Jueza negó solicitud de verificación de allanamiento de cargos de Olmedo López: advirtió que la decisión le compete a otro despacho

El Juzgazdo 17 Penal Municipal con función de Control de Garantías de Bogotá negó la solicitud de verificación de allanamiento de cargos del exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) Olmedo de Jesús López Martínez, investigado por los hechos de corrupción que se presentaron en la entidad. El 20 de mayo de 2026, el exfuncionario aceptó su responsabilidad por la comisión de los delitos de concierto para delinquir agravado y peculado por apropiación agravado, los cuales figuran en el escrito de acusación radicado por la Fiscalía General de la Nación.

“Reitero nuevamente, de manera libre, voluntaria, consciente y asesorado por mi defensa técnica, mi decisión inequívoca de aceptar responsabilidad dentro de este proceso penal y mi voluntad de continuar colaborando plenamente con la administración de justicia colombiana”, dijo el procesado en una audiencia de verificación de preacuerdo.

López Martínez afirmó que, pese a que la justicia no aprobó un preacuerdo que firmó con el ente acusador, está dispuesto a asumir las consecuencias penales de sus actuaciones ilícitas y a seguir revelando información sobre el entramado de corrupción, que hoy salpica a exintegrantes de la Ungrd, contratistas, congresistas y exfuncionarios del Gobierno nacional.

Sin embargo, el juzgado rechazó la aceptación de cargos al constatar que a su despacho no le corresponde decidir al respecto, teniendo en cuenta que la Fiscalía General de la Nación ya presentó el escrito de acusación en contra del exdirector de la entidad. Según indicó la togada, es otro juzgado el que debe estudiar el caso y tomar una determinación respecto del allanamiento de cargos de López Martínez.

“Primero: negar la solicitud elevada por la defensa del señor Olmedo de Jesús López Martínez, a fin de verificar el allanamiento a cargos en sede de audiencia innominada por las razones ya puestas de presente. Segundo: declarar que la competencia para verificar la aceptación de responsabilidad de Olmedo de Jesús López Martínez en el estadio procesal en que se encuentran estas diligencias corresponde al Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado de Bogotá”, explicó.

La togada informó que, por reparto, a ese despacho le corresponde asumir la diligencia y que ya se tiene una audiencia fijada para ello. Sin embargo, la defensa de Olmedo López presentó recurso de apelación. El abogado José Moreno Caballero aseguró que la jueza hizo una incorrecta interpretación de los hechos al asumir que la defensa pretendía “crear una allanamiento nuevo o posterior a la acusación”.

“Esta defensa interpone y sustenta el recurso de apelación porque considera que la decisión de no realizar la verificación de allanamiento incurre en un error de enfoque. El despacho entendió que, por haberse radicado el escrito de acusación, había fenecido (finalizado) automáticamente toda competencia para verificar la aceptación, pero esa conclusión parte de una premisa equivocada”, dijo el jurista en la audiencia.

Detalles del escrito de acusación contra Olmedo López

En abril de 2026, la Fiscalía presentó el escrito de acusación contra Olmedo López por su presunta responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir agravado y peculado por apropiación agravado. Según el ente acusador, su participación en el entramado de corrupción estaría relacionada con la desviación de la contratación dentro de la entidad.

Las pruebas apuntan a que, como ordenador del gasto, el exfuncionario favoreció a un contratista con la orden de proveeduría 192 de 2023, por $48.600 millones, para el suministro de 40 carrotanques destinados a llevar agua potable a La Guajira. Por la desviación del millonario contrato, López Martínez habría recibido una dádiva de $724 millones y habría permitido que terceros se apropiaran de otros $13.340 millones.

La Fiscalía también lo señala por orientar de manera indebida la orden de proveeduría 185 de agosto de 2023 en beneficio de una corporación mixta indígena para adquirir 40 carrotanques pequeños por un costo superior a los $29.000 millones. El contratista se habría beneficiado de $11.114 millones, adquiridos a través del negocio irregular.