Mafe Carrascal le respondió a Angelica Lozano, quien la acusó de bloquear proyecto que beneficiaría a los contratistas del Estado: “Es inconstitucional”

La disputa por la reforma de los contratos de prestación de servicios en el Estado colombiano se intensificó este 20 de mayo, cuando la senadora Angélica Lozano responsabilizó a la representante María Fernanda Carrascal de frustrar el avance de un proyecto de ley clave tras la ruptura del cuórum en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes.

Lozano sostuvo que el país sigue sin abordar una brecha que afecta a más de millón y medio de trabajadores sin derechos laborales básicos, situación que, según la legisladora, se perpetúa por divisiones políticas y tácticas legislativas.

El proyecto, presentado en agosto de 2024 por Lozano y miembros de la Alianza Verde, pretendía extender garantías como cesantías, primas, vacaciones y estabilidad laboral a quienes hoy desempeñan funciones en el Estado bajo contratación temporal.

La iniciativa ya había superado las instancias del Senado y afrontaba su primer debate en la Cámara, donde encontró un nuevo obstáculo. Carrascal, representante por Bogotá y miembro del Pacto Histórico, se retiró de la sesión, lo que hizo imposible continuar con la discusión según las reglas de quórum parlamentario.

La senadora Lozano declaró: “Los perjudicados son un millón y medio de personas que trabajan sin cesantías, primas, vacaciones, remuneración y sin estabilidad”, al apuntar los efectos de la suspensión. Explicó que los contratistas deben asumir los pagos de seguridad social completos de manera individual y, en ocasiones, endeudarse para cumplir con tales exigencias legales.

La controversia no terminó en el Congreso. A través de su cuenta de X, Carrascal rechazó las acusaciones, señalando que el verdadero problema no era su salida, sino la supuesta inconstitucionalidad y regresividad de la propuesta.

Carrascal advierte que la reforma amenaza derechos laborales y genera nuevas desigualdades

Carrascal desglosó sus objeciones en términos jurídicos y políticos, por lo que en la publicación en sus redes sociales aseveró: “El proyecto, tal como está construido, es abiertamente inconstitucional. En lugar de avanzar hacia la formalización laboral, profundiza la deslaboralización en el Estado, legaliza formas de fraude laboral y crea trabajadores de segunda categoría”.

La representante indicó que su rol fue intentar mejorar el texto, aunque consideraba que la iniciativa, tal como estaba redactada, resultaría un retroceso en materia de protección laboral. Carrascal sostuvo que se retiró tras haber alcanzado un acuerdo para ser nombrada ponente y negó haber “roto el quórum” o violado el reglamento.

Y agregó en respuesta directa a Lozano: “Estuve durante toda la sesión. Me senté con usted la mayor parte de la sesión y con la representante Martha Alfonso. Retiré la proposición de mesa técnica que solicité justamente para que el proyecto avanzara y yo pudiera ser nombrada ponente”.

Además, la representante del Pacto Histórico precisó que su ausencia no solamente fue la causante, pues de los 21 congresistas que integran la comisión, solo asistieron 11: “Es decir, su triunfo político es echarme el agua sucia a mí”.

Carrascal insistió en que diversos artículos del proyecto podrían consolidar una “tercera categoría” de trabajo, lo que facilitaría, según ella, el encubrimiento de relaciones laborales regulares bajo rótulos de subcontratación y temporalidad.

Ambas legisladoras coincidieron en denunciar la precarización estructural de los contratistas del Estado, aunque divergieron sobre las vías adecuadas para afrontarla. Lozano resaltó la urgencia de aprobar reformas que otorguen garantías efectivas a quienes hoy carecen de seguridad social plena.

Carrascal enfatizó que rechaza cualquier mecanismo que, bajo la apariencia de protección, perpetúe la desigualdad legal de los trabajadores estatales y normalice “contratos basura”.

En el debate quedó en evidencia la tensión entre la velocidad del trámite parlamentario y el objetivo de una formalización laboral real. Carrascal concluyó su intervención pidiendo que, de aprobarse nuevas disposiciones, estas sean transitorias, no permanentes, para evitar lo que denominó “legalización de la injusticia”.