Pensionados por invalidez deberán cumplir revisión obligatoria para evitar la suspensión de la mesada

Los jubilados en Colombia con pensión de invalidez podrían ver suspendidas sus mesadas en 2026 si no atienden la revisión obligatoria de su condición dentro del plazo que fija la Ley 100 de 1993, un trámite que puede llevar primero a la suspensión del pago y después a la pérdida de la prestación si el beneficiario sigue sin presentarse.

La consecuencia más grave aparece al final del proceso: si la persona ignora el llamado durante los siguientes 12 meses, la pensión prescribe. Para recuperarla, deberá empezar de nuevo el trámite y asumir nuevos exámenes para acreditar su estado de invalidez.

El sistema pensional colombiano, regulado por la Ley 100 de 1993, ofrece dos opciones para que los trabajadores depositen sus ahorros para la vejez: el régimen de prima media, administrado por Colpensiones, y el régimen de ahorro individual, gestionado por fondos privados. La norma contempla pensiones de vejez, invalidez y muerte, y también define las causales de suspensión de las mesadas.

La alerta recae sobre un grupo específico: los beneficiarios de pensiones de invalidez, tanto en Colpensiones como en fondos privados.

A esa prestación se accede cuando una Junta de Calificación de Invalidez determina una pérdida de capacidad laboral igual o superior al 50%.

La ley también exige haber cotizado por lo menos 50 semanas en los tres años anteriores al inicio de la discapacidad, que puede ser de origen común o profesional. Si con el tiempo la persona recupera su capacidad laboral, el fondo pensional puede retirar la mesada por invalidez que le había sido reconocida.

El artículo 44 de la Ley 100 establece que la condición de discapacidad debe revisarse cada tres años “con el fin de ratificar, modificar o dejar sin efectos el dictamen que sirvió de base para la liquidación de la pensión que disfruta su beneficiario y proceder a la extinción, disminución o aumento de la misma, si a ello hubiere lugar”.

La misma norma fija el plazo para cumplir con esa exigencia. “El pensionado tendrá un plazo de tres meses contado a partir de la fecha de dicha solicitud para someterse a la respectiva revisión del estado de invalidez”, dice el artículo 44 de la Ley 100.

La consecuencia inmediata de no acudir a la nueva valoración es la suspensión de la mesada. El fondo de pensiones debe aplicar esa medida una vez el beneficiario, ya notificado, deja vencer el plazo de tres meses sin someterse al examen de la Junta de Calificación.

Ese punto responde de forma directa a la advertencia: quienes reciben una pensión de invalidez y no atiendan la citación para revisar su condición pueden dejar de recibir el pago mensual, y si mantienen esa omisión durante un año adicional, la prestación prescribe.

El texto también señala una decisión reciente de la Corte Suprema de Justicia que favorece a pensionados en condiciones desfavorables dentro de fondos privados. El alto tribunal reconoció su derecho a una indemnización única por “pérdida de oportunidad”.

La medida busca reparar el daño causado por administradoras que no ofrecieron una asesoría clara y veraz, lo que impidió a los afiliados trasladarse a Colpensiones y derivó en mesadas inferiores a las que habrían recibido en el régimen público. La responsabilidad de suministrar información comprensible y oportuna recae por completo en las AFP.

Si se demuestra que una entidad perjudicó al afiliado por falta de información, el sistema permitirá una reparación económica para compensar la diferencia pensional perdida.

Para facilitar la aplicación de esa medida, la Corte Suprema habilitará un aplicativo en su página web para calcular el monto de las indemnizaciones y permitir que jueces y abogados determinen esa compensación económica.

“La pensión de invalidez es un seguro que lo protege en caso de enfermedad o accidente, que le impida trabajar permanentemente, y por el cual puede recibir una mesada pensional para toda la vida, siempre y cuando cumpla los requisitos de ley”, dice el Ministerio de Justicia.