Petro pidió procesar al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández por presuntas amenazas a la democracia en Colombia: “Presentaré denuncia”

El presidente colombiano, Gustavo Petro, aseguró en su cuenta oficial de X que el expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández debe ser procesado en Colombia por su presunta amenaza a la democracia en el país.

Petro calificó de “narcotraficante” al expresidente hondureño y anunció que presentará una denuncia contra Juan Orlando Hernández. “Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras y narcotraficante probado debe ser procesado en Colombia por su amenaza contra nuestra democracia. Presentaré denuncia contra este forajido extranjero (sic)”, aseveró Gustavo Petro.

El pronunciamiento del jefe de Estado se dio por la publicación de un usuario en X, en el que se habla de una serie de grabaciones no verificadas, en las que se atribuyen a diversas voces la denuncia de una presunta conspiración internacional para desestabilizar gobiernos progresistas en América Latina, supuestamente coordinada por el expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández.

Estas afirmaciones, que no cuentan con confirmación independiente, sugieren la existencia de un entramado de financiamiento y operaciones encubiertas con supuestos vínculos en Estados Unidos, Israel y Argentina.

Según las mismas grabaciones, tras recuperar su libertad, Hernández estaría operando desde la clandestinidad con el propósito de regresar al poder en Honduras y ejercer influencia política en toda la región.

Las grabaciones mencionan que el plan incluiría la coordinación con el actual presidente hondureño, así como el uso de fondos provenientes de Israel y Estados Unidos. Los audios también hacen referencia al supuesto involucramiento de recursos vinculados al presidente de Argentina, Javier Milei. El objetivo declarado en estas filtraciones sería establecer una red regional de desinformación, con un presupuesto estimado en cientos de miles de dólares.

En ese contexto, una segunda voz señala la preparación de expedientes y campañas de desprestigio dirigidas a los gobiernos de México, Colombia y Honduras, en especial contra la familia Zelaya en este último país. El propósito sería afectar la estabilidad del gobierno mexicano y la figura de la presidenta Claudia Sheinbaum, así como intervenir en los procesos electorales colombianos para debilitar al gobierno de Gustavo Petro y supuestamente favorecer a sectores políticos opositores.

Declaraciones en Consejo de Ministros

El presidente Gustavo Petro denunció la existencia de una estructura internacional que estaría influyendo en los procesos electorales de Colombia y México a través de recursos ilegales y campañas de desinformación. La acusación se presentó durante la última reunión del Consejo de Ministros en la Casa de Nariño, el martes 19 de mayo.

Petro aseguró que, según reportes internacionales, estas maniobras contaban con la participación de personas vinculadas al narcotráfico, sectores de la extrema derecha y redes extranjeras con intereses políticos en Latinoamérica.

El presidente mencionó casos concretos, como el del exmandatario hondureño Orlando Hernández y el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. De acuerdo con Petro: “ha sido denunciado por prensa seria del mundo el que el señor Orlando Hernández, creo que se llama, presidente que fue de Honduras y narcotraficante, salió de la cárcel simplemente por dineros que entregó el señor Netanyahu... juntaron los dineros para construir una serie de redes comunicacionales, que tienen como misión destruir los gobiernos de México y de Colombia”.

El mandatario advirtió que la supuesta red representa una amenaza para la democracia en ambos países, ya que buscaría alterar los resultados electorales mediante la manipulación de la opinión pública y el financiamiento ilegal de campañas. Según lo expuesto en el Consejo de Ministros, los responsables no serían solo agentes externos, sino también figuras nacionales del ámbito político y empresarial.

Petro insistió en la ilegalidad de la intervención de fondos extranjeros en los comicios colombianos y pidió que se investiguen estos hechos, calificándolos como un delito contra el sufragio. Además, solicitó la intervención de los órganos institucionales para garantizar la transparencia electoral. Finalmente, requirió al ministro del Interior, Armando Benedetti, que convoque a la Comisión de Garantías Electorales para analizar la situación y coordinar una respuesta adecuada.