Campesinos anunciaron gran paro nacional para el 20 de mayo en defensa de la Jurisdicción Agraria y Rural

El miércoles 20 de mayo, organizaciones campesinas, sindicatos y sectores sociales encabezarán una jornada de paro nacional en Colombia.

La convocatoria surge ante el temor de que el Congreso no apruebe la reglamentación de la Jurisdicción Agraria y Rural, lo que, según los convocantes, pondría en riesgo la reforma agraria y el derecho del campesinado a una justicia especializada en los conflictos de tierras.

La movilización, que tendrá su epicentro en Bogotá, comenzará a las 11:00 a. m. frente al Edificio Colpatria y avanzará hacia la Plaza de Bolívar y el Palacio de Justicia. Paralelamente, habrá protestas en ciudades como Valledupar, Cartagena, Popayán, Montería y Sincelejo, donde las organizaciones sociales también se sumarán al paro.

El llamado a la protesta responde a la preocupación por la posible pérdida de competencias de la Agencia Nacional de Tierras (ANT). Voceros campesinos aseguran que un reciente documento de la Corte Suprema de Justicia plantea “quitarle a la ANT la facultad administrativa para identificar, recuperar, administrar y adjudicar baldíos de la Nación”, lo que consideran un retroceso para los derechos rurales.

Las organizaciones insisten en que la movilización busca “defender la Jurisdicción Agraria y Rural, la Reforma Agraria y el acceso de los campesinos a una justicia especializada sobre conflictos de tierra”. Alertan de que trabas legislativas podrían debilitar el alcance de la jurisdicción y limitar la implementación de la reforma, en un contexto marcado por la falta de avances en el Senado.

El paro nacional campesino fue convocado tras el llamado público del presidente Gustavo Petro, que el 14 de mayo urgió a las organizaciones indígenas, campesinas y afrodescendientes a movilizarse para presionar la aprobación de la jurisdicción agraria.

Petro advirtió que el estancamiento parlamentario amenaza con “volver a la violencia de mediados del siglo XX”, aludiendo a la concentración de tierras y la inseguridad rural que caracterizó esa época.

El presidente explicó: “La jurisdicción agraria pedida en el acuerdo de paz es para acelerar la solución a los conflictos de tierras en Colombia y no debe ser transformada en instrumento para retrasar las soluciones a esos conflictos”. Según su postura, el Estado debe ser más eficaz en resolver estos litigios y garantizar el acceso a la tierra de campesinos, indígenas y afrodescendientes.

El proyecto de ley debe ser aprobado antes del 20 de junio en plenarias de Cámara y Senado. Si esto no ocurre, la normativa se archivará y los juzgados agrarios, previstos para abrir en 2027, quedarían sin marco regulatorio, poniendo en suspenso la aplicación de la justicia rural.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Iván Mauricio Lenis Gómez, dejó claro que “la adjudicación de los terrenos baldíos ha sido y es, como en los últimos 90 años, una facultad del Estado, y en el esquema actual, a través de la Agencia Nacional de Tierras”. Añadió que la propuesta busca que la jurisdicción agraria resuelva controversias sobre la validez de resoluciones de la ANT y disputas sobre baldíos, como garantía de “legalidad, transparencia y seguridad jurídica”.

Sin embargo, los movimientos campesinos consideran que esta postura puede limitar la capacidad de la ANT y hacer difícil la recuperación de tierras para el campesinado. Por eso, sostienen que “solo la movilización podrá garantizar que se preserve la reforma agraria y los derechos rurales”.

De no aprobarse la ley, la Ley Estatutaria 2570 y la Sentencia C-099, que establecieron la creación de la Sala Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema y ordenaron la implementación gradual de tribunales agrarios, quedarían sin efectividad. Petro advirtió que “solo el pueblo decide si retrocedemos a la constitución de 1886, atrás incluso de la Ley 200 de tierras de 1936 en la ‘Revolución en Marcha’”.

El jefe de Estado concluyó que la decisión es determinante: “La tierra en manos de terratenientes o se aplica el estado social de derecho de la Constitución de 1991 y el acuerdo humano de la ONU sobre los derechos campesinos a la propiedad de la tierra”.

Frente a este panorama, las organizaciones sociales y campesinas insisten en que el paro nacional es la única vía para defender lo que consideran avances fundamentales para la justicia y la propiedad rural en Colombia.