Capitán del Ejército abusó de una uniformada después de una fiesta en un batallón: la Corte Suprema ratificó la condena

La Corte Suprema de Justicia de Colombia ratificó la condena a 12 años de prisión contra el capitán del Ejército, Daniel Ancízar Muñoz Cuellar, por abuso sexual de una mujer tras una fiesta ocurrida en el Batallón de Infantería n.º 3 en Puerto Boyacá.

El alto tribunal confirmó que el oficial, en circunstancias donde la víctima se encontraba en estado de embriaguez y vulnerabilidad, cometió el delito de acceso carnal violento dentro de las instalaciones militares el 23 de junio de 2010, según los expedientes judiciales a los que accedió Semana.

El militar fue condenado porque la Corte Suprema determinó que existieron coincidencias entre los relatos de la víctima y el principal testigo, dando por probado que la mujer estaba en “incapacidad para resistir” y que el capitán actuó a pesar del rechazo de la víctima.

El fallo enfatiza que, pese a las objeciones de la defensa, los testimonios clave permitieron establecer la responsabilidad de Muñoz Cuellar.

La investigación judicial, recogida en la decisión de la Sala de Casación Penal reconstruyó el episodio: la fiesta tuvo lugar en la madrugada del 23 de junio de 2010 en el casino mixto de oficiales y suboficiales en el Batallón de Infantería n.º 3. La mujer, luego de la celebración, se trasladó a su dormitorio en estado de embriaguez. Más tarde, Muñoz Cuellar ingresó a la habitación y aprovechó la condición de la víctima para cometer el abuso sexual sin consentimiento.

El testimonio recogido en el fallo indica que la mujer intentó oponer resistencia física, pero el oficial la venció por la fuerza.

Durante el ataque, el teniente Camilo Alejandro Bohórquez intervino en un intento de defenderla. Muñoz Cuellar lo arrojó contra una cama, causándole la pérdida momentánea de conocimiento, según detalla la sentencia.

Argumentos de la defensa ante la Corte Suprema

La defensa del capitán presentó un recurso ante la Sala de Casación Penal, alegando que existieron errores en la valoración de pruebas y testimonios en la segunda instancia del proceso. También cuestionaron si verdaderamente hubo consentimiento de la víctima.

Durante el debate, los abogados sostuvieron que el contexto era ambiguo y que la prueba testimonial tenía vacíos.

Señalaron que el tribunal no consideró adecuadamente las distintas versiones expuestas durante el proceso, de acuerdo con la cobertura de Semana.

Motivos de la confirmación de la condena

La Corte Suprema fundamentó la ratificación de la condena en la coincidencia de los relatos de la víctima y del teniente Bohórquez, quien presenció los hechos y trató de intervenir. Los magistrados resaltaron que ambos testimonios coinciden en los detalles clave sobre la fiesta, el ingreso a la habitación y el acceso carnal violento.

Los jueces concluyeron que la víctima se hallaba en un estado de “incapacidad para resistir”, lo cual anuló cualquier posibilidad de consentimiento válido. El fallo destaca que, pese al rechazo expresado por la mujer con frases como “No, no más”, el oficial persistió en su conducta hasta consumar el abuso.

Estos elementos condujeron a la Corte Suprema de Justicia de Colombia a descartar la existencia de un consentimiento real, señalando que la hipótesis de la defensa se basaba en suposiciones sin respaldo probatorio.

Por ello, el tribunal mantuvo la condena y subrayó que la justificación presentada carecía de sustento en los hechos comprobados y testigos directos.

El Ejército Nacional es investigado por denuncias de procedimientos médicos sin consentimiento en Popayán

Al menos 70 mujeres denunciaron que durante los exámenes de ingreso al Ejército Nacional en Popayán, realizados el 14 y 15 de mayo para el segundo contingente de 2026, fueron sometidas a procedimientos médicos abusivos y sin consentimiento, una acusación que abrió una investigación sobre si las valoraciones se ajustaron a los protocolos de incorporación y si se respetaron la dignidad, la intimidad y el consentimiento informado de las aspirantes.

Las denunciantes pidieron que la investigación determine si en esas valoraciones médicas se vulneraron derechos fundamentales y si los procedimientos aplicados eran necesarios dentro del proceso de incorporación.

Los hechos fueron puestos en conocimiento de las autoridades por aspirantes que participaron en la convocatoria en la capital del Cauca.

De acuerdo con el relato de una de las mujeres revelado por Semana, la revisión transcurrió con normalidad hasta la evaluación practicada por un médico general hombre. Según ese testimonio, las aspirantes ingresaban una por una al consultorio y debían comenzar con ejercicios físicos como sentadillas y flexiones de pecho.

Después de esa primera parte, el médico hacía una revisión con contacto directo con los senos, sin explicar previamente el procedimiento ni pedir autorización, según la denuncia citada por Semana. La misma aspirante aseguró que luego eran llevadas a una camilla para continuar la valoración con una revisión abdominal.