Tras denuncias por acoso en Red+, la Defensoría del Pueblo lanzó una encuesta nacional sobre violencias en medios de comunicación

La Defensoría del Pueblo de Colombia abrió la Encuesta Nacional sobre Violencias e Impactos en el Ejercicio Periodístico, un instrumento dirigido a periodistas y comunicadores del país que busca establecer una línea base sobre las vulneraciones a los derechos humanos en el ejercicio del oficio.

La iniciativa se conoce en un contexto de persistentes denuncias sobre agresiones, hostigamientos y presuntas violencias laborales y de género en medios de comunicación.

El formulario estará disponible hasta el 30 de mayo y, según la entidad, tiene como propósito medir no solo los hechos de violencia que afectan a periodistas, sino también sus efectos en la integridad personal, la libertad de expresión, la salud mental y las condiciones laborales.

La Defensoría indicó además que el análisis permitirá identificar riesgos diferenciados, incluidos factores interseccionales asociados al perfil de quienes respondan.

De acuerdo con la información oficial, la encuesta está estructurada en seis bloques: perfil del comunicador, caracterización de las violencias, impacto sobre la libertad de expresión, percepción de la libertad de prensa en Colombia, necesidades del ejercicio periodístico y prácticas emergentes en las redacciones. El diligenciamiento del formulario puede tomar entre 25 y 35 minutos.

La entidad aseguró que los datos recolectados serán anonimizados, no se compartirán con terceros y no incluirán información que permita identificar a los participantes. También señaló que solo se recopilarán datos personales si los encuestados deciden suministrarlos voluntariamente, y que será responsable de la protección y tratamiento de la información sensible.

El lanzamiento de la encuesta se da en paralelo a un panorama que sigue siendo preocupante para el sector periodístico en Colombia. La Fundación para la Libertad de Prensa ha advertido que desde 2020 al menos 10 periodistas han sido asesinados en hechos asociados a su labor, además de registrar un aumento sostenido de amenazas, agresiones físicas, ataques digitales y casos de hostigamiento.

En ese contexto, la Defensoría del Pueblo señaló que las vulneraciones afectan tanto a periodistas en grandes ciudades como a comunicadores en regiones apartadas del país, donde las condiciones de seguridad y libertad de prensa suelen ser más frágiles. La entidad busca que la información recolectada sirva para fortalecer estrategias de prevención y protección.

La convocatoria también ocurre mientras en el sector de medios persisten denuncias públicas sobre presuntos casos de acoso laboral y sexual, así como situaciones de censura interna y maltrato en algunas redacciones. Estos hechos han reactivado el debate sobre las condiciones estructurales del ejercicio periodístico en Colombia.

Uno de los casos recientes citados en el debate público involucra a la cadena Red+ Noticias, donde el entonces director de noticias, Giovanni Celis, fue separado temporalmente de su cargo mientras avanzan investigaciones internas.

La decisión fue tomada por la empresa para garantizar la transparencia en los procesos, según lo informado por el propio medio. Celis ha negado las acusaciones en su contra en entrevistas con medios.

De acuerdo con denuncias recopiladas por el medio Revista Raya, se han reportado presuntos hechos de acoso, control sobre la apariencia de las periodistas, humillaciones laborales y posibles restricciones editoriales dentro de la redacción. Estas versiones incluyen testimonios de trabajadoras que afirman haber vivido situaciones de presión jerárquica y temor a represalias.

Según cifras mencionadas en el texto fuente, el Ministerio del Trabajo tendría registros de cerca de 200 casos reportados en seis empresas del sector, con Red+ Noticias concentrando 24 de ellos. Estas denuncias han sido vinculadas por organizaciones del sector a un patrón más amplio de violencia de género en medios de comunicación.

En medio de estas discusiones, la encuesta de la Defensoría busca aportar información sistemática sobre la magnitud del problema. El objetivo es identificar tanto las formas de violencia más frecuentes como sus impactos en la salud mental, la estabilidad laboral y el ejercicio de la libertad de prensa.

La directora ejecutiva de la Flip, Sofía Jaramillo Otoya, ha señalado en distintos espacios que las agresiones contra periodistas no solo se presentan en el espacio público, sino también dentro de los entornos laborales. Según ha advertido, estas dinámicas pueden generar mecanismos de autocensura y silenciamiento.

La Defensoría del Pueblo reiteró que los resultados de la encuesta serán clave para diseñar políticas de protección más efectivas y comprender la dimensión actual de los riesgos que enfrentan periodistas y comunicadores en el país. En ese sentido, el ejercicio pretende convertirse en una herramienta de diagnóstico nacional sobre libertad de prensa.