Millones de trabajadores en Colombia podrían quedarse sin el pago del auxilio de transporte: Corte Suprema aclaró criterio clave

El auxilio de transporte es uno de los beneficios sociales más arraigados en Colombia para los trabajadores que devengan hasta dos salarios mínimos legales mensuales vigentes. Para 2026, la remuneración es de $1.750.905, por lo que el beneficio aplica para aquellos con ingresos de hasta $3.501.810. El monto del auxilio asciende a $249.095, lo que refleja los ajustes correspondientes a las variaciones salariales y las necesidades de los trabajadores.

Este auxilio, que debe sumarse al salario para quienes cumplen los requisitos, suele generar dudas en áreas de recursos humanos y entre los propios trabajadores sobre su obligatoriedad, dada la existencia de excepciones legales precisas. Creado por la Ley 15 de 1959, busca apoyar el gasto en movilización entre la vivienda y el lugar de trabajo.

A pesar de ser una prestación histórica, los criterios para acceder al auxilio tuvieron una revisión judicial, en medio de ajustes en el salario mínimo y preocupaciones sobre las condiciones laborales.

Los trabajadores pierden el derecho al auxilio de transporte cuando la empresa provee un sistema gratuito y completo para el traslado diario entre la residencia y el centro de trabajo, aun si el empleado decide no utilizar dicho servicio. La interpretación, refrendada por la Corte Suprema de Justicia, determina que preferir alternativas particulares, como motocicleta propia, por comodidad, no otorga derecho automático a la prestación económica.

El caso del trabajador y la decisión judicial

La Corte Suprema juzgó el caso de un trabajador conocido como Milton, que reclamó la ausencia del auxilio de transporte en el salario durante la vigencia del contrato. Aseguraba la vulneración de derechos fundamentales al trabajo digno, igualdad y debido proceso, al adjuntar nóminas donde no figuraba el rubro.

Ante esto, la empresa justificó que ofrecía un sistema de transporte corporativo gratuito y completo para los empleados, algo que sustentó ante las autoridades mediante contratos de movilización y testimonios. Se estableció que la compañía disponía de rutas internas y buses intermunicipales que cubrían todos los trayectos necesarios para el personal.

Durante el juicio se verificó que, aunque el trabajador optó por usar su motocicleta particular o medio alternativo por preferencia, el empleador había cumplido con poner a disposición el servicio gratuito de traslado.

Criterios legales para el pago del auxilio de transporte

Al analizar el marco normativo, la Corte Suprema puntualizó que “el auxilio de transporte solo procede cuando el empleador no garantiza directamente el traslado entre la residencia y el lugar de trabajo”. La Sala de Casación Laboral reafirmó que el beneficio, establecido en la Ley 15 de 1959 y complementado por el Decreto 1250 de 2017, solo es obligatorio si el empleado no reside en el lugar de trabajo y no cuenta con un sistema institucional de transporte facilitado por el empleador.

Además, expresó que “cuando una empresa cubre completamente el traslado de sus trabajadores mediante un esquema institucional y gratuito, no surge una obligación adicional de entregar dinero por concepto de auxilio de transporte”. Dichas disposiciones aclaran los márgenes para la exigibilidad del pago y facilitan la administración de este beneficio tanto para empresas como para empleados.

La decisión judicial también resaltó que “el uso de vehículos particulares por razones de comodidad o preferencia no modifica las responsabilidades legales del empleador frente a esta prestación”. Así, se descarta la posibilidad de hacer reclamos adicionales si la compañía ha cumplido con ofrecer el transporte exigido por ley.

Qué hacer si no se respeta el derecho al auxilio de transporte

Si el empleador omite el pago del auxilio a un trabajador que cumple los requisitos y tampoco proporciona transporte gratuito institucional, el empleado puede presentar una reclamación formal. Los organismos competentes para investigar y sancionar son el inspector laboral y el Ministerio de Justicia y del Derecho.

El cumplimiento de la prestación está sujeto a verificación de las condiciones legales. Las empresas no generan cargas económicas adicionales si han implementado rutas gratuitas y completas según lo estipulado.

Las decisiones de la Corte Suprema establecen un precedente claro: cuando el empleador cubre adecuadamente el traslado institucional, la preferencia del trabajador por medios privados no implica un costo doble para la compañía, consolidando la interpretación de la ley y aportando certeza en las relaciones laborales colombianas.