
La Secretaría General de la Comunidad Andina (CAN) informó que dará trámite a los recursos presentados por Ecuador y los reclamos de Colombia en medio de la controversia comercial que involucra restricciones fronterizas y aranceles, medidas que tensaron el comercio bilateral en los últimos meses.
El organismo, con sede en Lima, Perú, remarcó que los trámites se desarrollarán bajo el estricto cumplimiento de los plazos y procedimientos previstos por la Comunidad Andina, según comunicó la entidad.
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Disputa por resoluciones y restricciones fronterizas
El eje del conflicto reside en las resoluciones 2581 y 2582 emitidas por la Secretaría General de la CAN el pasado 7 de mayo. La primera resolución calificó como restricción al comercio subregional andino la disposición de Ecuador de habilitar exclusivamente el paso de Rumichaca para el ingreso de mercancías colombianas.
La segunda resolución determinó que la denominada “tasa de servicio de control aduanero”, aplicada por Ecuador, constituye un gravamen incompatible con el Programa de Liberación de la Comunidad Andina.

Ecuador presentó “recursos de reconsideración” en relación a ambas resoluciones, mientras que Colombia interpuso “reclamos” ante la calificación de restricción y el cobro aduanero. La Secretaría General indicó que ambos recursos serán procesados conforme a los procedimientos internos del organismo regional.
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Contexto de la guerra comercial
La disputa comercial comenzó a escalar a inicios de 2026, cuando el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, decidió aumentar los aranceles a productos colombianos, alegando que el gobierno de Gustavo Petro no implementaba medidas suficientes para controlar el flujo de cocaína hacia Ecuador.
Las tarifas impuestas por Ecuador pasaron de un 30% inicial a un 50% y luego a un 100% desde el 1 de mayo, con un ajuste anunciado al 75% a partir del 1 de junio. En contraste, Colombia evitó replicar la escalada y optó por tasas diferenciadas, algunas superiores al 30% para determinadas partidas.
El plazo de 10 días hábiles otorgado por la Comunidad Andina a ambos países para desmontar las barreras comerciales venció el 21 de mayo, sin que se lograra un acuerdo. Las restricciones comerciales y aduaneras continúan afectando el flujo de bienes y servicios, en especial en el corredor de Rumichaca, principal punto de tránsito entre ambos países.
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Impacto económico y social
El conflicto provocó una caída cercana al 60% en las exportaciones colombianas hacia Ecuador en el primer trimestre del año, con base en cifras de Analdex. Entre diciembre de 2025 y febrero de 2026, las ventas externas de Colombia a Ecuador pasaron de USD 173,5 millones a USD 109,3 millones. El sector eléctrico, principal rubro exportador, registró una baja del 77,1% en el mismo periodo.
Las medidas adoptadas también incluyen la suspensión de la exportación de electricidad de Colombia a Ecuador y el incremento, por parte de Ecuador, de la tarifa de transporte de crudo colombiano por sus oleoductos, de 3 a 30 dólares por barril.
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Estas acciones generaron inquietud en sectores productivos y comerciales de ambos países, que ven afectada su operatividad y acceso a mercados.
La Secretaría General de la Comunidad Andina reiteró en su nota: “Los ciudadanos colombianos y ecuatorianos vienen siendo afectados directamente por las medidas adoptadas”.
Exhortación al diálogo y próximos pasos

El comunicado de la entidad subrayó la importancia de reactivar las mesas de trabajo acordadas entre Colombia y Ecuador el 25 de marzo, con el objetivo de encontrar soluciones negociadas en el desarrollo del ordenamiento jurídico comunitario andino.
La entidad regional reiteró su disposición a facilitar el desarrollo de estas mesas, si ambos gobiernos lo estiman necesario, para contribuir a la construcción de alternativas que beneficien directamente a los ciudadanos de ambos países.
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La CAN precisó que la revisión de los recursos presentados no implica la suspensión automática de las resoluciones previas, por lo que las medidas restrictivas continúan vigentes mientras se desarrolla el proceso interno.
Si la controversia persiste, podría escalar hasta el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, abriendo un nuevo capítulo en la disputa comercial andina.
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