Reemplazo del Sisbén por el RUI en 2026 pone en riesgo los subsidios de más de un millón de personas en Bogotá

A partir de julio de 2026, Bogotá dejará de usar el Sisbén y adoptará el Registro Universal de Ingresos (RUI) como único sistema para asignar subsidios y ayudas sociales. La transición, definida por el Gobierno nacional en el Plan Nacional de Desarrollo, marcará un cambio en la forma de focalizar los apoyos estatales y plantea interrogantes sobre su impacto en la población vulnerable de la ciudad.

¿Qué es el RUI y en qué se diferencia del Sisbén?

Mientras el Sisbén clasificaba a los hogares principalmente a partir de una encuesta social y autodeclaraciones, el RUI utilizará información cruzada de registros administrativos (como la Dian, Pila, Adres y otras bases estatales), con actualizaciones automáticas y periódicas. Lo anterior significa que la clasificación socioeconómica de millones de bogotanos dejará de depender exclusivamente de visitas y entrevistas, y pasará a basarse en datos tributarios, laborales y de seguridad social.

El RUI pretende ser universal, incluir a toda la población, y ser neutral —no subordinado a ningún programa específico—. Sin embargo, el salto tecnológico y metodológico implica riesgos y desafíos institucionales inéditos, así lo resaltaron en un debate de control político que se llevó a cabo en el Concejo de Bogotá.

El cabildante Oscar Ramírez Vahos (Centro Democrático) alertó en el Concejo Distrital que Bogotá enfrenta el mayor reto social en los últimos 30 años. Según sus cálculos, unos 599.000 hogares podrían modificar su clasificación socioeconómica con el nuevo sistema, duplicando el número de hogares identificados en pobreza extrema, pero también dejando a una parte significativa —más de un millón de personas— en riesgo de perder sus beneficios sociales si no cumplen con los nuevos criterios del RUI.

El problema, subrayó Ramírez, no es solo “cambiar un sistema”, sino garantizar que ninguna familia vulnerable quede por fuera de la oferta social del distrito. La preocupación es compartida por el concejal Rolando González (Cambio Radical), que advirtió que Bogotá carece de matrices de transición, estrategias de pedagogía ciudadana, interoperabilidad tecnológica y canales efectivos de reclamación para quienes sean excluidos o reclasificados de manera errónea.

Riesgos de desprotección y falta de trazabilidad

Uno de los hallazgos más preocupantes del debate fue la falta de trazabilidad inmediata sobre cientos de miles de transferencias monetarias enviadas mediante programas como el Ingreso Mínimo Garantizado. Entre enero y marzo de 2026, se reportaron 669 mil transferencias, pero 329.000 seguían pendientes de validación. Esto implica que cerca de la mitad de los pagos no se ha podido confirmar como efectivos, en parte por la ausencia de convenios activos con operadores financieros.

En materia de focalización, la dependencia de Bogotá del Sisbén es altísima: solo en 2025, 946.000 millones de pesos de la Secretaría de Integración Social se asignaron usando esta base. Para 2026, la cifra ascenderá a 952.000 millones, el 44% del presupuesto social de la entidad.

El debate también reveló que cerca del 90% de los beneficiarios del Sisbén han tenido su clasificación modificada automáticamente en los últimos dos años, sin solicitar nuevas encuestas, lo que incrementa la incertidumbre sobre la estabilidad de los beneficios en el nuevo modelo.

El riesgo de dejar a más de un millón de personas sin protección

Los concejales advirtieron que la transición puede causar subidas automáticas de puntaje y exclusión temporal de cientos de miles de personas de programas como transferencias monetarias, subsidios de salud, pasajes gratuitos en el Sitp, atención a adultos mayores y otros servicios esenciales.

Por ende, Bogotá deberá actualizar los portafolios y criterios de acceso a todos sus programas sociales, y, ante la ausencia de mecanismos claros de revisión o reclamación, muchos ciudadanos podrían quedar sin respaldo ni explicación. Se calculó que más de un millón de personas pueden perder su acceso a ayudas sociales si su perfil no califica bajo el RUI.

En este escenario, los cabildantes exigieron:

• Plena trazabilidad de los cambios y pagos: cada ciudadano debe poder saber qué entidad actualizó su información, qué variable cambió y cómo impacta su clasificación.
• Rutas rápidas de revisión: para evitar suspensiones injustificadas, se requieren canales ágiles de reclamación y revisión de datos.
• Pedagogía y socialización: la ciudadanía debe estar informada sobre cómo funciona el nuevo sistema y cómo afecta su acceso a los servicios sociales.
• Instrumento distrital complementario: el distrito debe buscar mecanismos propios para no depender exclusivamente del RUI y garantizar que ningún hogar vulnerable quede sin protección.