecimientos comerciales. Aquí no vamos a permitir que el crimen siga operando detrás de fachadas. Vamos a seguir golpeando a los delincuentes donde más les duele: en la plata y en sus bienes”, escribió Gutiérrez en su cuenta de X.