Reforma del SGP encendió alarmas: alcaldías podrían quedar con más cargas y menos recursos

Las dudas sobre el futuro financiero de las ciudades capitales volvieron a instalarse en el Congreso en medio del debate por el Proyecto de Ley de Competencias y el Sistema General de Participaciones (SGP), una de las reformas con mayor impacto para la relación entre el Gobierno nacional y los territorios.

Aunque la iniciativa busca avanzar en la descentralización y redefinir cómo se distribuyen recursos y responsabilidades entre la Nación y los entes territoriales, varios expertos advirtieron que el texto todavía deja vacíos que podrían afectar la estabilidad fiscal de alcaldías y gobernaciones.

La advertencia más fuerte llegó desde Asocapitales, entidad que reúne a las principales ciudades del país y que participó en una mesa técnica realizada en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes. Allí, la asociación aseguró que el proyecto aún presenta riesgos fiscales, falta de claridad jurídica y dudas sobre la capacidad real que tendrían los territorios para asumir nuevas funciones.

La discusión no es menor. El Sistema General de Participaciones es la principal fuente de financiación para servicios esenciales como salud, educación, agua potable y programas sociales en buena parte del país. Según las cifras expuestas durante el debate, para 2026 el SGP alcanzaría cerca de $88,4 billones, equivalente al 28,6% de los Ingresos Corrientes de la Nación.

En el caso de las ciudades capitales, la dependencia de esos recursos es todavía más alta. Asocapitales explicó que, en promedio, el SGP representa el 38,3% de los ingresos totales de estas administraciones, razón por la cual cualquier modificación en las reglas de distribución podría generar impactos directos sobre sus finanzas. Luis Fernando Villota, encargado de la exposición técnica de la asociación, reconoció que el proyecto abre una discusión necesaria sobre la modernización del modelo territorial colombiano. Sin embargo, insistió en que la descentralización no puede hacerse sin respaldo financiero suficiente.

“Desde Asocapitales reconocemos que esta discusión es estratégica para el futuro institucional del país y para avanzar hacia una descentralización real. Pero esa transformación solo será posible si existe una relación clara y equilibrada entre competencias, recursos suficientes y capacidades institucionales reales”, señaló.

Uno de los principales reparos tiene que ver con la ausencia de proyecciones claras sobre los costos que asumirían los territorios en los próximos años. Según lo expuesto por la entidad, el proyecto todavía no define de manera precisa cómo se financiarán nuevas competencias ni qué capacidad administrativa tendrán municipios y capitales para ejecutarlas. Además, cuestionaron que algunos criterios de distribución del Sistema General de Participaciones no cuentan con ponderaciones suficientemente definidas, lo que podría abrir espacio a desequilibrios en la asignación de recursos.

Otro punto sensible está relacionado con la posibilidad de que dineros territoriales terminen financiando funciones que actualmente le corresponden al Gobierno nacional. Para Asocapitales, esa situación podría trasladar cargas económicas adicionales a ciudades y departamentos sin garantizar ingresos equivalentes. “Estamos hablando de la principal estructura financiera que sostiene servicios esenciales como salud, educación, agua potable y programas sociales en los territorios. Por eso, esta es una discusión estructural sobre la sostenibilidad territorial del país”, afirmó Villota.

La asociación también recordó que la Constitución prohíbe transferir competencias sin recursos suficientes para ejecutarlas. Bajo esa premisa, pidió que el articulado sea revisado con mayor rigor técnico antes de avanzar en su aprobación definitiva. Dentro de las preocupaciones expuestas aparece además el tratamiento que recibirían las ciudades capitales en el nuevo modelo.

Asocapitales aseguró que el proyecto desconoce características especiales reconocidas en la Ley 2082 de 2021 y no incorpora variables como población flotante, migración, desplazamiento o dinámicas metropolitanas.

Según Villota, las capitales enfrentan cargas mucho mayores debido a que concentran servicios regionales, reciben población de municipios cercanos y soportan buena parte de la actividad económica del país. “Las capitales no pueden ser tratadas bajo una lógica homogénea. Las ciudades capitales concentran cerca del 47% de la población del país y generan aproximadamente el 55% del valor agregado nacional”, explicó durante la discusión.

Desde distintas alcaldías también surgieron llamados para ajustar el texto. Representantes de Bogotá y Cali coincidieron en que el país necesita avanzar hacia una descentralización más moderna, aunque advirtieron que el proyecto todavía presenta limitaciones importantes. Andrés Echavarría señaló que persisten dudas sobre la delimitación de competencias entre los diferentes niveles de gobierno, situación que podría generar conflictos administrativos en el futuro. A su vez, Diego Dorado insistió en que las dinámicas urbanas y metropolitanas deben ser reconocidas de forma explícita dentro de la reforma.