Bloquearon chiva del Pacto Histórico en Cesar: señalan a seguidores de Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia

Las denuncias por presuntas agresiones y bloqueos contra la campaña presidencial de Iván Cepeda volvieron a repetirse en el país. Después de los hechos reportados en Santander durante actividades de la denominada “Chiva por la Vida”, esta vez la representante electa a la Cámara por el Cesar, Alexandra Pineda Ortiz, denunció que una caravana política fue bloqueada en la entrada al municipio de San Martín.

Según la congresista, y de acuerdo con un reporte de Rtvc, en el bloqueo habrían participado simpatizantes de Abelardo de la Espriella y también seguidores de Paloma Valencia, situación que, de acuerdo con la campaña del Pacto Histórico, impidió continuar el recorrido proselitista.

Según la dirigente política, la actividad hacía parte de una gira adelantada por la campaña de Iván Cepeda y Aída Quilcué en distintos municipios del Cesar.

La comitiva había recorrido previamente Pueblo Bello, Manaure, La Paz, San Diego, Codazzi, Becerril, La Jagua de Ibirico, Chiriguaná, Curumaní y Aguachica, en jornadas que, según el equipo político, estaban enfocadas en escuchar a las comunidades y divulgar las propuestas de la fórmula presidencial.

En una transmisión en vivo realizada por Alexandra Pineda Ortiz en redes sociales, se observó a un grupo de personas gritando arengas como “¡fuera, fuera, firmes por la patria!”, mientras bloqueaban el paso del vehículo de campaña.

Según la congresista electa, los manifestantes identificados como simpatizantes de Abelardo de la Espriella habrían impedido el ingreso de la caravana al municipio y protagonizado enfrentamientos que requirieron la intervención de uniformados de la Policía Cesar.

“Estamos en San Martín y nos han abordado unos manifestantes de Abelardo de la Espriella que quieren cercenarnos el derecho de la democracia. Aquí estamos, vinimos a traer el mensaje del cambio con ”La Chiva por la Vida" y quiero denunciar este hecho porque nos han querido violentar”, expresó Pineda Ortiz durante la transmisión.

La representante electa aseguró además que un grupo numeroso cerró la carretera principal de acceso al municipio para impedir el avance de la caravana. En medio de la denuncia, también afirmó que algunas personas habrían recibido dinero para participar en el bloqueo.

“Ya nos están impidiendo el ingreso al municipio de San Martín. Tenemos información de que les están pagando de $20 mil y de hasta $50 mil para que vengan a bloquearnos. Aquí estamos en pie de lucha”, agregó.

La campaña de Iván Cepeda sostuvo posteriormente que la jornada política tuvo que suspenderse tras los disturbios y cuestionó el papel de las autoridades durante lo ocurrido. En un comunicado, el equipo aseguró que la Policía Cesar no brindó las garantías necesarias para permitir la continuidad de la actividad política.

Ocurrió algo similar en el departamento de Santander

Las denuncias en el Cesar se conocieron un día después de que situaciones similares fueran reportadas por el comité regional del Pacto Histórico en Santander.

Allí, integrantes de la campaña denunciaron agresiones, bloqueos y ataques contra varias caravanas políticas que recorrían municipios del departamento.

De acuerdo con el movimiento político, la denominada “Chiva por la Vida” fue interceptada en vías de acceso a municipios de las provincias de Chucurí y Guanentá, donde presuntamente se instalaron retenes informales y restricciones ilegales a la movilidad.

El comité regional aseguró que los bloqueos se registraron en municipios como Charalá, San Vicente de Chucurí y Zapatoca, donde simpatizantes del candidato Abelardo de la Espriella habrían obstaculizado las actividades proselitistas del Pacto Histórico.

Jaime Rojas López, integrante del comité en Zapatoca, afirmó que en Charalá incluso se presentaron ataques con piedras contra el vehículo de campaña.

“Atacaron la chiva a piedra. Llegaron un grupo en el caso de Charalá y atentaron contra la integridad de los compañeros”, aseguró.

El dirigente sostuvo además que varias personas resultaron golpeadas y que ya se iniciaron procesos judiciales por las agresiones denunciadas.

Tras esos hechos, la Gobernación de Santander activó un Puesto de Mando Unificado y convocó una reunión extraordinaria con los 87 alcaldes del departamento, organismos de seguridad y entidades del Ministerio Público para revisar las condiciones de seguridad electoral.

La administración departamental informó también que se enviaron circulares especiales a los municipios con el propósito de reforzar la coordinación institucional y garantizar el desarrollo normal de las actividades políticas.

En un comunicado oficial, la Gobernación rechazó “de manera categórica” cualquier acción que limite el ejercicio democrático y reiteró que busca garantizar la libre movilidad, la seguridad de los ciudadanos y las garantías para todas las campañas presidenciales en el territorio.